El Foro Permanente por la Discapacidad consiguió incorporar modificaciones a la nueva legislación. Pablo Bolego explicó por qué la discusión todavía no está cerrada.
Modificaciones en la Ley de Discapacidad.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó una nueva ley de discapacidad, luego de una serie de negociaciones entre legisladores oficialistas, opositores y representantes de organizaciones que vienen reclamando medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
El acuerdo permitió incorporar modificaciones consideradas fundamentales por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde hace meses exige la continuidad de las protecciones establecidas en la Ley de Emergencia en Discapacidad N.º 27.793.
Sin embargo, pese al avance legislativo, todavía quedan dos instancias decisivas: la aprobación del Senado y la incorporación de los recursos necesarios en el Presupuesto Nacional 2027. En diálogo con Noticiero Andino de San Rafael, Pablo Bolego, integrante del Foro Permanente por la Discapacidad, se refirió a la situación actual y a los desafíos que enfrenta el sector.
El Foro Permanente por la Discapacidad viene sosteniendo desde el inicio de las negociaciones la necesidad de prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y frenar las medidas de ajuste que afectan al sector. La continuidad de las protecciones previstas en esa normativa constituía uno de los principales puntos de negociación con los legisladores nacionales.
En la previa de la votación, representantes del Foro mantuvieron reuniones con diputados del oficialismo y de la oposición, durante las cuales plantearon las modificaciones que consideraban necesarias. A partir de esos encuentros, se incorporaron artículos que permitieron alcanzar un acuerdo político y obtener la media sanción de una nueva legislación.
El texto aprobado establece un régimen permanente que contempla aspectos centrales de la protección de las personas con discapacidad, entre ellos las pensiones no contributivas, las prestaciones y los mecanismos de actualización de los aranceles. DeQuéSeTrata+2
Si bien la votación en Diputados representa un avance para las organizaciones, el proceso legislativo todavía no concluyó. El proyecto deberá ser tratado y aprobado por la Cámara de Senadores para avanzar hacia su sanción definitiva.
Desde el sector consideran fundamental que las modificaciones incorporadas durante las negociaciones se mantengan en el tratamiento legislativo. El objetivo es que las protecciones acordadas no queden limitadas a una negociación parlamentaria, sino que se conviertan en herramientas efectivas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
El segundo desafío está relacionado con el financiamiento de las medidas aprobadas. Las organizaciones reclaman que el Presupuesto Nacional 2027 contemple las partidas necesarias para implementar las disposiciones de la nueva legislación.
Este aspecto genera especial preocupación, ya que la Ley de Emergencia en Discapacidad N.º 27.793 atravesó dificultades para su implementación, precisamente por las controversias relacionadas con su financiamiento. En ese contexto, el Foro Permanente insiste en que los avances legislativos deben estar acompañados por recursos económicos suficientes para garantizar su cumplimiento.
La discusión presupuestaria será, por lo tanto, una instancia determinante para definir el alcance real de las medidas. Oficina de Presupuesto del Congreso+2
En su diálogo con Noticiero Andino, Pablo Bolego abordó el escenario que se abre después de la votación en Diputados y la importancia de continuar con los reclamos hasta que las medidas tengan una aplicación efectiva.
La situación mantiene en alerta a las organizaciones que representan a personas con discapacidad, sus familias y los distintos sectores vinculados con la prestación de servicios.
Aunque el acuerdo parlamentario representa un avance, la atención está puesta ahora en el Senado y en las decisiones presupuestarias que deberán garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos reconocidos.
