Docentes denuncian que el apto psicofísico demora años
Foto: Gobierno de MendozaLuego de que más de 600 docentes de la provincia de Mendoza denunciaran vía redes sociales que el área de Salud Laboral de la Dirección General de Escuelas (DGE) no les otorga los aptos médicos para ejercer su profesión, desde el organismo que conduce Tadeo García Zalazar salieron a aclarar la situación.
A través de un comunicado, la cartera educativa afirmó que “ha implementado medidas decisivas desde principios de noviembre para abordar de manera precisa estas situaciones”.
“La DGE, al recibir un listado de aproximadamente 100 docentes, actuó de inmediato coordinando con Salud Laboral para iniciar la revisión de los casos y asignar turnos en Junta Médica (no en OSEP)”, se indicó.
Puntualizan que la decisión se tomo a raíz de las “discrepancias identificadas por profesionales de la salud, quienes observaron incongruencias entre los certificados presentados por los docentes y los resultados de estudios realizados por médicos particulares”.
“Algunos docentes no habían presentado estudios, o lo habían hecho hace más de un año, intensificando la necesidad de una evaluación exhaustiva”, subraya el texto de la DGE.
Asimismo, recalcan que la entidad financió un estudio específico de cuerdas vocales para los afectados “en el momento en que surgió la opción de realizar este estudio de Otorrinolaringología (ORL)”.
“Además, y en respuesta a las inquietudes planteadas, se emprendió activamente la gestión con el Ministerio de Salud para la reevaluación a través de esa cartera de los docentes en cuestión”, agregan.
Según lo publicado por el organismo educativo, ese proceso se lleva a cabo en la actualidad, “especialmente para aquellos aspirantes a la docencia cuyos estudios fonoaudiológicos no cumplen con los estándares óptimos para obtener el certificado de aptitud psicofísica en cuerdas vocales”.
Y detallan que en el transcurso de esa reevaluación se constató que algunos docentes ya contaban con el apto psicofísico, “mientras que otros fueron reevaluados y se les otorgó el apto o un certificado provisorio, indicando que pueden ejercer sus funciones sin inconvenientes”.
En cuanto a los casos restantes, “están bajo tratamiento en la ART o esperan el dictamen médico emitido por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo”.
“La DGE asegura que las acciones emprendidas no solo resuelven la controversia sino que también garantizan las condiciones de salud de los docentes que formarán parte del sistema educativo provincial. Este compromiso busca evitar cambios de docentes de manera constante, asegurando estabilidad y continuidad en la enseñanza para no afectar a los alumnos”, manifiestan.