La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo este lunes en la provincia de Mendoza para encabezar el II Consejo de Seguridad Interior.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró alineada al gobierno de Javier Milei y marcó un contrapunto con el presidente del PRO, Mauricio Macri.
Foto: Prensa Gobierno de MendozaLa ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, participó este lunes del II Consejo de Seguridad Interior, que se desarrolló en la provincia de Mendoza, y detalló cuáles son los delitos que más le preocupan al Gobierno.
Acompañado de sus pares de Defensa, Luis Petri; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el gobernador Alfredo Cornejo; la vice, Hebe Casado y la titular de Seguridad y Justicia provincial, Mercedes Rus, la funcionaria del gabinete de Javier Milei aseguró que muchos de los proyectos que se trabajaron durante el encuentro ya se aplican en Mendoza.
Así, resaltó las propuestas para modificar el delito de encubrimiento y tipificar el robo de cables, impulsadas por Cornejo, además del proyecto de ley de Reiterancia, una "ley contra las mafias", la regularización de armas fueras del sistema y un cambio al artículo 30 del Código Penal para que "las fuerzas de seguridad se sientan más seguras a la hora de trabajar".
La ministra sostuvo que el foco de la preocupación está puesto en una serie de delitos que se repiten a lo largo de todo el país. "El más masivo es el robo de celulares y estamos trabajando en conjunto con el Enacom. También el robo de cables, las organizaciones criminales que toman territorios y, en Rosario, el narcotráfico: bajamos el 57% los homicidios. Preocupa también el robo de motos y los motochorros", aseguró.
Por otra parte, afirmó que se firmaron convenios para evitar el ingreso de personas violentas a espectáculos deportivos y cargó contra la AFA. "Necesitamos que se ponga los pantalones largos y haga algo antes, no cuando el problema explota", cuestionó.
Asimismo, Bullrich también habló sobre el anuncio de Cúneo Libarona, que adelantó que el proyecto de ley de disminución de la edad de imputabilidad buscará que a partir de los 13 años se juzgue a los menores.
"Para los menores de esa edad se buscará un tratamiento adecuado. Hay tratados internacionales alrededor de la pena perpetua que es de 25 años. Hay una escala que se construye respecto a las escalas delictuales y cada provincia deberá adaptar cómo se van a tratar las penas", señaló.