Apenas 24 horas después de que la Justicia dictara una medida cautelar y el Congreso dejara sin efecto los decretos de desmantelamiento del INTA y el INV, el gobierno nacional oficializó la puesta en disponibilidad de personal de varios institutos estatales.
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El Gobierno pasa a disponibilidad a trabajadores del INV y el INTA, pese a la Justicia y el Congreso
El Gobierno pasa a disponibilidad empleados del INV y el INTA pese a la caída de los vetos y las cautelares de la Justicia Federal.
Entre los afectados, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) registra 49 trabajadores en situación de incertidumbre laboral y salarial, mientras los gremios anuncian acciones judiciales y denuncias penales.
El Gobierno no frena
El Ministerio de Economía oficializó, mediante la resolución 1240/2025 firmada por Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Javier Milei, la situación de disponibilidad de empleados de planta permanente con estabilidad adquirida del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida alcanza a casi 800 trabajadores y se adopta en el marco de la disolución del INASE, la transformación del INV en una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el cambio de estatus del INTA, que dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en uno desconcentrado.
Trabajadores en el limbo
Según la normativa vigente, los empleados afectados serán notificados de manera individual y permanecerán en situación de disponibilidad por un período máximo de 12 meses. Durante ese tiempo, se restringen licencias sin goce de haberes, comisiones de servicios, adscripciones o asignaciones transitorias previamente otorgadas, lo que limita significativamente la movilidad y los derechos laborales de los trabajadores.
El INV en alerta
El impacto en el INV resulta particularmente significativo. La medida alcanza a 49 trabajadores del organismo, quienes, según explicó a Sitio Andino Marcelo González, delegado de ATE en la institución, enfrentan un período de incertidumbre que puede durar entre seis y doce meses. Durante este tiempo, los empleados deberán permanecer disponibles para cualquier requerimiento del instituto o ser reubicados en otras dependencias estatales, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa sobre disponibilidad de agentes del Estado.
González calificó la medida como un “maquillaje de despido” y subrayó que los salarios durante este período se verán reducidos entre un 30 y un 40 por ciento respecto a los haberes habituales. Además, advirtió que, al término del período de disponibilidad, el instituto podría prescindir de los servicios de estos trabajadores, ofreciendo indemnizaciones que consideró insuficientes frente a los montos que corresponderían en condiciones normales. “Estamos consternados. La alegría que sentimos tras la caída del decreto 462 en el Senado duró apenas unas horas”, señaló.
La resolución 1240/2025 se adoptó en un contexto de fuerte tensión institucional. Apenas un día antes, la jueza Martina Forns había dictado una medida cautelar que suspendía los efectos de los decretos de reestructuración de los organismos, y el Senado había votado la caducidad de las disposiciones que permitían la disolución del INASE y la transformación del INV y del INTA. A pesar de ello, el gobierno hizo caso omiso de ambas instancias, profundizando el conflicto con los gremios y generando alarma entre los empleados afectados.
ATE acciona contra el Gobierno
La respuesta sindical no se hizo esperar. Daniel Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, anunció en redes sociales la presentación de amparos individuales y colectivos en defensa de los trabajadores. Además, anticipó la interposición de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los responsables de la resolución, al haberse publicado después de la medida cautelar judicial y de la aprobación del Senado que dejaba sin efecto los decretos cuestionados.
Desde ATE se sostiene que la medida carece de sustento jurídico tras la caída del decreto 462 y que la única vía para revertir la situación será a través del Poder Judicial. Mientras tanto, los 49 empleados del INV enfrentan un escenario de incertidumbre salarial y laboral, con la posibilidad de que su situación se prolongue durante meses, mientras se define la situación.