Este mediodía tres especialistas en la materia dieron su visión respecto al proyecto del gobernador Rodolfo Suarez de aplicar cambios en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia eliminando las salas para transformarlo en un cuerpo colegiado. En sintonía, los ex ministros de la Corte, Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde; y el ex gobernador Arturo Lafalla (abogado de profesión) rechazan la propuesta de que las causas que lleguen al máximo tribunal se sorteen entre todos los jueces. Los fundamentos fueron expuestos en una reunión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la que participaron diputados y senadores de los distintos partidos políticos.
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Reforma de la Corte: por qué especialistas rechazan el proyecto de Suarez
Luego de que el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, expusiera los motivos del Ejecutivo para avanzar sobre esta modificación, llegó el turno de los especialistas convocados, quienes dieron sus argumentos para rechazarlo. Durante más de dos horas Kemelmajer, Pérez Hualde y Lafalla explicaron sus posiciones y respondieron las dudas de los legisladores, incluso de aquellos que quisieron "intentar convencerlos" de cambiar de opinión.
"El problema son el 20% de las causas y ustedes están complicando el otro 80% cuando no hay ninguna necesidad de complicarlo", dijo contundente la ex jueza Kemelmajer. Con esto fue claro su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo que pretende que el 80% de las causas sean sorteadas entre los siete jueces que integran el tribunal para que no estén concentradas en una cámara. Pérez Hualde sumó que hay "cosas imprecisas" y Lafalla advirtió que el proyecto no va en línea con el objetivo de acelerar los plazos que maneja la Justicia.
Actualmente la Suprema Corte de Mendoza funciona por salas, integradas por los distintos jueces. El 70% de las causas está entrando a la Sala 2 (con competencia en el fuero Laboral y Penal) compuesta por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio y el resto a la Sala 1 (con competencia en el fuero Civil y Comercial) compuesta por Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez. Y el presidente del mismo es Dalmiro Garay, que solo interviene en los fallos plenarios, aquellos que se dan cuando la causa a definir es de trascendencia institucional y para la sociedad.
Para repasar hay que aclarar que Palermo, Adaro y Gómez son jueces propuestos durante gobiernos justicialistas, mientras que Day, Garay, Valerio y Llorente durante gestiones radicales.
Las posturas
Según la doctora Aída Kemelmajer, una jurista con reconocimiento internacional, esta modificación no va en tono con las aplicadas durante los últimos años en materia judicial. "La justicia ha mejorado, no es tan lerda. No tenemos porqué creer que la Corte no necesita reformas, pero tienen que ir en consonancia con lo que se ha hecho en la justicia inferior, donde hay especialización. Este proyecto elimina la especialidad y yo creo que necesitamos gente especializada en la materia", resumió Carlucci.
Este fue el principal argumento que esgrimió la jurista para manifestar su rechazo al proyecto. "Si no hay especialidad en distintas áreas del derecho en la Suprema Corte, cuando se produce una vacante hay que preguntarse qué especialistas necesita la Corte, no qué necesita el Gobierno. Si necesita un civilista, que mande un civilista", le sugirió a los legisladores.
Además, sugirió a los legisladores "revisar artículo por artículo de la ley que regula el funcionamiento de la Corte y modificar alguno si dio algún problema".
En tanto explicó porqué la Sala 2 de la Corte concentra más causas: "A la sala Penal y Laboral llegan más que a la Civil porque la conflictividad que presenta la sociedad actual lleva a esto". Y retrucó: "El número no es un argumento para decir la Sala 2 está recargada. Siempre fue así. Por eso la sala 2 ha tenido siempre tres veces -como mínimo- el número de empleados y secretarios de la Sala 1".
Además, fue contundente sobre la necesidad de tener jueces especializados: "La pregunta es ¿qué Corte queremos? Queremos jueces especializados. Si tengo gente que sabe de esa materia me puedo hacer responsable de la sentencia que dicta, pero si no es un juez especializado la sentencia no la va a dictar el juez, sino los empleados", sostuvo.
Y agregó: "Quiero una Corte que le resuelva los problemas a la gente, quiero seguir con salas especializadas. No es cierto que todos estamos capacitados para todo. Pero si nos estamos quejando de la gran cantidad de juicios que llegan a la Corte necesito gente que sepa resolver". "Yo creo que este proyecto no entra al fondo del asunto", advirtió.
Por su parte, el ex ministro de la Corte, Alejandro Perez Hualde también se manifestó en contra del proyecto. "El proyecto acierta en el sorteo de las causas originales, como acciones procesales administrativas y la inconstitucionalidad. Pero no quiero bajarlo a una justicia de primera instancia. Al administrado que llega a la Corte le hemos hecho agotar las instancias. Ponerlo de nuevo en la máquina no me parece", advirtió.
"Hay muchas cosas imprecisas y una cuestión peligrosa en ese 4 a 3, que puede cambiar (respecto a la composición de la Corte, vinculado a la cuestión partidaria)", sostuvo y lanzó una advertencia: "No quedan instrucciones claras hacia el resto de la escala. No va a poder ser invocada la jurisprudencia".
En coincidencia con Kemelmajer, sostuvo que no se debe perder la especialidad. "Es una oportunidad para solucionar un montón de problemas. Tenemos una gran oportunidad de arreglar muchísimas cosas, pero con otro espíritu", sentenció.
Al respecto, hizo un aporte: "Tenemos que solucionar el problema de la subrogancia, que se sortee entre todas las cámaras y de tosa la provincia. Deberíamos tener Secretarías en todos los departamentos".
Por su parte, el ex gobernador Arturo Lafalla, fue claro en su postura: "Primera sugerencia: escuchen a mucha gente con la trayectoria antes de tomar la decisión", les dijo respecto a las exposiciones de Pérez Hualde y Kemelmajer.
"Hubo muy buenas reformas, vienen funcionando muy bien. Pero no advierto que este proyecto garantice una notoria celeridad en los procesos, que es uno de los reclamos populares sobre la Justicia. Al contrario, me parece que lo complicaría. Hoy hay un clamor porque el Estado no incremente los gastos, y esto implicaría mas personal jerárquico", advirtió.
"Venimos con esta ley desde 1.984 y el tema de las salas funcionó. La celeridad en la administración de justicia es sustancial. A eso tienen que apuntar las reformas y ésta no lo garantiza", agregó.
"Es una verdad de perogrullo es que hay que simplificar el procedimiento para acortar los plazos. Eso en este proyecto no está", concluyó.
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