Discapacidad y Universidades se convirtieron en dos de los principales focos de negociación del Presupuesto 2027 que ya está en el Congreso.
Modificaciones en el presupuesto.
El Gobierno nacional abrió la posibilidad de revisar las partidas destinadas a Discapacidad y Universidades dentro del proyecto de Presupuesto 2027, en busca de acercar posiciones con sus bloques aliados y con los sectores involucrados en ambos conflictos.
La discusión parlamentaria aparece así como una instancia clave para modificar algunos puntos de la propuesta original y avanzar hacia acuerdos que permitan destrabar las negociaciones. Según trascendió desde la Casa Rosada, el Ejecutivo busca mantener su objetivo de equilibrio fiscal, pero está dispuesto a analizar cambios en las partidas.
Uno de los principales focos de discusión está relacionado con la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de una prórroga por un año. Boletín Oficial
La propuesta del oficialismo apunta a no extender la emergencia durante 2027 y avanzar, en cambio, hacia un esquema permanente. Como parte de la negociación, el Gobierno analiza reforzar los recursos destinados al sector y mantener compensaciones reclamadas por los prestadores por los atrasos acumulados durante 2023 y 2024.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación del sistema de aranceles. El proyecto plantea cambios en el esquema vigente y contempla que los valores puedan ser determinados por cada financiador a partir de un piso establecido, en lugar de mantener un nomenclador universal único.
Mientras continúa el debate sobre el Presupuesto, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene las actualizaciones del nomenclador bajo el régimen vigente. Para septiembre se estableció un incremento del 1,7%, además del adicional correspondiente a la zona patagónica.
Desde el Gobierno también se planteó ante el Congreso que el objetivo es garantizar la continuidad de las prestaciones y avanzar hacia un sistema que consideran sostenible y transparente.
En el caso de las universidades nacionales, la negociación parte de una diferencia de varios billones de pesos entre la propuesta oficial y el monto solicitado por el sistema universitario.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,349 billones para las universidades, incluyendo partidas vinculadas con funcionamiento, personal, inversión y otros programas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cambio, presentó una propuesta cercana a $11 billones para el próximo año.
La brecha entre ambas cifras ronda los $3,65 billones, por lo que el financiamiento universitario será uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento legislativo.
Los rectores sostienen que el monto solicitado responde a las necesidades del sistema y al cumplimiento de la legislación vigente. El CIN había aprobado a comienzos de septiembre su propuesta presupuestaria durante un plenario que reunió a autoridades de 60 universidades.
Frente a este escenario, la Casa Rosada analiza incrementar la oferta inicial, aunque sin aceptar de manera automática el reclamo de las universidades.
El conflicto universitario tiene además un capítulo judicial. El Gobierno considera que un eventual acuerdo sobre el financiamiento podría contribuir a modificar el escenario generado por las medidas cautelares y las demandas vinculadas con la recomposición salarial contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.
De esta manera, la discusión presupuestaria podría convertirse en una instancia para intentar reencauzar simultáneamente las negociaciones políticas y los conflictos judiciales.
Con el proyecto de Presupuesto 2027 ya presentado, el oficialismo deberá ahora avanzar en conversaciones con sus aliados y con los distintos sectores involucrados.
Discapacidad y Universidades aparecen entre los principales puntos que podrían sufrir modificaciones durante el debate parlamentario, mientras el Gobierno busca encontrar un punto de acuerdo que permita sumar apoyos sin abandonar su objetivo de equilibrio fiscal.
