El Gobierno aprobó el primer proyecto de minería bajo el RIGI, pero persisten críticas y debates por las demoras que afectan posibles inversiones
Para ampliar conocimientos sobre minería.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, dio esta semana su primer aval a una inversión minera en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran envergadura. La iniciativa aprobada pertenece a Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo, que destinará US$2.700 millones al desarrollo del proyecto Rincón, en la provincia de Salta.
El anuncio se realizó en el marco de la feria ArMinerA, donde el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, confirmó que se trata del primero de una serie de proyectos en evaluación. Sin embargo, lejos de despejar el panorama para el sector, la noticia dejó en evidencia las demoras acumuladas y los obstáculos normativos que enfrentan otras empresas que aguardan la aprobación de sus inversiones.
Actualmente, seis proyectos adicionales están siendo analizados por el comité evaluador del RIGI, que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía. En total, representan un volumen de inversión estimado en 5.000 millones de dólares, distribuidos entre emprendimientos de litio, cobre y oro. Según fuentes consultadas por Bloomberg Línea, al menos dos de esas iniciativas no cumplirían los requisitos exigidos por el régimen en su formato actual, y podrían ser rechazadas.
Desde el sector privado, las críticas no tardaron en llegar. Una fuente cercana al proceso de evaluación calificó -ante la agencia Bloomberg- algunas de las carpetas presentadas como verdaderos "Frankenstein", aludiendo a la incorporación de componentes de distintos proyectos, algunos ya en funcionamiento, en un intento por eludir el espíritu original del régimen, que prioriza las inversiones greenfield, es decir, desde cero.
En esa línea, se detectaron intentos por incluir activos existentes en los proyectos a presentar, lo que podría desvirtuar el objetivo del RIGI. Aun así, una de las iniciativas que inicialmente fue observada por estas razones habría ajustado su estructura y estaría cerca de ser aprobada.
Mientras tanto, la ansiedad crece entre las empresas mineras, que reclaman definiciones más ágiles y reglas de juego claras. La normativa establece un plazo de 40 días hábiles para la aprobación o rechazo de los proyectos, pero ese plazo se interrumpe cada vez que se solicita información adicional, lo que en la práctica extiende indefinidamente los tiempos del proceso.
Uno de los aspectos más valorados del régimen por parte de los inversores es la posibilidad de dirimir controversias con el Estado argentino en tribunales internacionales, como el CIADI, lo cual representa un blindaje frente a posibles cambios normativos o riesgos políticos.
El propio presidente Javier Milei destacó ese punto en su presentación ante la AmCham: “Si ustedes se encuentran con una suba de impuestos, con creación de impuestos o con regulaciones, eso es cuantificable y, por lo tanto, pueden llevarlo a la Justicia y demandar al Estado. Además, pusimos la posibilidad de elegir entre tres instancias de arbitrajes internacionales”, sostuvo el mandatario.
Frente a las dilaciones en las aprobaciones, algunas compañías del sector ya comenzaron a presionar para que el Ejecutivo extienda la vigencia del RIGI por un año adicional. La normativa actual, reglamentada en agosto de 2024, establece una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por uno más. Por ahora, el Gobierno no descarta esa opción, aunque sí fue enfático en no ampliar el régimen a proyectos menores a 200 millones de dólares.
Estos son los proyectos mineros que aún aguardan aprobación:
Galan Litio – Hombre Muerto Oeste (Catamarca): Planta de producción de cloruro de litio. Inversión estimada: US$217 millones.
Posco Argentina – Sal de Oro (Salta): Planta de fosfato de litio, planta de hidróxido de litio y planta de carbonato de litio. Inversión: US$633 millones.
Minas Argentinas – Gualcamayo (San Juan): Exploración y producción de oro, parque fotovoltaico y planta de cal. Inversión: US$1.000 millones.
Ganfeng – Mariana (Salta): Planta de cloruro de litio. Inversión: US$273 millones.
McEwen Mining – Los Azules (San Juan): Exploración de cobre. Inversión: US$227 millones.
Rio Tinto – Sal de Vida (Catamarca): Segunda iniciativa de la empresa en evaluación, por US$600 millones.
La aprobación del proyecto Rincón marca un hito inicial para el RIGI, pero también deja a la vista las tensiones entre el deseo oficial de atraer grandes inversiones, la necesidad de establecer procedimientos ágiles y transparentes y las picardías de algunas empresas.
En un contexto global donde el litio y el cobre adquieren un protagonismo estratégico, la velocidad de respuesta del Estado argentino será clave para no perder oportunidades frente a otros países de la región que también compiten por los capitales mineros.
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