La justicia resolvió un juicio civil entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y una conocida banda de rock nacional.
El caso Pablo Cordero sigue generando repercusión en la justicia.
La Justicia de Mendoza resolvió parcialmente los recursos presentados en un juicio derivado de una causa por daños y perjuicios iniciada por la familia de Pablo Germán Cordero contra el Club Social y Deportivo General San Martín y los integrantes de la banda Bersuit Vergarabat, con motivo del fallecimiento de Cordero durante un concierto realizado en 2003.
La sentencia dictada por la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza analizó ahora el reclamo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por el pago de honorarios profesionales que había realizado dentro de ese proceso. El tribunal confirmó que la comuna podía reclamar el dinero, aunque modificó la forma en que debía distribuirse entre los demandados.
De esta manera, el juicio actual quedó limitado al recupero de los $252.542 que la Municipalidad había abonado por error en concepto de honorarios del abogado Ricardo Benso. La Cámara estableció que el Club General San Martín deberá afrontar $126.271, mientras que los cinco integrantes de Bersuit alcanzados por la sentencia deberán pagar $25.254,20 cada uno. Todos estos montos serán sumamente mayores debido a los intereses originados en la investigación.
El expediente que dio origen a estos honorarios fue el juicio por daños y perjuicios promovido por la familia de Pablo Germán Cordero contra la Asociación Club General San Martín y otros, a raíz del hecho ocurrido durante el concierto de 2003. Dentro de esa causa, el Club y los integrantes de Bersuit Vergarabat habían citado a la Asociación Civil Brazos Abiertos.
Esa citación fue posteriormente rechazada por las distintas instancias judiciales. Como consecuencia, se impusieron las costas a quienes habían realizado la citación, entre ellos el Club General San Martín, Gustavo Cordera, Oscar Righi, Juan José Subirá, Carlos Martín e Isel René Céspedes. Entre esas costas se encontraban los honorarios del abogado Ricardo Benso.
Durante la liquidación, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza pagó esos honorarios, pese a no ser la obligada a hacerlo. El pago se concretó el 30 de julio de 2014. Por ese motivo, la comuna inició una acción de subrogación para recuperar el dinero.
La Cámara consideró que la Municipalidad tenía derecho a reclamar lo abonado, pero entendió que la obligación no era solidaria.
Por ello, modificó la sentencia de primera instancia y distribuyó el monto entre el Club y los cinco integrantes de la banda según las partes correspondientes.
