El dogma bíblico del Gobierno de Javier Milei es sin dudas el superávit fiscal pero cuando ese resultado depende menos de los ingresos del Estado que de su retirada sistemática del gasto, el equilibrio presupuestario deja de ser un logro de gestión y se convierte en una señal de alarma. Eso es, en esencia, lo que reflejan los datos del primer trimestre de 2026: la recaudación tributaria acumuló apenas 52,4 billones de pesos a precios constantes de marzo, el registro más bajo desde 2011, y lleva ocho meses consecutivos con variación interanual negativa.
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Superávit fiscal en debate: el costo oculto del ajuste del Gobierno en 2026
El superávit fiscal se sostiene con recortes, menor inversión y pagos postergados. Caen ingresos y crecen señales de alerta sobre la economía real.
Los datos surgen del análisis fiscal que realizó el Instituto Patria Grande y presentó esta semana bajo la consigna ¿De qué está hecho el superávit?
El trabajo asegura que ante la caída sostenida de ingresos, el gobierno ha recurrido a una combinación de instrumentos para sostener el superávit primario: recortes directos del gasto, postergación de pagos comprometidos y reducción de programas con impacto sectorial. Lejos de tratarse de medidas de racionalización estructural, el patrón que emerge es el de una administración que ajusta donde puede y cuando puede, con el objetivo de cerrar cada mes con un balance positivo.
Superávit: El ciclo que se alimenta a sí mismo
El mecanismo tiene una lógica procíclica que el dinamismo de las cifras pone en evidencia. El ajuste contrae sectores relevantes de la actividad (industria y construcción son los más afectados), lo que reduce la base imponible y deprime aún más la recaudación. Para compensar esa caída, el Estado vuelve a recortar. El resultado es un ciclo que no conduce al equilibrio, sino que lo simula mientras profundiza la recesión.
El 78% del superávit primario se explica, según datos del propio ministerio, por la contracción de la inversión pública nacional. No se trata de una reforma del gasto corriente ni de una racionalización del Estado: se trata, fundamentalmente, de no hacer obras. Ese canal tiene efectos que van más allá de la infraestructura no construida: la paralización estatal deprime también la inversión privada, a través del deterioro de las expectativas, la caída de la demanda y el encarecimiento del financiamiento.
Pagar menos de lo que se prometió
Entre los casos más notorios de los últimos meses figura la deuda flotante acumulada con las empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires. El gobierno había comprometido transferencias en concepto de subsidios, pero no las ejecutó en los plazos acordados. La diferencia entre lo devengado y lo efectivamente pagado llegó a 114.118 millones de pesos. La consecuencia fue concreta y visible: reducción de frecuencias en el servicio de colectivos y parálisis operativa en varias líneas. Técnicamente, el mecanismo es simple: el resultado presupuestario se mide sobre lo efectivamente pagado, de modo que aplazar una transferencia mejora el balance sin resolver la obligación.
El mismo esquema se repite en otros ámbitos. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial perdió el 38,5% de su presupuesto en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2023. A través de una resolución administrativa, el gobierno dio de baja más de 900 servicios que el organismo prestaba al sector privado, incluyendo calibración de instrumentos y metrología. El impacto directo es la pérdida de capacidades técnicas para las empresas, con el consiguiente atraso en competitividad y productividad.
La universidad como variable de ajuste
El caso del financiamiento universitario introduce una dimensión política adicional. En el primer trimestre de 2026, el gasto en universidades nacionales fue un 5% inferior en términos reales al del mismo período del año anterior, a pesar de que la ley de financiamiento universitario ya se encontraba sancionada. El gobierno argumenta que el costo de cumplirla (estimado en 1.400 millones de dólares) excede su capacidad fiscal. Sin embargo, la ley de modernización laboral aprobada en el mismo período implica una caída de la recaudación previsional de aproximadamente 2.600 millones de dólares, principalmente por la reducción de aportes de las grandes empresas. La brecha entre ambas cifras revela que no se trata de una imposibilidad financiera, sino de una elección de prioridades.
Salarios que compraron menos cada mes
Los efectos sobre el empleo público no son menores. Los salarios de los trabajadores del Estado nacional acumulan una caída del 37% en términos reales desde noviembre de 2023, lo que significa que en dos años perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo. La tendencia no se ha revertido: el ajuste salarial en el sector público sigue operando como una de las palancas silenciosas del equilibrio fiscal.
El cuadro se completa con el anuncio de privatizaciones de empresas públicas como recurso adicional para sostener las cuentas en un contexto de ingresos decrecientes.
Un equilibrio que difiere costos
Lo que revelan los datos mostrados en conjunto por el informe no es únicamente un problema de coyuntura fiscal. Es la descripción de un modelo que ha encontrado en el desfinanciamiento del Estado su principal herramienta de gestión. Un superávit construido sobre deudas no pagadas, organismos vaciados, leyes incumplidas y obras paralizadas no es, en sentido estricto, un equilibrio. Es el diferimiento sistemático de costos que, antes o después, alguien deberá afrontar.