El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, una iniciativa que apunta a cambiar de raíz el funcionamiento de las empresas en Argentina, con menos intervención estatal, mayor libertad contractual y una fuerte incorporación de herramientas tecnológicas.
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Reforma de la Ley de Sociedades: el Gobierno propone empresas con IA y menos controles
El proyecto busca modernizar el régimen societario con menos intervención estatal, digitalización total y nuevas figuras vinculadas a la economía digital.
El anticipo lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que la iniciativa sería girada durante la jornada. Luego, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló el alcance de una reforma que definió como “profunda” y orientada a dejar atrás un esquema “rígido y anacrónico”.
Reforma de la Ley de Sociedades: menos control del Estado y más peso del estatuto
Uno de los cambios centrales del proyecto es que las normas de la ley pasarán a ser supletorias, lo que implica que prevalecerá lo que definan los socios en el estatuto de cada empresa.
En esa línea, se plantea reducir al mínimo la intervención estatal en la organización interna de las sociedades, con restricciones que serán excepcionales y de interpretación limitada. Además, se busca impedir que los registros públicos dicten resoluciones que limiten lo que la ley permite.
El proyecto también apunta a eliminar requisitos que hoy dificultan la creación y funcionamiento de empresas. Entre los cambios más relevantes:
- Objeto social amplio y sin necesidad de conexidad entre actividades.
- Posibilidad de operar sin especificar un objeto determinado.
- Menos exigencias administrativas en los registros.
Según explicó Sturzenegger, esto permitirá que las sociedades puedan adaptarse con mayor rapidez a un contexto económico dinámico, reduciendo costos y tiempos.
Conflictos bajo ley extranjera y arbitraje privado
Otro de los puntos destacados es que las empresas podrán resolver sus conflictos internos bajo derecho extranjero o normas de comercio internacional.
También se habilita la incorporación de cláusulas arbitrales en los estatutos, lo que permitiría evitar la Justicia tradicional y agilizar la resolución de disputas. El funcionario comparó este esquema con el de centros internacionales como Dubai.
La iniciativa contempla una transformación integral hacia la digitalización. En concreto, propone:
- Domicilio electrónico obligatorio.
- Libros y registros digitales.
- Asambleas a distancia.
- Constitución de sociedades con firma digital.
- Legajo digital público por empresa.
“El expediente en papel queda en la historia”, resumió el ministro, al destacar que estos cambios reducirán tiempos y costos operativos.
Empresas con inteligencia artificial y estructuras descentralizadas
Uno de los capítulos más innovadores del proyecto es la incorporación de nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital. Entre ellas aparecen:
- Sociedades Automatizadas, que podrán operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin necesidad de empleados.
- DAO (organizaciones autónomas descentralizadas), con participación en tokens y registros en blockchain.
Ambas estructuras tendrán personalidad jurídica y responsabilidad limitada, lo que representa un cambio significativo en el derecho societario argentino.
El objetivo: atraer inversiones y modernizar la economía
El Gobierno vincula esta reforma con la intención de posicionar a Argentina como un polo atractivo para inversiones tecnológicas, especialmente en el campo de la inteligencia artificial.
Como referencia, Sturzenegger mencionó el caso de Irlanda, que logró captar grandes ías globales mediante un marco legal y fiscal favorable. La apuesta oficial es replicar ese modelo a nivel local.
Además, el proyecto incorpora otras herramientas como:
- Instrumentos de inversión convertibles
- Renovación automática del plazo societario
- Mandatos de autoridades por tiempo indeterminado
- Simplificación de reorganizaciones empresarias
En síntesis, la iniciativa busca reducir costos, eliminar controles discrecionales y ampliar la libertad de los actores privados, en línea con el programa económico del Gobierno.
Ahora, el proyecto deberá iniciar su recorrido en el Congreso, donde se abrirá el debate sobre una reforma que el oficialismo considera clave para adaptar el sistema empresarial argentino a la economía del siglo XXI.