La fuerte respuesta del campo al Presidente.
Dólares, dólares, dólares, el gran dolor de cabeza argentino. Su escasez o la voracidad por el. Su participación indispensable en la actividad económica y su funcionamiento casi como segunda moneda de curso legal de la Argentina han transformado a la moneda estadounidense en un actor clave de la economía y la política argentina.
Ayer la vicepresidenta de la Nación volvió a teñir de verde la agenda al levantar una nota del colega Gabriel Morini en Ámbito Financiero donde se relataba el descubrimiento, por parte de la Aduana, de una operación de “alquiler” de las medidas cautelares de una jueza para permitir importaciones saltando las restricciones y controles del BCRA.
La novedad periodística refleja, una vez más, que no solo hay problemas serios de control de los mercados de exportación e importación en la Argentina (más por desidia que por falta de capacidad) sino que además el problema de los dólares en nuestra economía tiene mucho más de autoinfligido que de real.
Salvo alguna propuesta -sin demasiada profundización- de parte de la vicepresidenta en sus últimas apariciones públicas por el lado izquierdo del debate (por decirlo de alguna manera) y por el lado derecho la propuesta de la dolarización total de la economía, no hay un debate de fondo de cómo saltar el problema con un esquema más o menos permanente que nos muestre un camino de solución definitivo.
El 11 de Julio de 1971 (51 años atrás) el Congreso de Chile aprobó por unanimidad el proyecto sobre Nacionalización de la Gran Minería del Cobre propuesto por Salvador Allende y promulgado en la ley 17.450.
El sitio oficial de Codelco explica que para concretar este proceso de nacionalización fue necesario modificar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Chile, al cual se le agregó una disposición transitoria en la cual se planteaba que "por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre…".
Los bienes y las instalaciones de estas empresas pasaron a ser propiedad del Estado de Chile, que creó sociedades colectivas para hacerse cargo de las operaciones, coordinadas por la Corporación del Cobre de aquel entonces.
La nueva normativa facultó al Gobierno chileno para que dispusiera sobre la organización, explotación y administración de las empresas nacionalizadas. También determinó que sólo podrían enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesiones mineras para yacimientos que no estuvieran en explotación para ese momento, previa autorización por ley.
Como resultado de estas atribuciones fueron dictados los decretos ley 1.349 y 1.350 publicados en 1 de abril de 1976, que formalizaron la creación de una empresa minera, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco.
Como se verá la creación final de Codelco fue realizada por el General Augusto Pinochet que con su dictadura militar llevaba a cabo una política de corte neoliberal basada en la escuela de Chicago y que profundizaría, ya entrada la década del 80, Hernan Büchi.
A qué viene a cuento esto, a que en una medida tomada por un gobierno socialista democrático y ratificada y profundizada por sus verdugos de derecha como la dictadura militar de Pinochet está la explicación del por qué Chile mantiene cierta estabilidad macroeconómica. No entregó el manejo de sus dólares y de su riqueza a los privados.
Abrió el juego con el tiempo a nuevas inversiones privadas que conviven con la gran factoría del Estado que es Codelco, pero nunca perdió el control.
Codelco es la mayor empresa estatal de Chile y sigue siendo la principal productora de cobre a nivel mundial, con casi 20.000 empleados al cierre del 2020 y en el 2021 vendió más de 21 mil millones de dólares y desde la nacionalización lleva aportados al erario nacional chileno más de 115 mil millones de dólares.
No hay milagro chileno, lo que hay es una decisión del Estado de manejar sus dólares y su economía. Lo hizo Allende, lo hizo la dictadura, los hizo la concertación, lo hizo Piñera y lo hará Boric. Claro que los vaivenes del mundo pegan en Chile como aquí, claro que a lo largo de los años quizás no se administró de la mejor forma y una sociedad desigual terminó en un estallido y una posible nueva constitución. Pero la nueva carta magna toca el status de los recursos más importantes del país (sostén de su economía) los maneja el Estado.
En enero de 2018 planteamos en la columna del domingo 7 qué pasaría si Argentina creará la empresa nacional de la soja siguiendo el modelo de Chile con el cobre. La soja puede ser el disparador del debate por su importancia en el modelo exportador de la Argentina, sin ninguna duda similar a lo que pasa con el cobre del otro lado de la cordillera. En estas horas se conoció oficialmente desde el Ministerio de Agricultura que la liquidación de divisas por la exportación del grano se encuentra prácticamente paralizada y los cálculos del propio Ministerio, e incluso referentes del sector, estiman en unos 14.100 millones de dólares lo que está en silos y silos bolsas -solo de soja- en manos del sector agroexportador (y una mínima parte en manos de productores) con fines meramente especulativos y quizás también con algunos otros aún menos confesables.
Puede darse el lujo un país y una economía de quedar en manos de la especulación o la voluntad política de un grupito de no más de 10 o 12 empresas o personas que además en varios casos ni siquiera son capitales nacionales sino multinacionales dominadas por muy poco transparentes fondos de inversión. La respuesta es No, y el modelo chileno de administración de su principal riqueza y su fuente de divisas es claro ejemplo de cuál es el camino.
Argentina seguirá siendo durante siglos proveedor de proteínas al mundo y seguramente en breve del mineral más codiciado como fuente de energía además de que si hay voluntad política puede ser también competitiva con el mismo país trasandino con el cobre. El interrogante es si vamos a repetir el modelo fracasado con el sector agroexportador o seremos capaces de generar el debate y la decisión para cambiar. Si no industrializamos ni agregamos valor, por lo menos recuperemos como Estado el manejo de las divisas que produce nuestra tierra.
Argentina, en la discusión para adelante, tiene un inconveniente extra; La reforma constitucional del 94 que dió a las provincias el control de los recursos naturales, que lleva a la necesidad de acuerdos políticos más amplios aún. Sin embargo nada debería ser imposible en un estado de necesidad permanente como el que vive nuestro país en materia de divisas que no controla ni puede manejar.