El Senado de la Nación comienza esta semana el debate del proyecto del Poder Ejecutivo bautizado mediáticamente de reforma laboral, pero que incluye un sinfín de ítems que nada tienen que ver con las relaciones laborales (como los cambios tributarios con impacto directo sobre el entramado productivo), lo que, entre otras cosas, ya genera polémica por la cámara de inicio del tratamiento.
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Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas
El Senado debate la Reforma Laboral: cambios impositivos, incentivos a la inversión y duras críticas por retrocesos en derechos laborales y sindicales.
Reforma Laboral o cambios tributarios
En materia impositiva, la propuesta introduce modificaciones relevantes en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias. Entre los puntos destacados se encuentra la reducción de la alícuota de IVA para la energía eléctrica destinada a sistemas de riego agroindustrial y la actualización por inflación de los quebrantos impositivos en Ganancias, una demanda histórica del sector empresario. Asimismo, se amplían exenciones para intereses de depósitos en moneda extranjera y para rentas provenientes del alquiler de viviendas, al tiempo que se redefinen algunos beneficios vigentes para los locadores.
El proyecto también avanza sobre el tratamiento fiscal de las operaciones inmobiliarias y de los activos financieros, con exenciones a partir de 2026 para la venta de inmuebles y la transferencia de determinados títulos y acciones argentinas, bajo condiciones específicas. En paralelo, se plantea una reducción de las alícuotas más altas del impuesto a las sociedades, con el objetivo de aliviar la carga tributaria efectiva sobre empresas de mayor tamaño relativo, y una reforma de los impuestos internos que elimina o reduce gravámenes sobre una amplia gama de bienes y servicios, manteniendo los aplicados a productos considerados sensibles, como tabaco y bebidas.
¿Incentivos a la inversión PyME?
Como complemento, la iniciativa crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, orientado a promover proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas durante los dos primeros años de vigencia de la ley. El esquema contempla beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de créditos fiscales de IVA, con requisitos estrictos de elegibilidad y permanencia de las inversiones. En conjunto, el paquete tributario se presenta como un pilar central de la modernización propuesta, con la intención de estimular la inversión y redefinir el marco fiscal en paralelo a los cambios laborales.
La mirada laboral: luces y sombras del proyecto
De lleno en los capítulos que tienen incidencia en las relaciones laborales, Sitio Andino dialogó con el especialista en Derecho Laboral y docente de Derecho Laboral y Civil de la Universidad de Congreso, Pablo Eiras, quien expresa una visión que alterna luces y sombras sobre el proyecto.
El proyecto oficial introduce modificaciones que, según Eiras, podrían modernizar aspectos prácticos del contrato de trabajo. Entre los puntos a favor, destaca la posibilidad de fraccionar las vacaciones, una medida favorable siempre que respete la voluntad del trabajador. Esta flexibilidad responde a demandas de conciliación entre vida laboral y personal, sin menoscabar el descanso obligatorio.
Banco de horas por horas extras
Uno de los puntos de debate fuerte es la creación de un banco de horas, que permite compensar jornadas extendidas con períodos más cortos como un reemplazo del pago de horas extras. Eiras lo califica de interesante, ya que introduce predictibilidad en la gestión del tiempo laboral, alineándose con prácticas europeas que han demostrado eficacia en sectores con ritmos variables.
Actualización de créditos laborales y pago de sentencias
La fórmula de actualización de créditos laborales recibe también elogios de Eiras, quien explica que es un sistema que ya se aplica por algunos juzgados, ofrece certeza jurídica al indexar deudas por inflación, evitando litigios por desactualizaciones. En paralelo, se autoriza el pago de sentencias en hasta doce cuotas, algo que, advierte el especialista, viene a formalizar una costumbre judicial que alivia la carga financiera inmediata sobre las empresas.
Fondos de Asistencia Laboral (FAL)
Para Eiras, el núcleo innovador radica en los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Estos mecanismos permiten a las empresas, especialmente las PyMEs, acumular reservas para indemnizaciones futuras, siempre que la relación laboral esté registrada. Eiras subraya su potencial para combatir el trabajo en negro, fomentando el cumplimiento registral y brindando seguridad a los trabajadores. Teóricamente, representa un incentivo positivo que podría reducir quiebras por contingencias laborales, aunque su implementación será clave para validar su impacto.
Un sesgo regresivo
Sin embargo, a pesar de su visión positiva sobre varios artículos del proyecto, Eiras denuncia un sesgo regresivo en el articulado y advierte que la reforma pretende reclasificar las relaciones laborales como contratos civiles, excluyendo la presunción de contrato de trabajo a profesionales, oficios o emisores de facturas. Esta exclusión, calificada de burda, privilegia el Código Civil y Comercial sobre la Ley de Contrato de Trabajo, ignorando el principio de primacía de la realidad que rige el derecho laboral.
Desde el artículo 2 en adelante, se repite este enfoque, fomentando el disfraz de autonomía para relaciones dependientes. Eiras advierte que no solo incentivará el trabajo no registrado, sino que generará mayor conflictividad judicial y posibles declaraciones de inconstitucionalidad. En un país con alta informalidad laboral, esta norma erosionaría protecciones básicas como aportes previsionales y cobertura de riesgos.
Plataformas digitales: un golpe a los repartidores
Un capítulo controvertido es el nuevo “Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas”. Eiras lo considera perjudicial para trabajadores de apps como Uber o Rappi, al apartarlos del ámbito laboral y trasladarlos al civil. Pierden ART, jubilación y otras garantías, equiparándose a prestadores individuales frente a multinacionales.
Esta desregulación, sostiene el experto, será profundamente judicializada, con demandas masivas por violación de derechos fundamentales. Evoca debates globales sobre la gig economy (económía de pequeños trabajos), donde los tribunales han reincorporado a plataformas bajo marcos protectores laborales.
Otro foco de conflicto emerge en los derechos colectivos. La reforma impone porcentajes mínimos elevados para servicios esenciales (50% o 75%), ampliando indebidamente su alcance. Eiras argumenta que esto cercena el derecho a huelga, volviéndolo ineficaz en la práctica y contraviniendo convenios internacionales ratificados por Argentina.
En materia sindical, se limitan asambleas -consideradas tiempo no trabajado-, se imponen restricciones por “prácticas desleales” y se elimina la retención obligatoria de cuotas gremiales para sindicatos con personería. La protección a candidatos sindicales también se debilita, afectando la viabilidad económica de las organizaciones obreras.
Seguridad social en riesgo
Finalmente, incentivos para regularizar trabajadores en negro desfinancian el sistema previsional, al limitar las sanciones estatales. Eiras ve en esto un debilitamiento de la red de protección social, priorizando la informalidad sobre la sostenibilidad fiscal.
Pablo Eiras concluye que la reforma, aunque con avances puntuales en flexibilidad y previsibilidad, resulta regresiva en derechos individuales, colectivos y seguridad social. Enfatiza el énfasis en los contratos civiles independientes, el ataque a la huelga y al sindicalismo, y el riesgo para el sistema previsional. Su análisis invita a un escrutinio profundo en el Congreso, donde el principio de primacía de la realidad deberá prevalecer sobre intentos de desregulación.