La decisión del gobernador Rodolfo Suarez de avanzar con la toma de nueva deuda para refinanciar la deuda en dólares que vence el próximo año a través de un decreto y sin pasar por la Legislatura, está trayendo repercusiones y advertencias por parte de a oposición y de la propia Fiscalía de Estado.
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Nueva deuda: oposición y Fiscalía de Estado amenazan con denunciar a Suarez
Partidos opositores y el fiscal de Estado consideran inconstitucional la decisión del gobernador Rodolfo Suarez de emitir títulos sin permiso de la Legislatura.
Este jueves fue publicado el decreto que dispone la emisión de títulos públicos en pesos para hacer frente a las obligaciones contraídas durante el gobierno de Alfredo Cornejo con el Bono PMM29. La estrategia que pretende Suarez es comprar dólares al valor oficial y pagarle a los acreedores. Esto, sin pedir autorización a la Legislatura, donde se debería contar con los 2/3 de los votos, porque desde el Gobierno entienden que la operatoria se enmarca en lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera de Mendoza (N° 8.706), que faculta al Ejecutivo a reestructurar sus pasivos mediante su “refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia”, sostiene el decreto 2502 que fue publicado este jueves.
Ante esta decisión, desde la oposición y la propia Fiscalía de Estado advierten la inconstitucionalidad ya que el artículo 41 de la Constitución Provincial señala la necesidad de la autorización legislativa para un nuevo endeudamiento.
Esta interpretación fue cuestionada por el fiscal de Estado, Fernando Simón, en el dictamen que emitió a mediados de noviembre. Simón interpreta que la Ley 8.076 habilita la reestructuración (en mejores condiciones) de la deuda pública, pero no la toma de nuevo crédito para pagar servicios de deuda. Básicamente, señala que el artículo en cuestión no da licencia para el roll over permanente. A pesar de que Simón coincide con la “conveniencia” de que el Ejecutivo “cuente con mayor flexibilidad a efectos de administrar sus pasivos, aprovechando los momentos más adecuados así como las oportunidades del mercado”. Aunque aclara que “ello resulta una decisión que recae en el Legislador (Legislatura)”.
Por eso, desde la Fiscalía de Estado admitieron a Sitio Andino que estudiarán la inconstitucionalidad del Decreto 2502. A partir de esto tomarán la decisión de plantearla -o no-. Para esto tiene un plazo de un mes a partir de publicada la norma en el Boletín Oficial.
Ni bien oficializada la decisión de Suarez, los dirigentes de la oposición salieron al cruce advirtiendo que la estrategia excede las limitaciones que impone la Carta Maga. El senador justicialista Lucas Ilardo señaló a través de sus redes sociales que irán a la Justicia para frenar la intención de Suarez.
En el mismo sentido se pronunció la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ), quien señaló que se trata de "un atropello a las instituciones".
El diputado Germán Gómez (PJ) se pronunció en el mismo sentido y advirtió que "Suárez judicializa la política caprichosamente y viola la Constitución Provincial".
Y Mario Vadillo, del Partido Verde, adelantó que esta fuerza "recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de este decreto que impone endeudar a los mendocinos/as por fuera de la ley".
Esto significa un verdadero escollo para el Gobierno ya que los panteos de inconstitucionalidad pueden llegar a poner en riesgo el interés de posibles acreedores, y el tiempo es escaso ya que el primer vencimiento del Bono PMM29 será en marzo.