La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la suspensión del proceso de transferencia de tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por parte del Estado Nacional en la ciudad de Bariloche.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la suspensión del proceso de transferencia de tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por parte del Estado Nacional en la ciudad de Bariloche.
El dictamen genera interés en Mendoza, ya que ante el máximo tribunal se presentaron dos acciones para frenar también las resoluciones del mismo organismo que van en el mismo sentido, pero en terrenos ubicados en el sur de la provincia. Justamente este miércoles la Legislatura aprobó un proyecto de resolución que afirma que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos.
Sin embargo, en este caso la situación es diferente, ya que el propio Ejército Argentino -en conjunto con el Ministerio Público Fiscal (MPF)- planteó la queja ante la Corte, que finalmente hizo lugar a los recursos presentados para suspender la transferencia de tierras a título gratuito.
El 17 de marzo de este año, el juzgado federal de San Carlos de Bariloche intimó al Poder Ejecutivo Nacional a que en el plazo de 30 días transfiriera "a título gratuito" al INAI el dominio de las tierras para su "inmediata adjudicación" a la comunidad mapuche, en respuesta a una acción de amparo que la comunidad Millalonco Ranquehue presentó a finales del 2021 contra el Estado nacional.
En tanto, el Ejército argentino y el MPF interpusieron recursos extraordinarios contra esta decisión del juzgado federal de Bariloche y la Corte Suprema decidió hacer lugar a estos recursos y suspender el proceso de traspaso de propiedad de las tierras.
Esto se debe a que la decisión de la jueza federal Silvina Domínguez "implicó avanzar en la ejecución de la sentencia de primera instancia aun cuando no se encontraban configuradas las condiciones expresamente previstas en dicho pronunciamiento para proceder de ese modo, en tanto la decisión no se encuentra firme".
Para los jueces del tribunal supremo, las quejas planteadas por el Ejército y el Ministerio Público Fiscal son procedentes. Esto se debe a que los magistrados observaron que en otro expediente paralelo, en el marco de una causa penal, se investiga si integrantes del propio ejército dejaron vencer plazos para cuestionar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que exigía la titularidad, y así terminar beneficiándolos.
Pese a que esta causa se encontraba en pleno desarrollo e implicaba la suspensión de cualquier trámite de adjudicación, el Juzgado Federal de Bariloche avanzó y ordenó ejecutar la sentencia de primera instancia, aquella de la jueza Domínguez, para que finalmente los terrenos sean adjudicados.
Es en ese contexto que el máximo tribunal observó un hecho de gravedad institucional, por lo que ordenó suspender la cesión hasta que se defina la cuestión de fondo sobre quién realmente tiene la legitimidad para obtener la titularidad de los terrenos.