Javier Milei acelera el plan de privatizaciones para captar dólares y reducir el Estado, en un contexto de crisis económica y presión del FMI
Con la velocidad impuesta por la fragilidad de las reservas internacionales, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y la proximidad del calendario electoral, el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar decididamente en el proceso de privatización de empresas públicas.
El decreto 416/2025, publicado la pasada semana en el Boletín Oficial, habilita la venta de activos estatales a través de plataformas digitales y consolida una orientación económica.
La medida, respaldada por la Ley Bases, genera interrogantes y polémicas dudas tanto en el plano político como económico. En el contexto de deuda creciente, presión del Fondo Monetario Internacional y dificultades para captar inversiones genuinas, el oficialismo apuesta a desprenderse de activos estratégicos con el objetivo de conseguir dólares frescos. Los 90 están de vuelta.
La norma crea un esquema de privatización a través de dos plataformas estatales: CONTRAT.AR y SUBAST.AR. Según el decreto, la Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de implementar un nuevo módulo dentro del sistema CONTRAT.AR para llevar adelante licitaciones o concursos públicos de venta de activos, colocación de acciones, cesiones o concesiones de empresas públicas. Cuando se trate de remates públicos, el canal será SUBAST.AR.
La urgencia con que se movió el equipo económico para poner en marcha las resoluciones tiene explicación directa: el Gobierno necesita dólares para sostener el tipo de cambio flotante dentro de las bandas acordadas con el FMI, acumular reservas y cumplir con los compromisos de pago de bonos y con el propio Fondo. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido explícito al respecto: “Va a haber venta de activos por miles de millones de dólares”.
El proceso de privatización alcanza inicialmente a ocho empresas: Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Cada una de ellas contará con un plan de venta específico, que será supervisado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por el abogado mendocino Diego Chaher.
Los mecanismos definidos incluyen tres vías principales: venta directa a través de concursos públicos, oferta pública en la Bolsa y concesión de operaciones con posterior cierre de las empresas. En todos los casos, se busca maximizar el ingreso de divisas y mostrar señales de compromiso con la reducción del tamaño del Estado.
La venta de AySA, por ejemplo, se organizará en tres tramos: 51 % por licitación pública, 39 % en el mercado de capitales y un 10 % reservado a trabajadores. En el caso de Belgrano Cargas, se licitarán la operación y el mantenimiento de las vías, y se venderán los activos físicos. Posteriormente, la empresa será disuelta formalmente. Nucleoeléctrica, por su parte, podría abrir hasta un 49 % de su capital al sector privado. Enarsa será fragmentada en 15 unidades de negocio, con ventas escalonadas.
La lógica detrás del diseño busca evitar futuras objeciones legales y facilitar la participación de inversores nacionales e internacionales. Según el Ejecutivo, “la prioridad es obtener el mejor precio posible”.
Recurrir a las privatizaciones como herramienta para sortear la escasez de divisas. La referencia inevitable es el gobierno de Carlos Menem en los años noventa, cuando, bajo presión del FMI y con apoyo del capital extranjero, se vendieron empresas como YPF, ENTEL, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas. No hace falta recordar cómo terminó aquella experiencia.
Ahora, con un discurso radicalizado que promueve la mínima intervención estatal, el Gobierno de Milei impulsa una reconfiguración del sector público sin mayores contemplaciones. La frase del presidente, rememorando el gran fallido de otro mendocino Roberto Dromi, resume su lógica: “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, se venderá”.
Como ejemplo “exitoso” mencionan la reciente venta de IMPSA, tomada por una firma estadounidense que asumió deudas y prometió inversiones.
En su reciente paso por Madrid, Milei les aseguró a inversores que Argentina vive “una oportunidad histórica” y los invitó a tener un rol más protagónico que el que desempeñaron en los noventa. Energía, infraestructura y biotecnología fueron algunos de los sectores en los que el Gobierno sueña una participación extranjera importante.
Pese a los esfuerzos oficiales, los datos recientes del Banco Central muestran una fuerte salida de Inversión Extranjera Directa (IED): 811 millones de dólares en diciembre, 270 millones en enero y 1.119 millones en febrero. La suma de 2.200 millones de salida neta en tres meses refleja la desconfianza que todavía impera.
En el Gobierno confían en que el equilibrio fiscal, la reducción de la emisión monetaria y el nuevo marco jurídico permitirán revertir esta tendencia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado junto a la Ley Bases, apunta a blindar los proyectos de inversión frente a eventuales cambios de gobierno. Pero aún falta que las promesas se traduzcan en hechos concretos.