La pieza central del programa económico de Milei comenzará a debatirse este miércoles. Bullrich necesita sumar aliados para conseguir dictamen.
El episodio volvió a exponer las diferencias políticas y de conducción que existen entre ambas dirigentes.
Foto: NALa Libertad Avanza buscará acelerar esta semana el tratamiento en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se trata de una de las iniciativas económicas que el Gobierno de Javier Milei considera centrales para consolidar su programa de estabilización y limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria.
El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 26 de agosto, comenzará a ser analizado este miércoles en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Los cuerpos están presididos por el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente.
La intención del oficialismo es cerrar cuanto antes el dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto antes de que termine septiembre. Para conseguirlo, Patricia Bullrich tendrá que desplegar una negociación política que excede los límites de su propio bloque.
El oficialismo cuenta actualmente con 21 senadores de La Libertad Avanza, por lo que necesita sumar al menos 16 legisladores para alcanzar el quórum necesario para sesionar. La primera apuesta estará puesta en los sectores aliados más previsibles. En ese grupo aparecen los tres senadores del PRO y los diez de la UCR, cuyos votos serían determinantes para acercar al Gobierno a su objetivo.
Pero el cálculo no termina allí. Con esos respaldos, a Bullrich todavía le quedarían tres votos por conseguir, y es en ese punto donde comenzará el verdadero poroteo parlamentario. La mirada del oficialismo estará puesta especialmente sobre los senadores provinciales y los bloques que ya acompañaron la iniciativa en la Cámara de Diputados.
Entre los nombres que aparecen en las conversaciones figuran los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la neuquina Julieta Corrozo, la salteña Flavia Royón, los representantes de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espínola, la chubutense Edith Terenzi y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
La estrategia, en consecuencia, será intentar reproducir en el Senado parte del respaldo transversal que el proyecto consiguió en Diputados, donde fue aprobado por 144 votos contra 102, con nueve abstenciones.
El punto clave de la iniciativa es modificar la Carta Orgánica del Banco Central para concentrar su función en la preservación del valor de la moneda y restringir su capacidad para financiar al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.
La propuesta también apunta a eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas no deberían formar parte de las atribuciones centrales de una autoridad monetaria.
Para el Gobierno, se trata de avanzar sobre uno de los mecanismos que, de acuerdo con el planteo libertario, permitió durante años sostener el déficit fiscal mediante la emisión de dinero.
En ese marco, Milei busca presentar la reforma como parte de una transformación más amplia del sistema económico: un Banco Central enfocado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Bullrich también defendió esa orientación al sostener que la iniciativa apunta a "cuidar el valor de la moneda".
Más allá de la discusión sobre la emisión y el financiamiento del Estado, uno de los puntos que podría generar mayores diferencias en el Senado está relacionado con las autoridades del Banco Central. El proyecto establece que el presidente y los directores del organismo deberán contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso por mayoría simple. Para su remoción, en cambio, se establece una mayoría de dos tercios.
Ese cambio introduce una discusión política de mayor alcance, porque modifica el esquema de control sobre quienes conducen la autoridad monetaria y le asigna al Congreso un papel más relevante tanto en la designación como en una eventual salida de sus autoridades.
Para el Gobierno, el objetivo es reforzar la independencia del Banco Central frente a los cambios de administración. En el Senado, sin embargo, ese mecanismo puede abrir un debate sobre el equilibrio entre autonomía de la autoridad monetaria y control político de una institución decisiva para la economía.
El avance del proyecto llega, además, en un Senado atravesado por las diferencias entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. La intención inicial de la titular del bloque libertario era comenzar el tratamiento durante la semana pasada.
Sin embargo, la vicepresidenta y titular del Senado mantuvo durante varios días el texto en su despacho antes de girarlo a las comisiones correspondientes. El episodio volvió a exponer las diferencias políticas y de conducción que existen entre ambas dirigentes, con el manejo de la agenda parlamentaria como uno de los principales focos de tensión.
Ahora, con el proyecto finalmente en comisiones, el oficialismo deberá demostrar que puede transformar su avance en Diputados en una mayoría suficiente en la Cámara alta. El desafío para Bullrich no será solamente conseguir un dictamen, sino construir el número que permita convertir la reforma del Banco Central en ley.
