En su interminable pelea por las cargas tributarias y el tamaño de los impuestos que cobran las provincias y municipios, el Gobierno de Javier Milei utilizó ayer como arma al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y autorizó a las entidades bancarias que operen canales de apertura no presencial de cuentas (cuentas digitales) a radicar esas cuentas en cualquier sucursal del país, con independencia del domicilio del titular.
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Milei habilita a los bancos a radicar cuentas digitales en provincias con menos impuestos
El Gobierno de Javier Milei habilitó a bancos a radicar cuentas digitales en cualquier provincia y abrió una nueva disputa fiscal con las jurisdicciones.
El objetivo no es permitir que los bancos sigan agrandando sus márgenes de ganancias ahorrando en impuestos y castigar a las provincias que buscan (hasta donde no hay) recursos ante el ajuste nacional, la caída de la recaudación y, por ende, la coparticipación.
Las entidades financieras podrán ahora asignar sus operaciones digitales a jurisdicciones con menor carga de Ingresos Brutos y tasas municipales. La norma establece como única condición que la entidad informe al cliente, al momento de la apertura, en qué sucursal quedará radicada su cuenta. La nueva norma (de vigencia inmediata) aplica a cajas de ahorro, cuentas sueldo, cuentas especiales y cuentas corrientes bancarias.
Bancos con vía libre
Hasta ayer, la práctica habitual consistía en vincular cada cuenta a una sucursal determinada por criterios geográficos o de organización interna de cada banco. En sus justificaciones, el Central afirma que, con la digitalización masiva de los últimos años, esa lógica había perdido sustento operativo, pero persistía como costumbre del sistema. En algunas entidades se consideraba que la radicación flexible ya estaba implícitamente permitida; sin embargo, la ambigüedad regulatoria actuaba como freno que hoy desapareció.
La apertura remota de cuentas se convirtió en el canal dominante de incorporación de clientes durante la última década. Hoy, cualquier usuario puede abrir una caja de ahorro desde su teléfono sin pisar jamás una sucursal. Bajo la nueva regla, el banco podrá radicar esa cuenta administrativamente en la provincia del país que menor carga impositiva le ofrezca. La diferencia de radicación, multiplicada por la escala del sistema, tiene consecuencias recaudatorias significativas para las provincias de mayor presión fiscal y también un significativo ahorro impositivo para los bancos.
El mapa de los impuestos
Un relevamiento que la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) elaboró en 2025, a pedido del propio BCRA, construyó un ranking de presión fiscal sobre los servicios financieros. La Pampa encabeza la tabla con la alícuota más alta, fijada en 9,10%. Doce provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán) aplican el 9%. San Juan cobra 8,50%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta fijan su tasa en 8%; Santa Cruz también impone 8%, aunque con particularidades sobre la base de cálculo.
A partir de allí, el coeficiente desciende: Misiones establece 7,80%; Mendoza, 7%; y San Luis aplica una base diferencial del 6,50% sobre el spread. En el extremo inferior de la tabla se ubican Formosa, con 5,50%; Corrientes, con 4,70%; y Santiago del Estero, con apenas el 3%, también sobre el spread. La brecha entre el extremo superior y el inferior supera los seis puntos porcentuales, margen más que suficiente para que los bancos recalibren su estrategia de radicación rápidamente.
Una larga batalla
La medida es un nuevo eslabón de una campaña que viene librando de manera sostenida contra la presión fiscal subnacional el Gobierno Nacional que, recordemos, hasta llegó a habilitar una web para que los contribuyentes “denuncien” las presiones fiscales provinciales.
A comienzos de 2025, las cuatro cámaras bancarias (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE) presentaron un documento conjunto en el que reclamaban por la alta carga de impuestos distorsivos sobre la actividad financiera. “Es uno de los factores que explica el bajo y decreciente cociente préstamos/PBI que registró la economía argentina durante los últimos veinticinco años”. La carga fiscal, sostuvieron, termina trasladándose al costo del crédito que pagan personas y empresas.
Según ese informe, el impacto de los impuestos provinciales y municipales puede representar hasta el 60% del total de cargas que soportan las operaciones bancarias, lo que convierte (según ellos) la presión fiscal subnacional en uno de los principales determinantes del costo del crédito en Argentina.
El equipo económico, a través del Central, encontró allí la justificación perfecta para encontrar una nueva arma en su lucha fiscal contra los estados provinciales.
Competencia y tensión con las provincias
La nueva normativa es también, en la práctica (como lo fue la libre radicación de automóviles), un nuevo paso en la idea del Gobierno de la competencia impositiva entre provincias y municipios para bajar impuestos y quedarse con inversiones y negocios.
Las provincias con menor carga tributaria para el sistema financiero (Santiago del Estero, Corrientes y Formosa) tienen ahora un incentivo concreto para las entidades. Las que aplican alícuotas más elevadas, en cambio, enfrentan una presión creciente sobre su posición recaudatoria si los bancos deciden reorientar masivamente la radicación de sus cuentas digitales hacia distritos fiscalmente más convenientes.
El Gobierno cree que, si la amenaza de perder base imponible opera como disciplinador, el costo del crédito podría reducirse sin necesidad de acuerdos intergubernamentales. Otra idea de Excel que habrá que ver si en la realidad tiene éxito.