La reciente maniobra de “retenciones cero” expuso cómo el esquema actual consolida al rentista y al exportador, mientras los pequeños y medianos productores pierden competitividad y capacidad de inversión.
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Retenciones cero, se confirma perdida del Estado y los productores
Retenciones cero expuso un modelo que beneficia a rentistas y grandes exportadores, dejando a los productores primarios y al Estado del lado de los perdedores
El sector agroindustrial argentino, histórico motor de la generación de divisas, se encuentra sumido en una profunda crisis estructural, exacerbada por un modelo económico que, según las evidencias recientes, prioriza la renta financiera, y otros commodities como minerales y energía, relegándolo a un plano secundario, tal la conclusión de un paper firmado por el vicepresidente de la Fundación Independencia, Antonio Muñiz, especialista en política agropecuaria.
Esta crisis no es meramente coyuntural; combina problemas históricos con nuevas presiones, configurando un escenario adverso que pone en jaque la sostenibilidad del productor primario.
El trabajo resalta que la tensión estructural que atraviesa el campo se manifiesta en múltiples frentes: sequías persistentes, elevados costos de insumos, una agobiante presión tributaria, la imposición de alquileres dolarizados y un tipo de cambio cuya apreciación relativa del peso recorta sistemáticamente la competitividad de las exportaciones en términos reales.
Retenciones: El desvío de la renta fiscal
Muñiz destaca que el sesgo del modelo quedó nítidamente expuesto en la reciente maniobra de las “retenciones cero”. Este episodio ejemplifica cómo los beneficios fiscales terminaron exclusivamente en las cuentas de los grandes jugadores, sin alcanzar al productor primario, a quien supuestamente debía aliviar.
En un lapso de apenas tres días, las grandes agroexportadoras lograron acumular ganancias extraordinarias superiores a los 1.700 millones de dólares, gracias a un mecanismo que les permitió registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) sin contar con el respaldo físico suficiente del grano. De este modo, mientras las compañías capitalizaron el alivio fiscal, los pequeños y medianos productores quedaron atrapados en un esquema que los empuja a la pérdida, confirmando que el alivio fiscal recayó en las cuentas de las exportadoras y no en el campo.
La consolidación del rentismo
El informe destaca que la transformación de la estructura agraria ha sido un fenómeno constante, profundizado por la extranjerización y concentración de la propiedad de la tierra que se acentuó en las últimas décadas, especialmente durante los años noventa.
Actualmente, el productor que trabaja la tierra rara vez es su dueño. En la campaña 2023/2024, se estima que el 70% de la superficie cultivada estuvo en manos de arrendatarios. Estos productores deben enfrentar contratos dolarizados y onerosos. En provincias clave como Córdoba, los valores de arrendamiento para la campaña 2024/2025 oscilan entre 4 y 14 quintales de soja por hectárea, con un promedio de 10 qq/ha, cifras que asfixian la rentabilidad.
En contraste, la figura del propietario rentista se consolida como el actor dominante. Estos dueños, al no participar del riesgo productivo inherente a la actividad, logran sostener su renta de manera lucrativa, en detrimento del chacarero que históricamente ha sostenido la estructura rural. La paradoja es que, si bien producir alimentos se vuelve un negocio cada vez más riesgoso, el mero hecho de alquilar tierras continúa siendo altamente rentable.
La carga fiscal y el contexto recaudatorio
A la problemática de los costos de producción y el rentismo se suma una carga fiscal agobiante. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en junio de 2025, los productores destinaron, en promedio, el 63,6% de su renta bruta al pago de impuestos, la mayoría de carácter nacional y no coparticipables.
Este contexto se refleja en la performance de los Derechos de Exportación. Tras la implementación de la baja de aranceles dispuesta por el Decreto 526/2025 y el Decreto 682/2025 (que habilitó transitoriamente la alícuota del 0% para ciertos productos), este impuesto mostró un aumento moderado del 4,3% en septiembre de 2025, totalizando $562.892 millones, según oficializo ayer la ARCA.
Aunque la recaudación total de recursos tributarios en septiembre de 2025, liderada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias, alcanzó los $15.444.976 millones, el incremento interanual del 20,2% representó una caída real cercana al 10%, si se considera una inflación estimada del 30% para el período. Esta caída real se vio atenuada por comparaciones con ingresos extraordinarios de 2024, como los del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP).
En definitiva, el productor queda atrapado entre un Estado que absorbe la renta vía impuestos y los grandes exportadores que se apropian de ventajas comerciales y beneficios fiscales. Si no se implementan medidas que modifiquen el régimen de arrendamientos, protejan al productor chico, transparenten las operaciones de las exportadoras y reduzcan la carga fiscal, Argentina corre el riesgo de consolidar un agro sin productores, convirtiendo la tierra fértil en un negocio financiero más dentro de un esquema absolutamente primarizado.