La baja de la inflación y la estabilidad cambiaria relativa han dejado al descubierto un viejo problema de la economía argentina: su falta de competitividad. La comparación con países de características similares, medida en moneda dura, muestra precios y costos internos elevados, por impuestos como Ingreso Brutos, entre otros items, según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.
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Ingresos Brutos: el impuesto invisible que sostiene a provincias y municipios
Informe del IERAL alerta que la baja inflación expone la falta de competitividad y la dependencia de impuestos "invisibles" como Ingresos Brutos.
Aunque el tipo de cambio dio un salto reciente, las perspectivas a largo plazo anticipan un dólar relativamente bajo, impulsado por el fuerte ingreso de divisas que se espera de la energía y la minería.
Según el trabajo del IERAL de la Fundación Mediterránea, estos sectores aportarán hacia 2030 más de 30 mil millones de dólares adicionales respecto de 2024, año en que las exportaciones totales alcanzaron los 90 mil millones. En este contexto, la necesidad de reducir costos se vuelve prioritaria, tanto a través de reformas estatales como de mejoras de productividad en el sector privado.
Entre las reformas más urgentes, la tributaria ocupa un lugar central. A nivel nacional, los cuestionamientos se dirigen a los derechos de exportación, el impuesto al cheque y las contribuciones laborales. En las provincias, el foco está sobre el impuesto a los Ingresos Brutos (IB) y el de sellos; en los municipios, sobre la tasa de seguridad e higiene (TSH) y otras cargas distorsivas, afirma el trabajo firmado por Marcelo Capello.
Ingresos Brutos: un tributo que el ciudadano no ve
El financiamiento provincial y municipal está marcado por lo que los especialistas llaman “ilusión fiscal”: los contribuyentes no perciben el verdadero costo de los servicios públicos que reciben. Esto ocurre porque buena parte de la recaudación proviene de tributos invisibles para el votante.
En 2024, la mitad del gasto primario provincial se cubrió con transferencias nacionales y un 27% con Ingresos Brutos. En provincias como Catamarca o Formosa, ambas fuentes representan más del 90% del gasto. Las transferencias se perciben como impuestos pagados en otras jurisdicciones, y el IB, al trasladarse a los precios sin figurar en las facturas, queda fuera del radar del consumidor final.
El resultado, según el IERAL de la Fundación Mediterránea, es un votante que no asocia el gasto público con su propio bolsillo, y por lo tanto no ejerce presión para controlar ni el nivel ni la calidad de los bienes y servicios estatales. Lo opuesto ocurre con impuestos directos a los ingresos o al patrimonio, que hacen más visible la carga fiscal y promueven un mayor control ciudadano.
Autonomía fiscal: calidad antes que cantidad
Un argumento recurrente es que una mayor correspondencia fiscal -financiar más gasto con recursos propios- haría a provincias y municipios más responsables. Sin embargo, los especialistas advierten que no basta con aumentar la recaudación propia: también importa la calidad del tributo. Incrementar la autonomía a través de impuestos distorsivos e invisibles, como IB y TSH, perpetúa el problema.
Estos tributos, además, crecen con facilidad en contextos inflacionarios, ya que el aumento de precios disimula las subas de alícuotas. Entre 2003 y 2024, el peso del IB en el producto pasó del 2,1% al 4,1%, en paralelo con el rebrote inflacionario.
El atractivo de “exportar” impuestos
El trabajo asegura que para un político de corto plazo, el ideal es financiar gasto con impuestos que el contribuyente no percibe. En el caso de provincias y municipios, se agrega la tentación de hacer que paguen quienes no votan en su territorio. Esto ocurre tanto con los recursos de la coparticipación como con el diseño del IB y la TSH.
En mercados integrados, las empresas suelen fijar precios promedio a nivel nacional, de modo que un aumento de alícuota en una provincia no encarece perceptiblemente el precio local. Este fenómeno alienta subas impositivas sin costo político.
Algunos casos recientes ilustran el punto. Mercado Libre ha ajustado comisiones en jurisdicciones con altas alícuotas de IB o ha dejado de operar en municipios con cargas elevadas. En el sector bancario, la presión tributaria ha derivado en cierres o traslados de sucursales, mientras que las tasas de interés activas no reflejan de manera diferenciada el peso de la carga local, generando subsidios cruzados entre jurisdicciones.
En algunas provincias, la alícuota combinada entre IB y TSH sobre préstamos puede aumentar en alrededor de 7 puntos la tasa de interés que paga el tomador. Esto encarece el crédito, reduce el consumo y frena la inversión.
Cobros adelantados y sesgo regresivo
Otra práctica cuestionada es el cobro por adelantado del IB, que en ocasiones se aplica sobre operaciones radicadas en otras jurisdicciones, acumulando saldos a favor difíciles de recuperar. Provincias como Misiones han llegado a percibir varios meses de recaudación anticipada.
A ello se suma la aplicación de alícuotas más altas a empresas de mayor facturación, como si se tratara de un impuesto progresivo sobre la renta. Sin embargo, en un tributo a las ventas la carga se traslada al consumidor, sin discriminar por nivel de ingresos.
Alternativas para un sistema más neutral
Para mejorar la competitividad, el IERAL de la Fundación Mediterránea propone reformas profundas: modificar drásticamente IB y TSH para reducir distorsiones, o directamente reemplazarlos por impuestos más neutrales, como el IVA o un tributo a las ventas finales.
En la primera opción, se plantea un IVA único nacional que absorba tanto el actual IVA como los ingresos brutos provinciales y municipales. En la segunda, un impuesto a las ventas finales, aplicado solo a consumidores no inscriptos en IVA, cuya recaudación se destine a la jurisdicción donde se realice la compra.