El Gobierno pondrá en marcha nuevas herramientas para mejorar el cobro de cuotas impagas. La morosidad alcanza a casi 6 millones de personas.
Con casi 6 millones de personas afectadas por la morosidad, el Gobierno busca modificar el esquema de cobro de préstamos otorgados por bancos y fintech. Las nuevas medidas apuntan a facilitar el recupero de cuotas impagas mediante débitos desde cuentas y billeteras virtuales.
Según uno de los últimos informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los atrasos en las deudas familiares dejaron de aumentar en junio por primera vez en un año y medio. La tasa de morosidad de los préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito se ubicó en 12,8%, apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo de mayo.
En el conjunto del sistema financiero, el porcentaje de crédito irregular —la denominación utilizada para medir los atrasos en la devolución de préstamos— también descendió levemente y quedó en 7,6%. La mejora se explicó por una desaceleración en el crecimiento de la cartera irregular y, al mismo tiempo, por un incremento real del financiamiento total.
En este contexto, el Ejecutivo pondrá en marcha desde el lunes 31 de agosto la herramienta denominada Cobros por Transferencia, destinada a facilitar el recupero de cuotas vencidas.
El mecanismo permitirá que una entidad financiera debite una cuota pendiente desde la cuenta bancaria o billetera virtual del cliente que se encuentre en mora. Para hacerlo, será necesario que el titular del préstamo haya otorgado previamente una autorización expresa, que podrá revocar de manera inmediata cuando lo desee.
La normativa también establece límites para evitar situaciones de sobreendeudamiento. Las cuotas deberán ser fijas e iguales y no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor. Además, cuando el dinero del préstamo haya sido depositado en una cuenta de otra entidad, el prestamista podrá intentar cobrar la cuota desde esa cuenta de destino. Antes de efectuar el débito, deberá avisar al usuario con al menos un día de anticipación.
También se establecieron límites a los intentos de cobro: habrá un intento inicial y como máximo dos reintentos, previstos a las 48 y 96 horas, con el objetivo de evitar prácticas abusivas.
La nueva herramienta no generó entusiasmo entre las entidades financieras. Bancos y proveedores de crédito plantearon reparos sobre lo que consideran "problemas de diseño" que podrían dificultar su aplicación.
Una de las principales objeciones está vinculada con la posibilidad de cobrar únicamente desde la cuenta en la que fue depositado el préstamo. Las entidades consideran que esto podría tener poca utilidad práctica, debido a que muchas no estarían dispuestas a transferir el dinero de un crédito hacia una cuenta perteneciente a un competidor.
Otro punto cuestionado es que el mecanismo no contempla el cómputo de intereses por eventuales retrasos en los pagos.
El Gobierno también avanza con una segunda alternativa para mejorar la cobrabilidad: la ampliación del código de descuento sobre el recibo de sueldo. El mecanismo permite que los bancos descuenten directamente del salario del trabajador las cuotas correspondientes a sus préstamos.
Esta herramienta fue reglamentada a partir del artículo 36 de la reforma laboral, aunque todavía resta definir cuándo comenzará a aplicarse. Su puesta en marcha dependerá del BCRA, que deberá completar las normas complementarias y realizar la correspondiente publicación.
De esta manera, el Gobierno busca contener una problemática que, pese a mostrar las primeras señales de estabilización, continúa representando uno de los principales desafíos para el sistema financiero: recuperar el nivel de cobrabilidad de los créditos sin profundizar el endeudamiento de los hogares.
