La nueva legisladora juró este miércoles en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, luego de la expulsión de de Janina Ortiz.
María Belén Castillo asumió su banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza.
Foto: Cristian Lozano
Tras la expulsión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza de Janina Ortiz, este miércoles asumió María Belén Castillo, reemplazante de la banca que dejó la sentenciada por corrupción. La nueva legisladora juró este mediodía e integrará el bloque del PRO.
La incorporación de Castillo a la Legislatura de Mendoza se produce después de que se completara el procedimiento administrativo para definir quién debía ocupar el lugar de Ortiz. Se trata de un hecho inédito en la historia de la provincia, ya que la salida se produjo mediante una decisión de exclusión del cuerpo.
La ahora diputada estuvo acompañada este mediodía por Álvaro Martínez, diputado nacional, y Gabriel Pradines, dirigentes del PRO mendocino, quienes celebraron la jura de la abogada.
El martes pasado, la comisión de Derechos y Garantías concluyó el análisis de la documentación presentada por la reemplazante y emitió un dictamen favorable por unanimidad para habilitar su ingreso a la Cámara baja.
Para determinar quién debía asumir, la comisión recibió la documentación solicitada a la Junta Electoral de la nómina de candidatos de la lista de La Unión Mendocina correspondiente a las elecciones generales de 2023. El lugar le pertenece a María Belén Castillo, dirigente del PRO, exaliado de LUM, por figurar como sucesora luego del fallecimiento del reconocido dirigente del Partido Libertario José Caviglia, quien la precedía en la lista.
También se adjuntó el DNI de la nueva legisladora, que acredita su domicilio, y los certificados que acreditan que no registra antecedentes penales, no figura en los registros de inhibidos y concursados y tampoco en el de deudores alimentarios.
La vacante se produjo luego de que la Cámara de Diputados resolviera la expulsión de Janina Ortiz, quien fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público. Durante el transcurso de la investigación, su escaño se mantuvo suspendido, sin goce de dieta. En la misma causa fue sentenciado el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco.
La sentencia se dictó en el marco de la investigación por peculado relacionada con el destino de más de $35 millones transferidos a la cooperativa Manos a la Obra para realizar trabajos de limpieza que, según la acusación, no se habrían concretado en las condiciones pactadas.
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