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Tierra

La tierra es un recurso natural, no una inversión: el debate por la soberanía sobre recursos estratégicos

La modificación de la Ley de Tierras busca ampliar el límite para compradores extranjeros y abre una discusión sobre el control de recursos estratégicos.

Por Soledad Maturano

El Congreso de la Nación debate este 6 de agosto un proyecto que toca una de las discusiones más sensibles sobre la propiedad de la tierra en Argentina. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno nacional, propone modificar el régimen vigente para flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El proyecto generó controversia cuando el Ejecutivo planteó eliminar por completo las restricciones previstas en la actual Ley de Tierras Rurales (26.737). Sin embargo, tras las críticas políticas y sociales, el oficialismo dio marcha atrás con esa intención y ahora propone elevar el límite permitido del 15% al 25%.

El Gobierno nacional flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

En ese contexto, Mendoza es una de las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras, un dato que genera preocupación sobre el impacto que podría tener una eventual modificación de la norma.

Qué cambia con el proyecto del Gobierno

La Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del territorio nacional. Además, fija otros límites vinculados con la ubicación de los inmuebles y la superficie que puede adquirir cada titular.

El licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales Nicolás Massano, en diálogo con Aconcagua Radio, explicó que el proyecto original impulsado por el Gobierno buscaba eliminar por completo ese tope.

"Lo que buscaba reformar el Gobierno fue, en un principio, eliminar el máximo porcentual permitido en todo el territorio nacional sobre las tierras rurales, que era del 15%. Después recularon y, en vez de decir que no haya un máximo permitido, lo elevaron al 25%, que sigue siendo un porcentaje relativamente alto", señaló.

Ahora bien, Massano sostuvo que el debate no pasa únicamente por la cantidad de hectáreas que podrían quedar en manos extranjeras, sino también por la falta de regulación sobre zonas estratégicas.

No se busca regular qué pasa si esas zonas rurales que se quieren comprar están cercanas a recursos estratégicos. En Argentina uno es dueño de la tierra que posee y con esa tierra puede hacer lo que quiere. No se busca regular qué pasa si esas zonas rurales que se quieren comprar están cercanas a recursos estratégicos. En Argentina uno es dueño de la tierra que posee y con esa tierra puede hacer lo que quiere.

La tierra como recurso estratégico

Uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a cómo debe considerarse la tierra rural: si se trata de un activo más para atraer inversiones o de un recurso estratégico cuya propiedad merece una regulación especial. Para la legislación vigente, la compra de tierras por parte de extranjeros no es equiparada a una inversión extranjera directa.

En ese sentido, Massano explicó que la Ley 26.737 parte de un criterio distinto al que propone el proyecto del Ejecutivo. "La tierra es un recurso no renovable que ofrece el país receptor. Por eso la ley original establece que este tipo de compra no se percibe como una inversión", señaló en diálogo con Aconcagua Radio.

La ley original establece que este tipo de compra no se percibe como una inversión.

El debate cobra especial relevancia en provincias como Mendoza, que registra un 9,06% de sus tierras rurales en manos extranjeras, el cuarto porcentaje más alto del país.

¿Inversión o soberanía?

Uno de los principales argumentos del Gobierno para impulsar la reforma es que una mayor apertura favorecería el ingreso de inversiones extranjeras y el desarrollo económico.

Sin embargo, Massano cuestionó esa mirada y sostuvo que reducir la discusión únicamente al plano económico deja de lado otros aspectos relevantes. "El Gobierno intenta plantear esta discusión desde el lado económico, diciendo que si se liberaliza la compra de tierras rurales habrá un beneficio para el país. Pero es muy ignorante pensar que toda persona que viene del extranjero quiere comprar tierras únicamente por un interés económico", afirmó.

Y agregó que detrás de esas operaciones también existen intereses políticos.

Ese interés político afecta no sólo a la soberanía y a la integridad territorial de nuestro país, sino también a los intereses propios que tenemos como país respecto de nuestra tierra. Ese interés político afecta no sólo a la soberanía y a la integridad territorial de nuestro país, sino también a los intereses propios que tenemos como país respecto de nuestra tierra.

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