El Gobierno de Mendoza dejó firmes nueve cesantías en la Administración Pública provincial, según se publicó en el Boletín Oficial, luego de la tramitación de los correspondientes sumarios administrativos por faltas graves.
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Por inasistencias sin justificar y faltas graves, el Gobierno de Mendoza cesanteó a nueve agentes públicos
Las medidas se publicaron en el Boletín Oficial tras la conclusión de sumarios administrativos por faltas graves en distintas áreas del Estado.
Del total de sanciones, siete fueron dispuestas directamente por decreto tras la instrucción de los sumarios, mientras que dos quedaron confirmadas luego del rechazo de recursos administrativos, lo que terminó de cerrar las instancias de revisión interna.
Las medidas alcanzan a agentes de tres áreas sensibles del Estado provincial:
- Seis corresponden al Ministerio de Salud y Deportes.
- Una al Ministerio de Seguridad y Justicia.
- Dos al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE).
Salud: aplicación del Convenio Colectivo y notificación a Ética Pública
En el Ministerio de Salud se oficializaron seis cesantías en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud (Ley 7759), luego de la sustanciación de sumarios administrativos que concluyeron con la recomendación de aplicar la sanción expulsiva.
En uno de los casos, el decreto encuadra la conducta del agente en el artículo 85 inciso 6 del CCT, que prevé la cesantía ante situaciones graves incompatibles con el ejercicio de la función pública. Además, se ordenó que la medida sea notificada a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza, en línea con los mecanismos de control institucional.
En los considerandos también se hace referencia a los impedimentos para el ingreso o permanencia en el régimen sanitario provincial cuando existen condenas por delitos dolosos, lo que refuerza el criterio de incompatibilidad funcional aplicado en el expediente.
Seguridad: inasistencias y posible restitución de haberes
En el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, la cesantía recayó sobre un agente civil de planta permanente por inasistencias injustificadas reiteradas, tras la instrucción del sumario correspondiente.
El decreto encuadra la falta en el artículo 13 inciso a) del Decreto Ley 560/73 (Estatuto del Empleado Público) y en el artículo 5 inciso a) de la Ley 9103, normativa que establece como causal de cesantía la acumulación de más de seis inasistencias injustificadas en un período de seis meses.
Además de disponer la sanción expulsiva, la norma ordena analizar la eventual percepción irregular de haberes y, en su caso, iniciar el trámite de restitución, lo que podría implicar un recupero de fondos para el Estado provincial.
Educación: ausencias prolongadas y dictamen disciplinario
En el área educativa, una de las cesantías confirmadas corresponde a un agente no docente que fue sometido a sumario por inasistencias injustificadas prolongadas en el tiempo.
Según consta en el dictamen de la Junta de Disciplina para el Personal No Docente, el trabajador no se presentó a cumplir funciones durante casi dos años, superando ampliamente el límite previsto por la Ley 9103 para configurar la causal de cesantía.
En función de ese informe técnico y tras la tramitación administrativa correspondiente, se dispuso la clausura del sumario y la aplicación de la sanción expulsiva, que quedó firme con su publicación en el Boletín Oficial.
Cesantías en el Gobierno de Mendoza: el marco legal y los recursos administrativos
Las cesantías constituyen la sanción disciplinaria más grave dentro del régimen del empleo público provincial, y solo pueden aplicarse tras la sustanciación de un sumario que garantice el derecho de defensa del agente.
Los decretos recuerdan que los empleados sancionados cuentan con la posibilidad de interponer recurso de revocatoria o aclaratoria en los plazos previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo 9003, aunque en los casos confirmados ya se agotaron las instancias internas.
Con estas decisiones, el Ejecutivo provincial formalizó el cierre de nueve procesos sumariales y dejó firmes las sanciones disciplinarias, en el marco de la normativa vigente para el control de la función pública.