A un año de la sanción de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe con una evaluación detallada del impacto institucional, económico y social que produjo su implementación. El documento pone el foco en la concentración del poder en el Ejecutivo, el desmantelamiento del aparato estatal, la regresión tributaria, el avance privatizador y los escasos resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Delegación de facultades y erosión institucional
Uno de los ejes centrales del análisis gira en torno a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que habilitaron al presidente Javier Milei a legislar por decreto en un contexto de desarticulación del Congreso. Según CEPA, al 4 de julio de 2025 se registraron 157 decretos de carácter legislativo, entre los que se incluyen 75 Decretos de Necesidad y Urgencia y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se sustentaron directamente en las disposiciones de la Ley Bases.
Estas medidas derivaron en una política de desguace sistemático de organismos públicos, con una lista que incluye al INADI, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), la AFIP —reconfigurada como ARCA— y fondos fiduciarios emblemáticos como el PROCREAR, el Fondo de Integración Socio Urbana y el Fondo Nacional de Emergencias. La eliminación de estos instrumentos implica, según el informe, un retiro del Estado de áreas claves, como la vivienda social, el fomento productivo, la promoción científica y la atención a poblaciones vulnerables.
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Amparado en la Ley Bases y las facultades delegadas el gobierno de Javier Milei gobernó un año a fuerza de decretos.
Privatizaciones: una estrategia de ajuste sin norte
El informe destaca que, si bien la Ley Bases autorizó la privatización de ocho empresas públicas, la intención oficialista va más allá de ese marco legal. Bajo el argumento de “aliviar el déficit fiscal” y “generar divisas”, el Gobierno inició procesos de desinversión que afectan a empresas estratégicas, tales como AySA, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y ENARSA.
Entre los casos emblemáticos se encuentra Intercargo, empresa estatal rentable que presta servicios de rampa a todas las aerolíneas del país. Su privatización, ya en curso, podría derivar en un aumento de tarifas y en el debilitamiento de la conectividad aérea en rutas no rentables, afectando la integración territorial.
La privatización de Corredores Viales y de Belgrano Cargas también se inscribe en una lógica de fragmentación y concesión a privados, sin garantías de inversión ni mejora en el servicio. En el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, se denunció un vaciamiento deliberado y un proceso de reestructuración opaco que culminó en el despido de su interventor por sospechas de corrupción.
En paralelo, se observa una clara intención de preparar el terreno para vender el Banco Nación, pese a su exclusión del listado aprobado por el Congreso. El decreto 116/2025 transformó su estructura jurídica en sociedad anónima, aunque la medida fue suspendida por la justicia tras un recurso presentado por sectores opositores. El informe del CEPA remarca que el BNA presenta sólidos indicadores financieros y cumple un rol central en el financiamiento a PyMEs, motivo por el cual su eventual venta significaría, en palabras del informe, "una pérdida patrimonial sin justificación".
Otro de los pilares de la Ley Bases fue la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrecía excepcionales beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, a un año de su implementación, el CEPA señala que de los 14 proyectos presentados, solo 5 fueron aprobados, y cuatro de ellos ya existían antes del régimen.
El informe subraya que el RIGI no generó un volumen significativo de empleo ni ingreso de divisas, pero sí implicó un fuerte desequilibrio competitivo, al establecer un marco normativo que favorece exclusivamente a grandes capitales externos en detrimento de los actores nacionales.
Reforma tributaria y laboral: menos equidad, más precariedad
En el plano fiscal, la Ley Bases produjo un giro regresivo. Por un lado, se avanzó en la reducción de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, debilitando la progresividad del sistema tributario. Por otro lado, se restituyó el impuesto a las Ganancias para trabajadores de la cuarta categoría, medida que afectó el poder adquisitivo de amplios sectores asalariados.
La reforma laboral, por su parte, incluyó una serie de medidas que, lejos de fomentar el empleo formal, precarizan las condiciones de trabajo. La ampliación del período de prueba, la figura del “colaborador” y el blanqueo laboral sin penalizaciones, según CEPA, no sólo no lograron reducir la informalidad, sino que alentaron prácticas abusivas por parte de los empleadores.
El impacto sobre el empleo público fue igualmente drástico. Se registraron miles de cesantías en organismos clave, como la Casa de la Moneda, Trenes Argentinos Capital Humano y diversas áreas de Vialidad Nacional. El recorte de personal afectó la capacidad operativa del Estado y desmanteló estructuras técnicas de alto valor estratégico.
Una reforma estructural sin planificación de largo plazo
En sus conclusiones, el CEPA señala que la Ley Bases no sólo implicó un cambio de reglas de juego, sino también una redefinición del rol del Estado en la economía y en la vida social. Esta transformación, impulsada mediante decretos y sin participación sustantiva del Congreso, generó inseguridad jurídica, afectó derechos adquiridos y debilitó capacidades públicas fundamentales.
El informe subraya que los efectos de estas reformas exceden el presente inmediato. La desregulación indiscriminada, la venta de activos estratégicos y la precarización del empleo generan un escenario de alta vulnerabilidad económica y social, con consecuencias que se proyectan a futuro.
El CEPA alerta sobre la contradicción entre el discurso de la eficiencia y los resultados reales obtenidos: menos empleo, menor inversión pública, caída del consumo interno y debilitamiento institucional. Bajo la consigna de “libertad”, lo que se consolida, según el informe, es un modelo de concentración del poder en el Ejecutivo, despojo de funciones estatales y subordinación del interés público a los intereses del mercado.
