La Legislatura de Mendoza se prepara para tratar las modificaciones del Estatuto del Empleado Público impulsadas por el gobernador Alfredo Cornejo en una sesión que podría ser histórica este martes. Se espera una votación reñida, sin el apoyo opositor, con un posible desempate. Además, los gremios se movilizarán a la Casa de las Leyes.
- Sitio Andino >
- Política >
Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate
La Legislatura de Mendoza trataría las modificaciones del Estatuto del Empleado Público en una sesión que podría ser histórica.
La reforma del Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y del Escalafón Ley 5126, que para los sindicatos es "inconstitucional" y "atenta contra la estabilidad laboral", está en condiciones de llegar al recinto -previa reunión de labor parlamentaria- de la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza para convertirse en ley, tras su aprobación en Diputados.
Pese al intento de la oposición de frenar la propuesta del oficialismo, obtuvo despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Hacienda y Presupuesto.
Votación ajustada y posible desempate
El peronismo, La Unión Mendocina y el Partido Verde aportarían sus votos negativos al proyecto, al igual que el Partido Demócrata. Si esto se concreta, ocurriría un empate. Sin embargo esto no implicaría un problema para el Gobierno, ya que la encargada de desempatar sería la vicegobernadora Hebe Casado.
Al respecto, en diálogo con Aconcagua Radio, afirmó: "Si empatamos, desempató yo". Y se mostró firme en avanzar con la ley pese a que no cuenta con el consenso de la oposición.
Gremios movilizados
Como ha sido durante todo el tratamiento legislativo, los gremios se movilizarán hacia la Casa de las Leyes contra la iniciativa del Gobierno, pero también pidiendo la reapertura de paritarias.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que el lunes 29 realizarán asambleas en los puestos de trabajo, sumadas a una movilización; y que el martes 30 habrá un paro de actividades y una concentración en la Legislatura, a partir de las 8. En el mismo sentido, convocó la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).
Roberto Macho, secretario general de ATE, pidió que "se retire el proyecto de la Legislatura y vuelva a los ámbitos naturales de discusión de las negociaciones colectivas en donde se tratan las condiciones laborales de los trabajadores y salariales de los mismos".
Desde Ampros, la candidata a legisladora (Provincias Unidas), Claudia Iturbe, afirmó: "Es una reforma laboral encubierta, regresiva e inconstitucional; jaquea la estabilidad laboral de más de 100.000 trabajadores estatales y vulnera pilares como la estabilidad, la antigüedad y el derecho a defensa, consolidando así un modelo de precarización estructural, que echa por tierra todos los derechos adquiridos".
Qué dice el proyecto
El oficialismo justificó la reforma en la necesidad de actualizar un marco normativo de más de 50 años, adaptándolo a las restricciones presupuestarias, criterios de responsabilidad fiscal y a la jurisprudencia vigente.
- Simplificación y actualización de los artículos 1 y 2 del decreto 560/73. Allí se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.
- Incorporación de manera expresa la figura del “personal de planta interino”, recogiendo la jurisprudencia que reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente.
- Derogación de normas recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003.
- Definición de los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
- Eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos.
- Modificación de las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
- El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.
- Los agentes públicos tendrán a su disposición los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez agotada esa vía, podrán recurrir a la acción procesal administrativa establecida por la Ley 3918 y sus modificatorias.
La reforma, según el Gobierno busca modernizar el marco legal, "adaptándolo a las necesidades actuales del empleo público y a los criterios establecidos por la Justicia".