Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Foto: DGE MendozaMás de 600 docentes de la provincia de Mendoza se organizaron a través de las redes sociales luego de descubrir que el problema que afecta su ingreso a la educación, no es un caso aislado. Aunque ya se encuentran tituladas, el área de Salud Laboral de la Dirección General de Escuelas no les otorga los aptos médicos para ejercer su profesión, por lo que les "recomiendan" realizar tratamientos. Sin embargo, médicos particulares no encuentran patologías para tratar.
María José Albino es una de las 600 docentes afectadas. En diálogo con Sitio Andino relató que existen algunos casos que llevan más de cinco años intentando poder conseguir los aptos médicos, pero otros son mucho más recientes.
En concreto, la docente explicó que los certificados psicofísicos "no apto" se dan en patologías que son muy clásicas y que entran dentro de los criterios de la DGE, por lo cual no habilitan a la función.
"El problema es que, cuando te mandan a tratar, vos hacés el tratamiento. Después presentás el estudio, el alta médica y Salud Laboral te dice que te mantienen el 'no apto' porque aparecen nuevas patologías y te envían un listado", aseguró la docente.
Y agregó: "Se vuelve interminable. Muchas llevamos más de 4 años haciendo tratamientos, rinos, y no logramos el apto. Después de los tratamientos te empeora la voz".
Las docentes, que aún no logran ejercer la profesión que estudiaron, remarcan que los tratamientos son costosos, largos, y "las dejan sin trabajo".
Albino indicó que ninguna de las profesionales se niega a realizarse los estudios o tratamientos, sino que se genera un círculo vicioso que nunca se termina. "Yo voy a hacerme el tratamiento pero el médico o el especialista matriculado me dice que no tengo la patología que Salud Laboral dice, y cuando uno va a consultar a la DGE, te generan más enfermedades".
Si bien el SUTE ahora acompaña al grupo de docentes, las mismas explicaron que durante mucho tiempo "estuvieron solas en la lucha". "Ahora tenemos un letrado que nos ha acompañado en este proceso y estamos un poco mejor paradas frente a la situación", puntualizó Albino.
Tras varios encuentros entre el grupo afectado, todas llegaron a una misma conclusión: la necesidad de una reunión con el Gobernador o una autoridad provincial que les permita exponer su situación y recibir algún tipo de respuesta.
"No queremos que nos indemnicen, nosotras lo único que pedimos el derecho a poder trabajar, muchas somos sostén de familia. Lo único que esperamos es poder lograr una mesa de diálogo para que nos expliquen. Si estamos equivocadas nos gustaría que nos den una respuesta, pero es evidente que somos víctimas del sistema", concluyó.
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