En la Legislatura de Mendoza dieron media sanción a una reforma normativa para puesteros. Las modificaciones propuestas.
Avanza en la Legislatura de Mendoza una ley para agilizar las escrituras de familias puesteras.
En la Legislatura de Mendoza, el Senado otorgó media sanción a la reforma del régimen provincial de regularización dominial, adjudicación de tierras fiscales y arraigo de puesteros. El objetivo es agilizar los procedimientos administrativos para acceder a la escritura de viviendas por parte de las familias que desarrollan sus actividades en zonas no irrigadas de la provincia de Mendoza.
La iniciativa impulsada por el senador Walther Marcolini -aprobada por 30 votos a favor y 5 abstenciones- fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión. El texto de la norma fue elaborado en conjunto con el Gobierno provincial y los equipos técnicos de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (DiGeBiRe).
Según fundamentó el legislador, esta propuesta responde a la necesidad de ordenar y unificar un conjunto de normas sancionadas entre 1993 y 2025, algunas de las cuales presentan superposiciones, disposiciones desactualizadas y vacíos administrativos que dificultan la resolución de los trámites. En ese sentido, remarcó que existen generaciones de familias que llevan años trabajando sus tierras sin poder acceder al título de propiedad.
La reforma modifica las leyes 8472, 8475, 9631 y 9632, que regulan aspectos vinculados con los loteos de vivienda social, la regularización dominial, las tierras fiscales y el Programa Mi Escritura. Entre los cambios establecidos en la norma se encuentran:
Loteos para viviendas sociales
Las deudas pendientes ya no impedirán realizar la primera escritura.
Los adjudicatarios podrán acceder a facilidades de pago y dejar asentado el saldo adeudado en la escritura.
Regularización de inmuebles del Estado
Se amplían las posibilidades de regularizar terrenos fiscales ocupados de manera pública, pacífica y sostenida.
Se exige que estén destinados a vivienda única y que sean aptos jurídicamente para su transferencia.
Adjudicación de tierras fiscales
Se flexibilizan los requisitos para adjudicar terrenos a familias que acrediten ocupación pública, pacífica y continua.
Se habilita la adjudicación directa para quienes hayan realizado mejoras y destinen el terreno a vivienda o explotación productiva, siempre que cumplan las condiciones legales y territoriales.
Se crea la figura de venta social para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esas familias podrán comprar el terreno al 50% de su valor, calculado sobre la tierra libre de mejoras.
La falta de servicios básicos, como agua o electricidad, no será por sí sola un impedimento para acceder a la adjudicación.
Se mantienen controles para evitar adjudicaciones en áreas protegidas, cauces o zonas de riesgo aluvional.
Programa Mi Escritura
Se amplía el alcance del programa para incorporar a cooperativas, mutuales, sindicatos, uniones vecinales y otras entidades intermedias.
Se busca facilitar la escrituración de viviendas que ya fueron canceladas, pero cuyos propietarios todavía no tienen título por dificultades vinculadas con las entidades que transfirieron los terrenos.
Se establece la condonación de determinadas deudas correspondientes a adjudicaciones anteriores a 2015, bajo las condiciones previstas en la normativa.
El proyecto también modifica la Ley 6086, que regula el arraigo de los puesteros en Mendoza. El nuevo régimen se incorpora como anexo a la iniciativa y busca dar una respuesta específica a las familias que habitan históricamente las tierras no irrigadas de departamentos como Malargüe, Lavalle y otras zonas rurales de la provincia.
Marcolini explicó que se trata de realidades particulares, vinculadas con actividades tradicionales como la trashumancia y la cría de ganado caprino, desarrolladas en terrenos que han sido ocupados de generación en generación.
Entre las modificaciones previstas, se establece que los puesteros podrán acceder a la adjudicación de sus tierras abonando el 75% del valor fiscal del terreno libre de mejoras. El pago podrá realizarse en un plazo de hasta diez años, con cuotas adaptadas a los ciclos de cada actividad productiva. Durante ese período, no podrán vender ni arrendar el inmueble, con el propósito de garantizar la permanencia de las familias en el territorio.
La reforma también incorpora herramientas tecnológicas para reducir los costos de mensura, entre ellas la posibilidad de utilizar drones, y establece un plazo de 180 días para resolver las inscripciones en el Registro Único de Puesteros.
En materia de protección, la iniciativa propone un nuevo mecanismo para evitar que los procesos judiciales de desalojo afecten a quienes se encuentran comprendidos en el régimen. Para ello, declara una emergencia por única vez y por el plazo de dos años, durante la cual podrán avanzar los procesos judiciales hasta el dictado de sentencia, pero no podrán ejecutarse los desalojos de los puesteros inscriptos respecto de los inmuebles alcanzados por la normativa.
Este plazo podrá extenderse por un año adicional cuando la demora no sea atribuible al puestero, ya sea mediante una ley o por decisión judicial, con un límite máximo de tres años. Además, se establece que la trashumancia y las situaciones de sequía no podrán considerarse abandono del puesto, y que quienes ya hubieran iniciado sus trámites conservarán la protección correspondiente.
De esta manera, la propuesta busca reemplazar el sistema de prórrogas sucesivas de la suspensión de desalojos por un mecanismo con plazos definidos, que permita proteger a las familias y, al mismo tiempo, evitar la paralización de los procesos judiciales.
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