Chile se encuentra en un momento decisivo para el futuro de su mercado de apuestas online. Tras años de crecimiento acelerado y sin un marco regulatorio específico, el país ha dado un paso clave hacia la formalización del sector, incluyendo un marco claro para las casas de apuestas en Chile que operan digitalmente. A finales de 2025, el Senado aprobó un proyecto de ley integral para regular las plataformas de apuestas digitales, con una votación contundente de 27 a 3. Sin embargo, mientras el proceso legislativo avanza, una parte significativa del dinero apostado por los chilenos continúa fluyendo hacia operadores internacionales fuera del alcance tributario local.
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Chile avanza en la regulación de apuestas online mientras millones siguen fluyendo al extranjero
El Senado chileno impulsa una ley para regular las casas de apuestas online con impuestos del 19% de IVA y hasta 28% total, pero gran parte del dinero continúa en plataformas offshore. Análisis del impacto económico y los desafíos.
La paradoja es evidente: el Estado busca ordenar, gravar y supervisar el mercado, pero más del 80% de la actividad sigue realizándose en plataformas offshore. El desafío no es solo legal, sino también económico y competitivo.
El avance legislativo: una regulación integral en marcha
El proyecto aprobado por el Senado chileno en diciembre de 2025 establece un marco regulatorio amplio para las apuestas online. Actualmente, el texto se encuentra en revisión por parte de las comisiones de Economía y Hacienda, donde se están evaluando posibles modificaciones antes de su votación final y eventual promulgación.
Entre los elementos centrales del proyecto destacan:
– Creación de un sistema de licencias supervisado por la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos.
– Aplicación de un 19% de IVA más una carga tributaria total que podría alcanzar hasta el 28% sobre los ingresos brutos del juego (GGR).
– Implementación obligatoria de verificación biométrica de edad para proteger a menores.
– Herramientas de autoexclusión para jugadores.
– Bloqueo de sitios no licenciados y restricciones a métodos de pago hacia operadores ilegales.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha subrayado que el objetivo principal es frenar el crecimiento descontrolado del mercado, proteger a los consumidores y combatir el lavado de dinero. Además, el gobierno busca capturar ingresos fiscales que hoy se pierden fuera del sistema formal.
Si el proceso legislativo avanza sin contratiempos, se estima que el sistema de licencias podría estar operativo dentro de los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del reglamento.
Un mercado que ya existe… pero fuera del marco legal
Mientras el Congreso debate los detalles técnicos, el mercado sigue funcionando a pleno. Chile se ha convertido en uno de los principales orígenes de tráfico para plataformas internacionales con dominio “.com”, luego de que la Corte Suprema ordenara el bloqueo de sitios con dominio “.cl”.
El resultado ha sido un desplazamiento del usuario, no su desaparición. Los apostadores simplemente migraron hacia operadores extranjeros.
Las cifras son contundentes:
– Más de 5 millones de usuarios activos el último año.
– Entre 130 y 170 millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos.
– Más del 80% de la actividad fuera del marco regulatorio nacional.
Este escenario evidencia una demanda sólida y sostenida. La regulación no busca crear el mercado, sino ordenarlo y capturar parte de un flujo económico que ya existe.
El debate fiscal: ¿impuestos demasiado altos?
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la carga tributaria propuesta. La combinación del 19% de IVA con tasas que pueden elevar el total hasta el 28% sobre el GGR sitúa a Chile entre los países con mayor presión fiscal en el sector en América Latina.
Diversos actores de la industria han expresado su preocupación. Argumentan que un esquema tributario tan elevado podría desincentivar la entrada de operadores internacionales al mercado regulado chileno.
Para ponerlo en contexto:
– Brasil plantea una carga cercana al 12%.
– En estados como Nueva Jersey, la tasa ronda el 20%.
Según los críticos, si los impuestos superan niveles considerados sostenibles, los operadores preferirán permanecer offshore, donde la estructura impositiva es menor o inexistente. Esto podría generar un efecto contrario al deseado: mantener la mayor parte del mercado fuera del sistema formal.
Incluso dentro del propio gobierno se han reconocido ciertas reservas sobre el equilibrio fiscal del proyecto. El desafío es encontrar un punto intermedio que permita recaudar sin ahuyentar a los actores legales.
