El ministro de la Suprema Corte explicó las garantías constitucionales en un proceso penal, los derechos de las partes y los límites que tiene la Justicia frente a la inseguridad.
En "Ciudadanía y República", el juez de la Corte enumeró las garantías que intervienen en todo proceso penal.
Foto: Cristian Lozano
El proceso penal no es un ámbito en el que el Estado pueda actuar sin restricciones. Por el contrario, existen garantías constitucionales que establecen límites al ejercicio del poder y protegen los derechos de los ciudadanos, tanto de quienes son investigados por un delito como de quienes resultan víctimas.
Sobre esos principios giró el noveno episodio de "Ciudadanía y República", el ciclo de Andino Streaming en el que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, explica el funcionamiento del Poder Judicial y su relación con la ciudadanía.
El magistrado repasó las principales garantías que rigen en un proceso penal, desde el principio de legalidad y la presunción de inocencia hasta el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la figura del juez natural. También se refirió a los derechos de las víctimas y al papel que deben cumplir los jueces frente a los reclamos sociales por mayor seguridad. "El juez no es el justiciero", planteó.
Valerio explicó que el derecho funciona como un límite al poder de quienes ejercen la autoridad. En un sistema basado en la soberanía popular, el titular del poder es el pueblo y quienes gobiernan deben hacerlo de acuerdo con la Constitución y las leyes. "Quien gobierna no puede gobernar como quiere, sino como se establece de acuerdo a la Constitución", afirmó.
Cada una de esas garantías nació como respuesta a un abuso concreto del poder del Estado. Valerió planteó que los ciudadanos tienen la responsabilidad de exigir que se respeten esos principios. "Los ciudadanos tenemos que exigirlo, aprender a exigir", postuló.
Valerio también respondió a una percepción que suele surgir desde la sociedad: que las garantías y los derechos parecieran estar dirigidos exclusivamente a los acusados y no a las víctimas.
El juez rechazó esa concepción. Explicó que las víctimas y sus familiares pueden constituirse como querellantes, aportar pruebas y contribuir a la acusación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Incluso tienen la posibilidad de recurrir una sentencia si consideran que la resolución no se ajusta a las pruebas o que se aplicó una calificación legal incorrecta. "Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y a ser parte en el proceso", resaltó.
En ese sentido, sostuvo que los derechos y las garantías están estrechamente relacionados. Los primeros establecen aquello que corresponde a cada ciudadano, mientras que las segundas permiten que puedan ejercerse efectivamente.
El magistrado también se refirió a las garantías que mantienen las personas privadas de libertad durante la ejecución de una pena. Recordó que la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser "sanas y limpias, para seguridad y no para castigo".
Entre esos derechos mencionó el respeto a la integridad física y las condiciones de detención. Además, explicó que existen mecanismos para acceder a determinados "beneficios" de acuerdo con la conducta y el tiempo transcurrido, como la libertad condicional y las salidas transitorias.
Esos mecanismos también pueden permitir que una persona continúe sus estudios universitarios, por ejemplo, mediante salidas para concurrir a la facultad. Durante esa etapa —agregó— las víctimas o sus familiares también pueden expresar su opinión (que no es vinculante).
Valerio se refirió a los reclamos sociales —incluso desde el Ejecutivo — que suelen dirigirse a jueces y fiscales ante situaciones de inseguridad. Explicó que las responsabilidades están divididas entre los distintos poderes del Estado: el Ministerio Público Fiscal investiga los delitos, el Poder Ejecutivo tiene a su cargo la seguridad pública (Policía y otras fuerzas de seguridad) y el Poder Legislativo establece las leyes.
La función de los jueces, en cambio, consiste en resolver los casos en los que se atribuye a una persona la comisión de un delito, de acuerdo con la Constitución y las normas vigentes. "Los jueces están para resolver conflictos. El juez debe ser independiente e imparcial. No es parte. No es el justiciero", afirmó.
Por eso, consideró que la contribución del Poder Judicial a la seguridad consiste en garantizar que el sistema funcione correctamente, respetando las responsabilidades y las reglas establecidas.
Finalmente, cuestionó la vigencia de los jueces de instrucción (figura que en Mendoza ya no existe, pero se mantienene en otras jurisdicciones, así como en la Justicia Federal) en el modelo constitucional posterior a la reforma de 1994, al sostener que la investigación y el juzgamiento deben estar a cargo de actores diferentes.
“Ciudadanía y República”, de Andino Streaming, es un ciclo de contenido institucional y educativo, de periodicidad quincenal, orientado a explicar de manera clara y accesible los principales conceptos del sistema democrático, el funcionamiento de la Justicia y los derechos y deberes de los ciudadanos.
El programa busca acercar la Justicia a la ciudadanía y promover una participación informada en la vida democrática, a partir de un abordaje pedagógico de temas que suelen percibirse como lejanos o complejos.
