La Cámara de Diputados de Mendoza le dio la aprobación final al proyecto de "Ley macro", enviado por el Ejecutivo provincial, que incluye la adhesión al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos, y la liquidación de activos de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO).
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La Cámara de Diputados de Mendoza le dio la sanción definitiva a la adhesión al RIMI
Además, aprobó otras iniciativas para modernizar el Estado provincial y mejorar la eficiencia administrativa. De qué se trata.
La legislación fue aprobada por mayoría de votos, y permitirá “continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo a la inversión”, según afirman los considerandos.
Luego de su paso por ambas Cámaras, la normativa tuvo aportes del Poder Ejecutivo, como también de Diputados y Senadores, que se vinculan con ampliar beneficios impositivos a nivel local, mencionados en la Ley 27.802, para quienes adhieran al RIMI, y específicamente delimitados en el tiempo.
Además de la adhesión, la propuesta suma beneficios propios como estabilidad impositiva, financiamiento, capacitación y prioridad en parques industriales para impulsar la radicación y el crecimiento de empresas, con el objetivo es atraer nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer la producción local.
El proyecto elevado por el Ejecutivo provincial incorpora beneficios complementarios a nivel local, que tendrán una vigencia de 10 años, para maximizar el impacto de las inversiones en el territorio, e incluyen:
- Estabilidad impositiva: las empresas que adhieran al régimen no verán incrementada su carga tributaria provincial durante la vigencia del beneficio.
- Acceso preferente al financiamiento: prioridad en programas provinciales de subsidio de tasas y otras herramientas de financiamiento.
- Capacitación y asistencia técnica: prioridad en programas de formación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.
- Fomento del empleo: acceso prioritario a programas provinciales orientados a la generación de empleo.
- Infraestructura productiva: acceso preferente para la localización y utilización de espacios en parques industriales y otros ámbitos destinados a la radicación de industrias bajo la órbita del gobierno provincial.
De qué se trata la refuncionalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento
El proyecto impulsa una refuncionalización integral del Fondo para adecuarlo al nuevo escenario económico. Contempla dejar atrás el esquema de créditos directos, fortalecer el acceso al financiamiento privado y ordenar el proceso administrativo, patrimonial y laboral del organismo. El Fondo, fue creado por la Ley 6071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.
Para el caso de la refuncionalización del FPTyC, se manifestó que la letra final suma aportes en lo referido a la “reformulación de las pautas de liquidación”. Se establece que “se mantiene la definición del liquidador pero reformula y amplía sus facultades”; en sí el Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá a su cargo la liquidación del FPTyC, para lo cual deberá nombrar un liquidador que contará con las facultades y recursos necesarios para esta labor.
Asimismo, durante el proceso de liquidación y supresión de la administradora provincial del FPTyC “quedarán suspendidas las obligaciones de remisión de informes y publicaciones”; en su reemplazo, “el liquidador deberá presentar un informe trimestral” de avance de liquidación ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y a la Legislatura.
Qué pasará con el Instituto de Juegos y Casinos
En el caso de la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos, se sostiene que no se verán afectados los fondos vinculados a los programas de salud; por lo que se manifiesta que no se exime de cumplimiento lo dispuesto “en el inciso D del artículo 30 de la Ley 8701”.
El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones, y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.
La iniciativa establece que el organismo dará “pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público” y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.
Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 % de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.
Liquidación de los exbancos provinciales y baja de activos incobrables
En otro orden, se apunta a eliminar activos sin posibilidad de recupero, destrabar situaciones legales de larga data y avanzar en el cierre definitivo de un proceso histórico. El objetivo es fortalecer la transparencia y eficiencia de la administración pública. El proyecto pretende avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los exbancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década del 90.
Busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años. La iniciativa también propone adecuar el marco normativo vigente, eliminando disposiciones que dificultan este proceso y simplificando procedimientos administrativos para hacerlo más ágil.
En paralelo, con esta norma se busca reducir riesgos de litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica, al cerrar procesos pendientes y evitar nuevos conflictos derivados de la permanencia de estos créditos en los registros oficiales.