Según el CEPA, el Presupuesto 2027 mantiene una caída real del 25,2% para las universidades frente a 2023, mientras persiste el deterioro salarial en el sector.
El Presupuesto enviado al Congreso consolida en ajuste universitario
Las universidades nacionales llegarían a 2027 con un presupuesto que apenas mejoraría su poder de compra respecto del año anterior y conservaría una pérdida de una cuarta parte frente a 2023. Así lo plantea un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza las partidas del proyecto enviado al Congreso y advierte que el incremento real previsto, del 0,3%, consolida el ajuste acumulado durante la gestión de Javier Milei.
Frente al crédito vigente para 2026, la propuesta prácticamente sostiene el financiamiento. Si la referencia es 2023, en cambio, la reducción alcanza el 25,2%, aun después de descontar el efecto de la inflación. Ese retroceso presupuestario convive con una pérdida salarial: hasta agosto de 2026, docentes y no docentes mantenían un poder adquisitivo un 25% inferior al de noviembre de 2023.
El estudio se concentra en el programa 2026, denominado Desarrollo de la Educación Superior. Entre 2023 y 2025, sus recursos cayeron un 35,4% en términos reales. Para 2026, el presupuesto vigente al 15 de septiembre muestra una reducción acumulada del 25,4% frente a 2023.
Esta última estimación supone que no habrá nuevas actualizaciones presupuestarias hasta diciembre. Para calcularla, el CEPA utiliza pesos constantes y proyecta la inflación restante del año con la mediana del REM del Banco Central de agosto. Sobre esa base, el proyecto para 2027 introduce una mejora marginal, insuficiente para recuperar los niveles previos.
El informe también señala una particularidad en la distribución de las partidas. El programa incluye $851.558 millones bajo el concepto Fortalecimiento de Recursos Humanos que, según el CEPA, quedan sujetos a la decisión de la Secretaría de Educación. Su inclusión presupuestaria, por lo tanto, no asegura que sean ejecutados y deja un margen de discrecionalidad sobre recursos vinculados con el personal universitario.
La distancia entre el proyecto y la Ley de Financiamiento Universitario constituye otro eje del análisis. Según el cálculo del CEPA, si se hubiera aplicado la norma ratificada por el Congreso, el presupuesto de las universidades ascendería a $9,74 billones a valores de 2027, actualizado por la inflación promedio que proyecta el Gobierno para ese año. Ese monto superaría en un 29,8% la asignación contemplada en el proyecto.
El conflicto arrastra una extensa secuencia. La ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada el 10 de septiembre y ratificada por el Congreso el 2 de octubre. El 21 de ese mes, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que carecía de financiamiento. El informe cuestiona esa justificación y recuerda que la propia norma habilitaba las adecuaciones presupuestarias necesarias.
El 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicarla. Luego, el 18 de febrero de 2026, el Gobierno presentó un proyecto para modificarla, que ingresó por Diputados pero no llegó a tratarse en comisión. La discusión del presupuesto vuelve así sobre una diferencia que permanece abierta: los recursos que surgirían de cumplir la ley y los que el Ejecutivo propone asignar.
La pérdida de ingresos adquiere otra dimensión cuando se amplía el período de comparación. Un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad cobraba en noviembre de 2015 el equivalente a $1.163.366 de agosto de 2026. En este último mes, su salario era de $652.727. La caída real alcanzó el 43,9%.
Para ese mismo cargo, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario habría llevado el sueldo a $870.744, según el informe. La pérdida frente a 2015 se habría reducido al 25,2%, aunque tampoco se habría recuperado íntegramente el poder de compra de entonces.
El CEPA compara además las remuneraciones de agosto con las canastas que determinan los umbrales de pobreza e indigencia para un hogar tipo 2. Solo los docentes titulares y adjuntos con dedicación exclusiva y los no docentes de las categorías 1, 2 y 3 superaban el valor de la canasta básica total. Los salarios de jefes de trabajos prácticos y auxiliares con dedicación semiexclusiva, así como los de todos los cargos de dedicación simple, quedaban por debajo de la canasta básica alimentaria.
El proyecto agrega una condición para los aumentos de 2027: se aplicarán sobre las plantas docentes y no docentes vigentes en las liquidaciones de noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas por las autoridades nacionales competentes. Entre esa restricción, las partidas de ejecución discrecional y la brecha con la ley de financiamiento, la mejora presupuestaria prevista deja pendiente la recomposición de los recursos y los salarios universitarios.
