La Legislatura de Mendoza sancionó este martes la tercera etapa de la "Ley Hojarasca", impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, para derogar más de 130 leyes obsoletas, correspondientes al periodo 1976-1990. El Senado ya elabora la cuarta fase de la iniciativa para continuar con la "limpieza" legislativa.
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La Legislatura de Mendoza aprobó la Ley Hojarasca 3 y eliminó más de 130 normas obsoletas
La Legislatura de Mendoza avanzó con la tercera etapa de la "limpieza" de normas en desuso.
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la iniciativa que propone depurar y simplificar el marco normativo vigente en la provincia. El proceso de revisión incluyó el análisis de normas que fueron superadas por el tiempo o la tecnología, o sustituidas por leyes posteriores.
En la primera etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas hasta el año 1950. En la segunda etapa, las aprobadas entre 1951 y 1975. En esta oportunidad, el análisis abarcó aquellas entre 1976 y 1990.
Criterios para la derogación
La norma organiza las derogaciones según tres criterios principales:
- Leyes superadas por los avances tecnológicos, económicos o el paso del tiempo.
- Leyes reemplazadas por legislación posterior más completa y moderna.
- Leyes que perdieron sentido porque los organismos o instituciones a los que hacían referencia dejaron de existir.
Leyes derogadas
En esta tercera etapa, entre las normas derogadas aparecen textos que hoy resultan anacrónicos por el contexto histórico que regulaban. Una es la Ley 4777, que fija un precio mínimo para la exportación de vino en 0,06 dólares por litro y, aprueba un convenio para la compra de trolebuses a la Unión Soviética.
Otra llamativa es la Ley 5476, que obliga al Ejecutivo a implementar campañas de difusión del ajedrez en todos los establecimientos educativos, o la que impone el uso de los emblemas patrios en los despachos de los funcionarios de los tres poderes del estado, reparticiones autárquicas y descentralizadas.
También figuran iniciativas atravesadas por emergencias puntuales, como la 4988 y la 4990, que establecieron aportes y líneas de crédito especiales para los damnificados por el sismo de enero de 1985, que afectó a amplias zonas del territorio provincial, herramientas que ya cumplieron su objetivo hace décadas, entre otras.