El Ejecutivo publicó hoy en el boletín oficial de la provincia un decreto por el cual se fijan 90 días para revisar completamente el sistema de Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dependiente de la ley nacional 26.061. No obstante, desde la UCR avisan que no ven con buenos ojos realizar cambios en la legislación vigente, ya que el problema está en errores humanos. También hablan de inconstitucionalidades.
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La UCR no quiere que Pérez modifique el sistema de Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes
Mientras el mandatario firmó un decreto para estudiar la legislación en los próximos 90 días, legisladores avisan que el problema no está en el sistema, sino en errores humanos. Aseguran que la aplicación de la ley 26.061 es inconstitucional.
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Es que si bien en la reunión mantenida ayer entre legisladores de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y el ministro de Desarrollo Social, Cristián Bassin, donde se analizaron los detalles del caso Luciana Rodríguez, se pactó una nueva reunión para el próximo miércoles, desde la UCR avisan no quieren cambios en la legislación vigente, sino en su protocolo de aplicación.
No creemos que haya un profundo error de sistema, es un error humano. El régimen funciona y lo demuestra con los hechos. El problema son los detalles de la aplicación de los protocolos. Siempre hay que respetar las bases de la ley nacional que fija los parámetros de cómo ver la niñez y los derechos de la niñez, resaltó el diputado Fernando Barrigón en diálogo con SITIO ANDINO.
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La muerte de Luciana Rodríguez activó las críticas sobre el funcionamiento de la Dinaf.
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La ley es muy clara. Indica paso por paso los procesos y genera un amparo legal para tomar medidas. El Ejecutivo tiene la potestad de sacarle un niño una familia y sólo un juez puede restituirlo, esa función es clave, comentó el legislador.
Así, desde el radicalismo son escépticos sobre la posibilidad de que el Gobierno busque modificar la ley vigente, la cual está bajo la órbita de la ley nacional 26.061. Si cambian la legislación y siguen trabajando bajo al decidía de muchos funcionarios y empleados tampoco funcionará el nuevo procedimiento, avisan los radicales.
Por otro lado, sobre la ley nacional 26.061, que fija los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, desde el radicalismo defienden la legislación. No obstante, resaltan que la aplicación de esta norma en nuestra provincia es inconstitucional, ya que la misma no pasó por la Legislatura para su protocolización y está funcionado bajo un acuerdo entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Están pasando por encima al poder Legislativo, esto va en contra del sistema republicano y por eso queremos que una ley provincial regule a la nacional, indicó Barrigón.