La Nación amplió el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) e incorporó equipamiento destinado a mejorar la eficiencia energética.
Las pymes podrán acceder a beneficios fiscales para incorporar equipamiento de mayor eficiencia energética y reducir los costos de sus procesos productivos.
El costo de la energía es uno de los factores que inciden directamente en la competitividad de las empresas. Frente a ese escenario, el Gobierno nacional habilitó nuevos beneficios fiscales para las pequeñas y medianas empresas (pyme) que inviertan en tecnologías destinadas a reducir el consumo de electricidad y mejorar la eficiencia energética de sus procesos productivos.
La medida representa una ampliación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y tiene una particularidad: a diferencia de otros proyectos comprendidos en el programa, las inversiones en equipamiento de alta eficiencia energética no deberán alcanzar un monto mínimo para acceder a los incentivos.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 311/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, que aprobó el listado de bienes y los requisitos técnicos necesarios para obtener los beneficios.
El objetivo es promover la modernización tecnológica de los establecimientos productivos, reducir los costos operativos y facilitar inversiones que, por su escala, muchas veces quedan fuera de los grandes programas de promoción.
El RIMI fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral y reglamentado mediante el Decreto 242/2026. Su finalidad es estimular las inversiones productivas a través de herramientas tributarias.
Para las empresas que incorporen equipamiento destinado a mejorar su eficiencia energética, el régimen contempla dos beneficios principales:
Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias: permite deducir fiscalmente las inversiones en plazos más cortos que los habituales.
Devolución de créditos fiscales del IVA: facilita la recuperación de créditos impositivos vinculados con la adquisición de los bienes alcanzados, conforme a las condiciones del régimen.
Ambos mecanismos buscan mejorar las condiciones financieras para que las empresas puedan renovar sus instalaciones y disminuir sus consumos energéticos.
Uno de los aspectos centrales es la eliminación del requisito de inversión mínima para esta categoría de bienes.
En el régimen general, los montos exigidos comienzan en USD 150.000 para microempresas, ascienden a USD 600.000 para pequeñas empresas y alcanzan los USD 3,5 millones y USD 9 millones para las medianas empresas de los tramos 1 y 2, respectivamente.
Sin embargo, las inversiones comprendidas en el listado de eficiencia energética quedan exceptuadas de esos umbrales, siempre que cumplan las condiciones técnicas, fiscales y registrales correspondientes.
La nueva reglamentación contempla tecnologías utilizadas habitualmente en establecimientos industriales y productivos.
Entre los bienes alcanzados aparecen motores eléctricos de alta eficiencia, compresores de aire, sistemas de bombeo, ventiladores industriales, equipos de refrigeración y climatización, calderas y dispositivos de recuperación de calor.
También se incluyen sistemas de medición y control energético, además de variadores electrónicos de velocidad que permiten ajustar el funcionamiento de los motores a las necesidades reales de producción.
Según los datos difundidos por la Secretaría de Energía, los motores eléctricos pueden representar entre el 60% y el 70% del consumo eléctrico de una planta industrial, mientras que los sistemas de aire comprimido pueden concentrar entre el 15% y el 25%.
En determinadas instalaciones, la incorporación de tecnologías de regulación electrónica de velocidad en sistemas de bombeo y ventilación puede permitir reducciones del consumo energético de entre el 20% y el 50%, aunque los resultados dependerán de las características de cada proceso.
La normativa también contempla proyectos que no estén expresamente incluidos en el listado, como la recuperación de calor o la reorganización de procesos industriales, siempre que puedan demostrar técnicamente una disminución cuantificable del consumo.
La ampliación del RIMI podría representar una herramienta para distintos sectores de la economía mendocina, particularmente aquellos que necesitan utilizar energía de manera intensiva para sostener sus procesos productivos.
La industria vitivinícola, las agroindustrias, los establecimientos frigoríficos, las empresas metalmecánicas y otras actividades manufactureras utilizan sistemas de refrigeración, bombeo, compresión y motores eléctricos que podrían ser objeto de mejoras tecnológicas.
En una provincia donde el riego, la conservación de productos y los procesos industriales tienen una participación importante en la actividad económica, la posibilidad de modernizar equipamiento sin afrontar los montos mínimos previstos para otras inversiones abre una alternativa para empresas de menor escala.
Por ejemplo, una bodega que necesite mejorar sus sistemas de refrigeración o una agroindustria que busque incorporar motores de mayor rendimiento podrían evaluar la utilización de estos incentivos, siempre que los equipos seleccionados cumplan los parámetros establecidos por la Nación.
No obstante, la existencia del beneficio fiscal no implica que todas las inversiones resulten automáticamente convenientes. Las empresas deberán analizar el costo de adquisición e instalación, el ahorro energético esperado y el impacto tributario concreto.
El alcance efectivo de la medida dependerá también de la capacidad de las pymes para financiar las inversiones iniciales, ya que los incentivos impositivos no equivalen a un subsidio directo para comprar equipamiento.
Las empresas interesadas deberán acreditar su condición de MiPyME y tramitar los beneficios a través del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, los equipos deberán cumplir los estándares técnicos de eficiencia establecidos por la Secretaría de Energía, que deberán acreditarse mediante una declaración jurada técnica.
En aquellos proyectos que no estén expresamente incluidos en el listado oficial, será necesario presentar un informe elaborado por un profesional idóneo que justifique la reducción del consumo energético.
La normativa también permite computar determinados gastos asociados a la inversión, como servicios de ingeniería, instalación, puesta en marcha y capacitación.
Los incentivos estarán disponibles para las inversiones realizadas durante los primeros dos años de vigencia del régimen.
La Secretaría de Energía conservará facultades para realizar auditorías, inspecciones y controles destinados a verificar que las inversiones cumplan los objetivos de eficiencia declarados.
Con esta ampliación, el RIMI incorpora una herramienta que apunta no solamente a promover nuevas inversiones, sino también a mejorar el aprovechamiento de la energía dentro de las instalaciones existentes.
Para las pymes mendocinas, el desafío será determinar qué mejoras tecnológicas pueden traducirse en una reducción efectiva de sus costos de producción y en qué medida los beneficios fiscales permiten hacerlas viables.
