El Gobierno nacional eliminó en los últimos días los topes que limitaban el uso del programa Exporta Simple, la herramienta oficial que permite a pequeñas empresas y emprendedores exportar de manera íntegramente digital. La medida, ya publicada en el Boletín Oficial, suprime el límite anual de 600.000 dólares FOB por exportador y el tope de 15.000 dólares por operación. La excepción alcanza únicamente a los productos sujetos a derechos de exportación al momento de cada envío.
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Exportaciones: El Gobierno eliminó los límites de Exporta Simple y avanza con el "TEMU inverso"
El Gobierno eliminó los topes de Exporta Simple y prepara un sistema de exportación postal para reducir costos y facilitar las ventas externas de las pymes.
La norma amplía el alcance de un instrumento concebido originalmente para facilitar exportaciones de pequeña escala desde plataformas digitales, sin requerir los trámites habituales del comercio exterior. Con los límites vigentes hasta ahora, las empresas que lograban crecer dentro del programa quedaban forzadas a migrar hacia esquemas operativos más complejos y onerosos. La modificación elimina ese umbral y abre la posibilidad de que firmas de mediano porte utilicen el mismo mecanismo.
Exportar por correo
En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó durante una entrevista en el streaming económico "Economía de Quincho" que en los próximos días el Gobierno avanza en el sistema de exportación postal destinado a reducir costos logísticos para emprendedores y pequeñas empresas.
Sturzenegger señaló una asimetría concreta en el sistema vigente: mientras los consumidores argentinos pueden adquirir productos en plataformas internacionales como Temu o Shein con relativa facilidad, las empresas locales que desean vender al exterior encuentran obstáculos significativos. "La gente compra por Shein y Temu, pero si un empresario quiere vender al exterior no puede", afirmó.
Según explicó el funcionario, las exportaciones de pequeña escala dependen actualmente de servicios de courier privado, cuyos costos resultan elevados para numerosos emprendimientos. El mecanismo postal, en cambio, opera sobre la base de acuerdos de reciprocidad entre correos oficiales de distintos países, lo que permitiría reducir sensiblemente los gastos de envío. Sturzenegger indicó que la medida se encuentra en etapa de revisión jurídica y técnica, y que su implementación es inminente. Consideró, además, que la existencia de una opción postal más económica podría presionar a los operadores privados a revisar sus tarifas.
La agenda de simplificación y sus fundamentos
Sturzenegger defendió el conjunto de reformas como una política orientada fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. A dos años y medio del inicio del proceso de desregulación, el ministro estimó que hacia fin de año el Gobierno habrá avanzado sobre aproximadamente la mitad del universo normativo identificado al inicio de la gestión como susceptible de revisión o eliminación.
"Todo el esfuerzo de desregulación es eminentemente pro pyme", sostuvo, al argumentar que cada regulación constituye una barrera de entrada que las grandes compañías pueden absorber con relativa facilidad gracias a sus estructuras administrativas y legales, mientras que para una empresa naciente puede transformarse en un obstáculo difícil de superar. "Cuando un emprendedor arranca es chico por definición", señaló.
El funcionario también vinculó la simplificación regulatoria con una estrategia de transparencia institucional. "Cada trámite es una oportunidad para la corrupción", afirmó, al cuestionar la proliferación de procedimientos que, a su juicio, generan costos innecesarios para ciudadanos y empresas sin ofrecer contrapartidas en términos de seguridad o eficiencia.
En esa línea, planteó la necesidad de modificar la lógica con la que operan muchas administraciones públicas. Frente al modelo tradicional, basado en una presunción de desconfianza hacia quien inicia una actividad económica, propuso un esquema en el que el emprendedor pueda comenzar a operar de inmediato, sujeto posteriormente a controles que verifiquen el cumplimiento de las normas aplicables.
Organismos, tasas y la "inflación de trámites"
Sturzenegger extendió su crítica a la multiplicación de organismos descentralizados creados durante las últimas décadas. Según sostuvo, muchas de esas estructuras desarrollaron mecanismos propios de financiamiento mediante tasas, aranceles y cobros administrativos, y terminaron generando lo que denominó una "inflación de trámites", cuyo objetivo real era recaudatorio. Por ese motivo, defendió la política de centralización administrativa impulsada por el Gobierno como una vía para reducir costos sociales y evitar la proliferación de entidades con capacidad de cobro autónoma.
Regulación, poder y competencia
Uno de los argumentos más sustantivos de Sturzenegger apuntó a la relación entre regulación y competencia. "Las grandes empresas son muy regulacionistas", afirmó, al sostener que las compañías consolidadas suelen adaptarse mejor a las exigencias burocráticas y que, en ciertos casos, encuentran en ellas una barrera que dificulta el ingreso de nuevos competidores. Mientras las pymes cargan con los costos directos de cumplir las normas, las empresas de mayor tamaño pueden beneficiarse indirectamente porque esos requisitos desincentivan el surgimiento de rivales.
Para ilustrar la dinámica de los grupos de interés que buscan influir sobre el Estado, el ministro recurrió a una metáfora tomada de la película Jurassic Park: comparó a las grandes empresas con los velociraptores que exploran permanentemente el sistema en busca de puntos débiles para obtener ventajas regulatorias. Cuando lo logran, según su análisis, generan rentas extraordinarias que luego utilizan para defender y perpetuar esos beneficios.
En el tramo final de la entrevista, Sturzenegger vinculó el debate regulatorio con una discusión más amplia sobre el modelo económico argentino. Citó las tesis de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson (desarrolladas en el libro Why Nations Fail) para argumentar que ciertos grupos utilizan las instituciones para preservar privilegios y limitar la competencia, atrapando a países enteros en ciclos de estancamiento.
En el caso argentino, el ministro describió ese fenómeno mediante lo que denominó el "Triángulo de las Bermudas", integrado por los sindicatos, el capitalismo de relaciones personales y el peronismo como administrador político de ese entramado. Desde esa perspectiva, argumentó que las políticas de desregulación no persiguen únicamente objetivos económicos ligados a la competencia y la productividad, sino también una finalidad política explícita: reducir el poder de los actores que, según su diagnóstico, bloquean transformaciones estructurales y condicionan el crecimiento del país.