La calificadora de riesgo Moody's encendió una señal de alerta sobre el sistema financiero argentino: los indicadores de morosidad, en bancos y fintech advirtió, "continuarán deteriorándose en el corto plazo".
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Bancos y fintech: alerta internacional por récord de morosidad y riesgos crecientes en Argentina
Moody's advierte por el aumento de la morosidad en bancos y fintech: suben los incumplimientos, cae la rentabilidad y crecen los riesgos financieros.
La alarma internacional llega cuando la irregularidad en los créditos a familias ya toca máximos de más de dos décadas y cuando ninguna de las 25 entidades financieras más grandes del país logró escapar, en enero, a esa tendencia alcista. La advertencia de la agencia confirma lo que los propios bancos vienen observando desde mediados de 2025 con creciente inquietud.
Según el informe de Moody's, el deterioro de la cartera responde en gran medida al fuerte crecimiento del crédito registrado durante el año pasado. Esa expansión amplió el acceso al financiamiento, pero incorporó, al mismo tiempo, segmentos de mayor riesgo crediticio, cuyos efectos comenzaron a manifestarse en incumplimientos sostenidos. El cargo por incobrabilidad alcanzó el 3,4% del activo neto a diciembre de 2025, con una trayectoria que no muestra señales de reversión inmediata. "El deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad", sostiene la calificadora.
Rentabilidad bajo presión
Desde 2024, el proceso de incorporación del crédito al sector privado redujo el peso de los ingresos por títulos valores y trasladó la generación de resultados hacia la intermediación financiera, lo que implica una exposición mayor al riesgo de crédito y un entorno más competitivo. En un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, los márgenes de intermediación tenderán a moderarse, aunque Moody's señala que una mejora en la calidad de los activos, eficiencias de costos y el crecimiento del volumen de negocios podrían contribuir a mitigar ese impacto.
Para la calificadora: el sistema está ordenado, pero enfrenta una etapa de compresión de márgenes que no tiene precedentes recientes.
Un fenómeno sin excepciones
Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sitúan la morosidad del sector privado en torno al 5,5% hacia fines de 2025, el nivel más alto desde 2021. En el crédito a familias, el ratio trepó al 9,3%, mientras que en el segmento corporativo se mantiene en valores más acotados. La consultora 1816 precisó que en las 25 entidades financieras más grandes del país, medidas por volumen de préstamos a hogares, la irregularidad subió en enero sin excepción. El diagnóstico fue categórico: el fenómeno "es mucho más macro que algo que pueda explicarse por las políticas de crédito de cada entidad".
Los salarios que ajustaron por debajo de la inflación, las tasas reales positivas que encarecieron el crédito vigente y el endurecimiento del acceso al financiamiento en el segundo semestre de 2025 configuraron un escenario que limitó la capacidad de pago de los hogares. El resultado fue una aceleración del deterioro que, según 1816, llevó la mora en créditos a familias "a un nuevo récord en más de dos décadas, tocando niveles no vistos desde los primeros meses post Convertibilidad".
Los cinco bancos con mayor exposición
El economista Hernán Letcher, titular del CEPA, difundió cifras que ilustran la magnitud del problema en las principales entidades. Cinco bancos concentran más de seis billones de pesos en préstamos con mora. El Banco Galicia encabeza la lista con 2,15 billones de pesos en créditos irregulares, equivalentes al 21,4% de su cartera total. Le siguen el Banco Santander Argentina, con 1,13 billones (14,4%); el Banco Nación, con 1,03 billones (6,5%); el Banco BBVA Argentina, con 884.000 millones (15,1%); y el Banco Provincia, con 828.000 millones (12,6%). Porcentajes que, en varios casos, superan con amplitud los umbrales habituales de alerta en la banca internacional.
Las entidades no financieras y el caso Ualá
El panorama se agrava en el segmento de las entidades no financieras. Según 1816, la irregularidad en ese sector trepó al 27,4% en enero, frente al 10,6% registrado en las entidades financieras. La brecha refleja un comportamiento racional de los deudores: ante la imposibilidad de honrar todas sus obligaciones, los hogares priorizan los pagos a los bancos (quienes habilitan el acceso a crédito futuro) y postergan las cuotas de electrodomésticos u otras compras a plazo.
En ese universo, la fintech Ualá concentró la atención en las últimas horas. Versiones circuladas en redes sociales situaban su mora en torno al 40%, cifra que fue relativizada desde el sector. Desde una consultora especializada del sector que viene siguiendo el caso de cerca a pedido de un cliente, manteniendo la reserva, aseguran que la mora de la cartera activa de la compañía sería menor, pero igual muy preocupante porque estaría alrededor del 20%, aunque señalaron una anomalía contable: créditos dados de baja que aún figuraban como activos en los estados financieros hasta noviembre.
Sin embargo, otros informes especializados sitúan la mora de Ualá en el segmento no financiero en el 63,7%, medido sobre el monto prestado. Sea cual fuere el número exacto, la compañía debió capitalizarse recientemente, obteniendo financiamiento por 195 millones de dólares a comienzos de marzo. Entre las restantes entidades no financieras, Megatone registra una irregularidad del 46% de su cartera, seguida por Credicuotas con el 35%, Cencosud con el 23%, Tarjeta Naranja con el 19% y Mercado Libre con el 15%.
El riesgo del crédito en dólares
Moody's reservó una advertencia particular para una iniciativa impulsada públicamente por el ministro de Economía Luis Caputo: la posible flexibilización regulatoria que habilitaría el uso de depósitos en moneda extranjera para otorgar crédito a sectores que no generan divisas. La calificadora fue precisa en su evaluación: esa medida "implicaría un aumento relevante del riesgo crediticio, al introducir mayores descalces de moneda y una mayor sensibilidad ante shocks cambiarios".
El argumento remite a una vulnerabilidad estructural de la economía argentina. Empresas e individuos que generan ingresos en pesos asumirían deudas en dólares; en un escenario de estabilidad cambiaria el esquema puede sostenerse, pero ante una eventual devaluación el peso de esas obligaciones podría dispararse, elevando el riesgo de incumplimiento de manera abrupta. La experiencia de 2001 permanece como referencia ineludible.