En medio de un contexto político tenso y de confrontación entre Javier Milei y los gobernadores, el Senado de la Nación dio media sanción a dos iniciativas legislativas que buscan recuperar para las provincias fondos que les pertenecen y que el Gobierno Nacional viene negando en aras de un dibujado superávit fiscal.
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Javier Milei versus Gobernadores: los números de la pelea
Enfrentados Javier Milei y los gobernadores, el Senado avaló cambios que redefinen el reparto de recursos fiscales. Los números de la pelea
Los proyectos, promovidos por gobernadores de distintos signos políticos, apuntan a reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional en el manejo de fondos y a establecer nuevos criterios automáticos de distribución. Las propuestas abordan, por un lado, una reforma en el régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y, por otro, una redistribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), actualmente canalizado a través de diversos fideicomisos sectoriales.
Un freno a la discrecionalidad en los Aportes del Tesoro
El primero de los proyectos modifica el funcionamiento del Fondo de ATN, creado por la Ley de Coparticipación Federal de 1988 con el objetivo de asistir a las provincias en casos de emergencia o desequilibrio financiero. Dicho fondo, que representa el 1% de la masa coparticipable, ha sido históricamente distribuido de manera discrecional por el Ejecutivo nacional, sin seguir criterios preestablecidos.
Desde la asunción de Javier Milei, esa masa coparticipable no es entregada a las provincias (ni siquiera en las emergencias) y el Gobierno así viola la ley y suma ese monto a sus cuentas de superávit, apropiándose del dinero que les corresponde a las provincias.
La iniciativa aprobada propone incorporar un artículo a la Ley de Administración Financiera que transforme los ATN en fondos de distribución automática, al igual que el resto de los recursos coparticipables. Esto implicaría que el reparto se realice de forma diaria y según coeficientes fijos, lo que reduciría sustancialmente el margen de maniobra del Gobierno central para asignarlos con fines políticos o directamente ahorrarlos, como viene haciendo.
Durante el primer semestre de 2025, la Nación transfirió $84.000 millones en concepto de ATN, cifra que representa un aumento del 70% respecto al total anual de 2024. Sin embargo, la escasez respecto al monto presupuestado y la ausencia de criterios objetivos en su asignación continúan siendo motivo de controversia. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de aplicarse el nuevo esquema, las provincias podrían recibir automáticamente hasta el 58,8% del total del fondo en 2025.
Impuesto a los combustibles, un reclamo fundado
La segunda propuesta votada busca eliminar seis fideicomisos que actualmente canalizan recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos: los fondos de Infraestructura Hídrica, Transporte, Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Desarrollo Eléctrico del Interior y Vivienda. El proyecto argumenta que estos mecanismos, diseñados para financiar sectores específicos, han perdido sentido en un contexto de restricciones fiscales, y que los recursos deben destinarse a funciones esenciales de las provincias, como salud, educación, justicia y seguridad.
Esos fondos, hoy, el Estado nacional los recauda, pero no cumple con sus objetivos, y los computa —al igual que los ATN— como ahorro, una vez más perjudicando a las provincias, quedándose con su dinero y sumando a sus cálculos de superávit fiscal cada vez más dibujado.
Además de disolver los fideicomisos, la norma aprobada modifica los coeficientes de distribución del ICL. Mientras que hoy sólo el 10,4% de lo recaudado por este tributo va a las provincias, la reforma eleva esa participación al 57,02%, y también incrementa la asignación para el Tesoro Nacional, que pasaría al 14,29%. Del total provincial, un 25% se distribuiría de forma igualitaria entre todas las jurisdicciones y el restante 75% según los coeficientes de coparticipación vigente
Los reparos a los Gobernadores
Ambos proyectos fueron objetados por el Gobierno nacional. En el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expresó su preocupación por el impacto negativo que estas medidas podrían tener sobre el equilibrio fiscal. Según trascendió, el Ejecutivo planteó que, si se eliminan los fideicomisos, las provincias deberían hacerse cargo también de la ejecución de las obras públicas implicadas, y aceptó debatir un límite máximo para los ATN, aunque sujeto a restricciones presupuestarias.
Desde la óptica de los gobernadores, no obstante, los proyectos no constituyen una amenaza para las cuentas públicas nacionales. Alegan que se trata de fondos con afectación específica que deben respetar el principio de federalismo fiscal, establecido en la Constitución Nacional. La demanda por una distribución más transparente y equitativa se inscribe en un contexto de creciente autonomía institucional por parte de los gobiernos provinciales frente a una Casa Rosada que busca sostener el ajuste.
Los números de la pelea
Los datos fiscales dan cuenta de una recuperación parcial de las transferencias a las provincias, pero con fuertes disparidades. Según el IARAF, las transferencias automáticas crecieron un 3,5% real en el primer semestre de 2025 en comparación con 2024, aunque todavía están un 9% por debajo de los niveles de 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández.
En cuanto a las transferencias no automáticas, tuvieron un crecimiento del 13% real en los primeros cinco meses de 2025 frente al año anterior, pero una caída del 33,5% respecto a 2023.
Los Aportes del Tesoro Nacional también mostraron un crecimiento real del 126,6% en lo que va del año, tras una caída de más del 90% en 2023. Esta recuperación, sin embargo, responde a decisiones discrecionales del Ejecutivo, precisamente el tipo de manejo que los proyectos legislativos buscan restringir.
Federalismo fiscal, nueva era
La media sanción obtenida en el Senado no garantiza aún la aprobación definitiva de las reformas. El tratamiento en la Cámara de Diputados se anticipa complejo, dada la fragmentación parlamentaria y las resistencias dentro del oficialismo. No obstante, la iniciativa marca un punto de inflexión en la disputa entre Nación y provincias por el control de los recursos fiscales.
Más allá del impacto financiero inmediato, el debate refleja una tensión estructural en el federalismo argentino, donde la concentración de recursos en el Gobierno central ha sido objeto de críticas recurrentes. En un escenario de ajuste presupuestario, demandas crecientes de autonomía y disputas por la legitimidad del liderazgo presidencial, la discusión sobre la coparticipación y los ATN se convierte en un símbolo de la puja por el poder y la caja entre el Estado Nacional y las provincias.