La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que crea un nuevo Código Unificado de Edificación para establecer criterios técnicos comunes para regular el proceso de construcción en la provincia de Mendoza, tanto privada como pública. Con esto, el Ejecutivo busca superar las diferencias existentes entre las regulaciones municipales.
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Mendoza retoma el debate por la construcción y avanza con el Código Unificado de Edificación
La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que establece criterios técnicos comunes para regular todo el proceso de construcción.
La iniciativa del oficialismo apunta a unificar pautas en materia de elaboración de proyectos, ejecución de obras, fiscalización, conservación y mantenimiento, basándose en la Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial, que habla de promover la coherencia normativa y la articulación entre jurisdicciones.
Actualmente, las comunas cuentan con criterios edilicios diversas e incluso algunas no disponen de un cuerpo normativo propio suficientemente sistematizado, lo que genera "asimetrías regulatorias, incertidumbre administrativa y desigualdad de condiciones".
La propuesta se sancionó con mayoría de votos. Desde el bloque del Partido Justicialista se opusieron porque aseguraron que el proyecto tiene "un error conceptual" al poner al Gobierno como encargado de verificar las construcciones civiles. Además, criticaron que se englobe a todos los municipios cuando cada uno tiene "realidades distintas".
Qué regulará el Código Unificado de Edificación
El proyecto establece requisitos y procedimientos para las distintas etapas del proceso edilicio. Entre otros aspectos, contempla criterios comunes para la tramitación de permisos y avisos de obra, presentación de documentación técnica, inspecciones, responsabilidades profesionales, reformas, ampliaciones e instalaciones. También incorpora disposiciones vinculadas con las condiciones de seguridad, la construcción sustentable y la prevención de riesgos.
Uno de los objetivos centrales es garantizar estándares mínimos en materia de seguridad estructural y de uso, habitabilidad, salubridad, accesibilidad universal y funcionalidad. A esto se suman criterios de eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y prevención de riesgos relacionados con incendios, sismos e instalaciones.
Construcción: qué pasará con las facultades de los municipios
Uno de los puntos centrales del proyecto es que la unificación de criterios no implica quitarles atribuciones a los municipios. El texto establece un régimen marco provincial y contempla que cada comuna pueda adherir mediante una ordenanza, para adoptar el Código como régimen técnico local o como norma complementaria de su propia regulación edilicia.
En ese sentido, la propuesta aclara que no se modificarán las competencias municipales en materia de tasas, derechos, multas, incentivos económicos, habilitaciones, inspecciones y demás procedimientos de control local. La aplicación plena en cada jurisdicción municipal dependerá, por lo tanto, de la adhesión correspondiente.
En cambio, el Código tendrá aplicación obligatoria para la Administración Pública, sus organismos y entes, y para las obras públicas comprendidas en su ámbito de aplicación.
Creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial
La ley crea una Mesa de Trabajo Técnica Provincial del Código Unificado de Edificación, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
El organismo tendrá funciones de coordinación e interpretación técnica, además de proponer actualizaciones y evaluar soluciones técnicas alternativas. También deberá analizar nuevos materiales, sistemas constructivos y tecnologías, así como trabajar en la unificación de criterios con los municipios que adhieran a la normativa.
¿Este nuevo Código incluye a las "casas chinas"?
La norma no habla específicamente de las casas modulares que se importan desde China, pero sí están contempladas las construcciones no tradicionales, donde entraría este tipo de viviendas. Dicha mesa técnica estará habilitada para analizar y controlar la documentación referida a los estudios estructurales y certificaciones emitidas por organismos especializados nacionales a las empresas que ya comercializan estas casas.
Uno de los requisitos más importantes que deberán presentar es el Certificado de Aptitud Sismorresistente (CAS), emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que acredita que el sistema cumple con los reglamentos y resulta apto para ser utilizado en zonas de riesgo sísmico como Mendoza. El Certificado de Aptitud Técnica (CAT) y otros estudios técnicos otorgados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) también son fundamentales.
Sustentabilidad y evaluación de las edificaciones
Respecto a la sustentabilidad, contempla un sistema de evaluación y certificación aplicable a proyectos de obra nueva, ampliación y remodelación. La aplicación de esta metodología es voluntaria, salvo que cada municipio disponga su obligatoriedad para determinados tipos de proyectos, escalas de intervención, usos o localizaciones.
La evaluación incluye aspectos vinculados con la eficiencia en el uso de la energía, la gestión del agua, la gestión de residuos y la eficiencia en la ocupación del suelo. Para viviendas unifamiliares y multifamiliares prevé procedimientos de categorización y planillas de evaluación de prácticas sustentables.
El Código establece cuatro categorías ambientales (A, B, C y D) para que las comunas puedan otorgar mayores incentivos para los proyectos que acrediten mejores niveles de sustentabilidad. Entre las alternativas previstas se encuentran incrementos en los indicadores urbanísticos FOT y FOS o la habilitación de mayores alturas; exenciones o reducciones de tasas y derechos municipales; prioridad en trámites administrativos; reconocimientos institucionales y acceso a programas de financiamiento o subsidios.