Impacto económico y financiamiento deportivo
Uno de los argumentos a favor de la regulación es su potencial impacto positivo en el financiamiento del deporte. El proyecto contempla un gravamen del 2% sobre el GGR destinado a apoyar federaciones y organizaciones deportivas.
En teoría, esto podría representar una fuente estable de recursos para el desarrollo del deporte nacional. Sin embargo, si la mayoría de los operadores permanecen fuera del sistema, ese flujo proyectado podría no materializarse.
Además, el mercado regulado generaría empleo formal, inversión tecnológica y mayor transparencia en los movimientos financieros.
Pero el riesgo es claro: si la carga tributaria es percibida como excesiva, la transición hacia plataformas licenciadas podría ser más lenta de lo previsto.
Riesgo de mercado negro y competencia desleal
Otro aspecto crítico es el riesgo de que una regulación estricta sin incentivos competitivos fomente la expansión del mercado negro.
Los usuarios suelen priorizar cuotas atractivas, promociones competitivas y facilidad de acceso. Si los operadores regulados enfrentan costos fiscales elevados, podrían trasladar parte de ese impacto a los apostadores mediante cuotas menos competitivas.
En ese escenario, muchos jugadores podrían optar por seguir utilizando plataformas internacionales sin licencia, debilitando la efectividad de la regulación.
El equilibrio entre protección del consumidor y competitividad del mercado será determinante para el éxito del nuevo marco normativo.
Calendario y próximos pasos
Tras su aprobación en el Senado por 27 votos contra 3, el proyecto continúa su trámite en comisiones. Una vez finalizadas las modificaciones, deberá volver al pleno para su votación definitiva y luego recibir la firma presidencial.
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha mostrado apoyo a la iniciativa, especialmente en lo que respecta a frenar el flujo de capital hacia el exterior y fortalecer los mecanismos de prevención de delitos financieros.
No se han reportado retrasos significativos hasta febrero de 2026, aunque el debate sobre la estructura tributaria podría extender las negociaciones hasta mediados de año.
Si todo avanza según lo previsto, 2026 podría convertirse en el año en que Chile finalmente formalice su mercado de apuestas online.
Chile avanza con decisión hacia la regulación de las apuestas online, buscando ordenar un mercado que ya mueve millones de dólares al año. El proyecto legislativo aprobado por el Senado representa un paso histórico hacia la formalización, con controles estrictos, verificación biométrica y herramientas de protección al jugador.
Sin embargo, el éxito de la reforma dependerá en gran medida de su competitividad fiscal. Con más del 80% de la actividad actualmente fuera del sistema legal y hasta 170 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año, el desafío no es solo normativo, sino estratégico.
Si la regulación logra equilibrar protección, recaudación y atractivo para los operadores, Chile podría transformar un mercado informal en una fuente sostenible de ingresos y desarrollo. De lo contrario, el flujo de fondos hacia plataformas offshore podría continuar, limitando el impacto real de la reforma.
El año 2026 será decisivo para determinar si Chile consigue capturar el valor económico de un sector que ya forma parte de la realidad digital del país.
Chile en perspectiva regional: cómo se compara su regulación de apuestas online con Argentina y el resto de LATAM
En Argentina, el mercado de apuestas online ha avanzado bajo un modelo descentralizado, donde cada provincia regula de forma autónoma. La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron pioneras en otorgar licencias desde 2021, estableciendo esquemas impositivos que rondan entre el 10% y el 25% sobre el GGR, además de gravámenes adicionales sobre ingresos brutos. Sin embargo, esta fragmentación genera asimetrías regulatorias y fiscales entre jurisdicciones, lo que permite que operadores sin licencia local sigan captando usuarios a través de dominios internacionales.
A nivel LATAM, el panorama es igualmente heterogéneo: Brasil implementa desde 2024 un modelo federal con una carga cercana al 12% sobre el GGR para incentivar la formalización y atraer grandes marcas globales; Colombia mantiene uno de los sistemas más consolidados de la región bajo supervisión estatal centralizada; mientras que mercados como Perú y México avanzan en marcos de mayor control tributario y prevención de lavado.
El desafío común en la región no es crear demanda —que ya es masiva y digital— sino diseñar esquemas fiscales y regulatorios suficientemente competitivos para evitar que el flujo de capital continúe migrando hacia plataformas offshore, fenómeno que, al igual que en Chile, representa cientos de millones de dólares en recaudación potencial perdida cada año.