Luego de varias semanas de conflictividad en las calles, el Gobierno de Mendoza convocó a la reapertura de paritarias para el próximo jueves 21 de julio, cuando volverá a verse las caras con los representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores estatales de los diferentes ámbitos que hacen a la administración pública provincial.
La última vez que patronal y sindicatos se reunieron en la mesa de negociación salarial fue en marzo. Por entonces, el Ejecutivo logró cerrar acuerdos con la totalidad de las entidades, que aceptaron -con variables según el sector- un incremento en cuotas del 40% y la mejora en diversos adicionales o la creación de nuevos, específicos para cada régimen, incluido el blanqueo del bono de $7.200.
Sin embargo, el contexto inflacionario que padece el país dejó desactualizado el aumento convenido a principio de año, razón por la cual los gremios exigen desde hace tiempo el reinicio de la discusión de los sueldos.
Con los números frescos de la inflación de junio, la pérdida del poder adquisitivo (incremento otorgado acumulado menos variación de precios general) se ubica en torno a los diez y quince puntos porcentuales, teniendo en cuenta que la suba de precios en Mendoza se posiciona unas décimas por debajo del 40%.
“El Gobierno debió haber convocado a rediscutir paritarias a finales del mes de mayo, cuando los índices inflacionarios demostraban que superarían claramente el acuerdo salarial”, sostuvo a Sitio Andino el secretario general de UPJCM (Casinos), Martín Caín.
El sindicalista anticipó que el gremio reclamará a la patronal una suba salarial del 25% “en blanco, remunerativa y bonificable”, adicional a lo ya convenido, “con el fin de que podamos superar en cuatro o cinco puntos el índice inflacionario y recuperar lo perdido los meses anteriores”.
Del lado de los profesionales de la Salud, la titular de Ampros Claudia Iturbe adelantó a este medio que retomarán el pedido de que los salarios se ajusten por inflación, política que supo implementarse durante la gobernación de Alfredo Cornejo, luego desestimada por la gestión Suarez. No obstante, aclaró que “no necesariamente” debe repetirse la “cláusula gatillo” que se impuso por aquellos años, sino que “bien podría ser una fórmula que incluya en el cálculo el nivel de recaudación”. Misma postura mantiene la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, que durante la semana realizará bocinazos y concentraciones en distintos puntos de la provincia.
Por parte de ATE, su secretario general -Roberto Macho- dejó claro que las medidas anunciadas en conjunto con el Frente Estatal para esta semana siguen firmes. Por eso llamó a los estatales de la Provincia a acompañar la concentración y movilización convocada para el propio jueves a las 9.30 en el nudo vial de la Ciudad de Mendoza.
“Más allá de las presiones y los aprietes del Gobierno, vamos a salir a la calle y seremos miles marchando por el centro diciendo basta de darle más a los que más tienen y menos a los que realmente nada tenemos”, sentenció.
La exigencia puntual de esa central obrera es un aumento salarial de emergencia de $40 mil para todo personal que perciba un sueldo bruto menor a los $200.000. La suma disminuiría a $30.000 para los inferiores a 250 mil, y a $20 mil en el caso de los que excedan ese haber. Además, solicita el cumplimiento de los pases a planta convenidos con anterioridad.
En cuanto al gremio más grande de Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), en plenario provincial a principios de mes votó un paro de 48 horas para el regreso a clases (26 y 27 de julio), que se suma a las asambleas en las dos jornadas siguientes. La medida de fuerza sigue activa y proyectan que tendrá un alto acatamiento.
La secretaria general de esa organización, Carina Sedano, reveló que existe voluntad de diálogo, pero señaló que hay descreimiento respecto a la "buena fe" del Gobierno por las últimas medidas unilaterales adoptadas. Planteó que la propuesta oficial "debe ser por encima de la inflación, como exigen desde el 1° de Mayo.