El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, planteó que la separación de poderes no es un principio abstracto, sino una construcción cotidiana que depende del accionar de la ciudadanía, y cuestionó el uso extendido del concepto de “división de poderes”, al que consideró impreciso desde el punto de vista constitucional.
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José Valerio: "Si todos los jueces pensaran igual, no estaríamos en una república"
En el ciclo "Ciudadanía y República", el juez explicó por qué no es lo mismo hablar de división que de separación de poderes y advirtió sobre el rol clave del ciudadano en su funcionamiento.
Las definiciones surgieron durante el segundo episodio de "Ciudadanía y República”, el ciclo de Andino Streaming que busca explicar de manera accesible el funcionamiento de la Justicia y su impacto en la vida cotidiana.
Separación o división de poderes: por qué no es lo mismo
Valerio hizo hincapié en la diferencia conceptual entre ambos términos. Explicó que la idea de “división de poderes” proviene de sistemas donde el poder es único y se fragmenta para limitarlo, como ocurría en las monarquías europeas.
En cambio, remarcó que el modelo constitucional argentino parte de una lógica distinta: el poder no pertenece a un soberano, sino al pueblo, y lo que existe es una distribución de funciones entre distintos órganos del Estado.
“Cuando hablamos de separación de poderes, hablamos de separación de funciones. En tanto que cuando se habla de división de poderes es porque se piensa en un poder único: el del Estado, no del pueblo. Entonces se quiere dividir para que no esté todo junto, porque existe la idea de que es uno solo", sintetizó el magistrado.
Es decir que confundir esos conceptos implica una forma de entender el poder como algo concentrado en las élites, en lugar de reconocer su origen en la ciudadanía.
El rol del ciudadano como garante del sistema
Para Valerio, la vigencia real de la separación de poderes no depende solo de lo que establece la Constitución, sino de su ejercicio cotidiano. En ese sentido, sostuvo que el principal garante del sistema es el ciudadano. “La separación de poderes hay que trabajarla todos los días. El ciudadano es la garantía máxima de que se cumpla”, afirmó.
Para ello, dispone de varias herramientas:
- El voto, como forma directa de incidir en la conformación del poder político.
- La participación en mecanismos como el juicio por jurados, donde se ejerce función judicial. La comunidad juzgando a sus propios miembros.
- El control y la exigencia sobre las instituciones, a partir del conocimiento del sistema. "Hay que exigir a la dirigencia política e institucional que cumpla sus funciones de acuerdo a la Constitución. Y para ello debemos prepararnos todos los días para ejercer como ciudadanos", afirmó.
En síntensis, el ejercicio de la soberanía ciudadana no se limita al acto electoral, sino que implica involucrarse, informarse y reclamar el cumplimiento de las reglas constitucionales. “La república no se basa en los funcionarios, se basa en los ciudadanos. No es que el poder de arriba garantiza derechos: es la ciudadanía la que debe ejercerlos”, resumió el juez.
Y agregó que esperar que quienes detentan poder lo limiten voluntariamente es desconocer la dinámica propia de las instituciones. “Quien tiene poder tiende a acumular más poder”, advirtió.
Por eso, reflexionó que el desafío central no es solo institucional, sino también cultural, y pasa por asumir un rol activo en la vida democrática. “Ser ciudadano es querer tomar decisiones propias, no delegarlas completamente en otros”, postuló.
El poder judicial atomizado y las diferencias con los otros poderes
Sobre el funcionamiento del sistema, Valerio explicó por qué el Poder Judicial tiene una estructura distinta al resto de los poderes del Estado. A diferencia del Ejecutivo, donde la decisión final recae en una sola figura —el gobernador o el presidente—, en la Justicia el poder está dispersado entre los jueces. “En el Poder Judicial está atomizado. Cada juez tiene la atribución de dictar una sentencia, tomar una decisión, que puede ser recurrida”, señaló.
Esa configuración implica que cada magistrado ejerce jurisdicción en su ámbito, pero sus decisiones no son definitivas, ya que pueden ser revisadas por instancias superiores. De ese modo, el sistema cuenta con mecanismos de control interno que permiten corregir o confirmar fallos. “Si esa decisión no nos conforma, podemos recurrirla para que otro tribunal pueda revisarla”, explicó.
Valerio remarcó que esa lógica no es un defecto, sino una característica esencial del modelo republicano. La posibilidad de que distintos jueces interpreten de manera diferente la Constitución forma parte del funcionamiento del sistema. “La pluralidad es fundamental. Si todos los jueces pensaran igual, no estaríamos en una república”, advirtió.
En ese sentido, sostuvo que la diversidad de criterios no solo es esperable, sino necesaria para garantizar un sistema judicial independiente y dinámico.
La selección de jueces y los límites del sistema
En cuanto al proceso de designación de magistrados, el juez evitó definir un modelo único como ideal, pero sí planteó objeciones al funcionamiento actual de los Consejos de la Magistratura. Consideró que esos organismos, creados originariamente para transparentar y despolitizar la selección, también generan nuevas tensiones vinculadas a la disputa por el poder.
En particular, advirtió sobre los procesos de partidización que atraviesan a distintos sectores involucrados, como los colegios de abogados, asociaciones profesionales y ámbitos académicos, que forman parte de los consejos. “Se generan estructuras para influir en quiénes toman las decisiones”, sostuvo.
Asimismo, hizo foco en la discrecionalidad imperante a la hora de la ponderación de los postulantes, por parte de los evaluadores. “El porcentaje de discrecionalidad en la regulación de los Concejos es muy alto”, afirmó. Cuanto mayor es ese margen, mayor es también el incentivo para intentar controlarlos.
Frente a ese escenario, insistió en que los modelos institucionales, por sí solos, no garantizan resultados. “Los ideales son guías”, señaló. Remarcó que su cumplimiento depende, en última instancia, del control ciudadano y del comportamiento de quienes ejercen funciones públicas.
Así, volvió a poner el eje en la ciudadanía como actor central del sistema: no solo en la elección de representantes, sino también en la vigilancia y exigencia sobre cómo se toman decisiones clave, como la designación de jueces.
Sobre "Ciudadanía y República"
“Ciudadanía y República”, de Andino Streaming, es un ciclo de contenido institucional y educativo, de periodicidad quincenal, orientado a explicar de manera clara y accesible los principales conceptos del sistema democrático, el funcionamiento de la Justicia y los derechos y deberes de los ciudadanos.
El programa busca acercar la Justicia a la ciudadanía y promover una participación informada en la vida democrática, a partir de un abordaje pedagógico de temas que suelen percibirse como lejanos o complejos.
- Dirección general: Mabel Cirona
- Producción ejecutiva: Erika García
- Dirección y producción audiovisual: Mike Bartoluce
- Producción periodística y conducción: Facundo La Rosa
- Entrevistado: José Valerio
- Edición: Chiara Perrini
- RRSS: Giuliana Pierucci
- Cámara y Fotografía: Mike Bartoluce
- Arte: Horacio Bogado