El Gobierno logró el aval de la Legislatura para avanzar con un plan para impulsar el sector turístico, una de las industrias con gran potencial y efecto derrame. Se trata de un modelo similar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones del Gobierno Nacional, aunque apuntado a un sector específico. En qué consiste el RIGI de turismo. Un martes donde el tema turístico se metió de lleno en la Legislatura, con la expropiación del predio completo de Los Penitentes.
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Impulso al turismo: el Gobierno dará beneficios fiscales a los privados que inviertan en Mendoza
La Legislatura aprobó el "RIGI" turístico para impulsar áreas postergadas y que puedan convertirse en polos atractivos para inversiones, mediante incentivos fiscales y facilidades para el sector privado.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto para crear un régimen de inversiones para "el Desarrollo Sostenible de Zonas Turística", que están "desaprovechadas en la actualidad por falta de inversión en servicios disponibles para consumidores locales y foráneos".
Este RIGI para el turismo pretende ser "una herramienta de crecimiento a largo plazo ya que genera condiciones que harán atractivas las inversiones en las zonas determinadas", explica el texto enviado a la Legislatura y convertido en ley este martes.
En concreto, el proyecto prevé exenciones fiscales para las inversiones a realizarse en las zonas determinadas por un plazo determinado. Asimismo, se prevé que el Estado Provincial podrá otorgar un aporte que se dividirá en las modalidades de aportes no reembolsables y aportes con sistema de recupero, ambos buscarán compensar el mayor costo de construcción en las Unidades de Integración Territorial señaladas considerando que sus características y distancias encarecen los costos constructivos y consecuentemente el atractivo de las inversiones.
Además, se prevé la autorización de concesiones de hasta 50 años en caso de procesos licitatorios para proyectos de desarrollo previstos en tierras fiscales en estas zonas, ello siempre y cuando el plazo de la concesión sea un factor determinante para la realización de la inversión, resultando proporcionado al nivel de las inversiones requeridas y al más adecuado cumplimiento de la concesión. Precisamente, este fue el punto más cuestionado por la oposición, tanto el PJ, como el PD y La Unión Mendocina.
La ley fue aprobada por 36 votos afirmativos y uno negativo el proyecto. Con esta aprobación, el próximo paso será su promulgación por parte del Ejecutivo provincial para que comience su implementación.
Desde el oficialismo destacaron que "el turismo es un eje fundamental para la diversificación de la matriz productiva de Mendoza, y esta ley busca atraer inversiones que permitan el desarrollo sostenible de áreas turísticas clave en la provincia".
Las zonas que el Gobierno quiere impulsar
De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, se buscan estimular inversiones en los Oasis Uspallata, el Piedemonte Uspallata, la Precordillera Norte, el Macizo Sur en San Rafael, Huayquerías y Payunia. Según los fundamentos del proyecto, estas áreas requieren de un impulso adicional para convertirse en polos atractivos para inversiones, mediante incentivos fiscales y facilidades para el sector privado.
Se trata de áreas que presentan un bajo desarrollo en infraestructura básica, lo que afecta tanto a los turistas como a los habitantes locales, según el diagnóstico del EMETUR (Ente Mendoza Turismo).
La ley contempla la creación de un fondo de promoción turística y de inversores, financiado con el 1% de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Los inversores seleccionados podrán acceder a beneficios como la exención del impuesto inmobiliario y del impuesto sobre los ingresos brutos por un plazo de cinco años. Además, la norma garantiza estabilidad fiscal durante ese periodo, asegurando que no se incrementen las cargas tributarias para los proyectos aprobados.
Por otro lado, la ley busca no solo incentivar el turismo, sino también mejorar los servicios comerciales y logísticos, siempre con la premisa de conservar el medio ambiente y generar empleo.
El único senador que votó en contra fue el demócrata Armando Magistretti, argumentando la selección de determinadas áreas y excluyendo a otras, que necesitan incentivos; mientras que en el mismo sentido se expresó la justicialista Adriana Cano, que planteó la necesidad de extender un régimen similar a otras zonas del territorio mendocino en el futuro, pero acompañó el proyecto.
Qué incentivos propone
El régimen aprobado incluye beneficios como exenciones fiscales por un plazo de cinco años, tanto en el Impuesto Inmobiliario como en Ingresos Brutos, aplicables a los proyectos de inversión aprobados hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga mediante decreto. Además, se garantiza la estabilidad fiscal durante el mismo periodo, lo que asegura que las empresas no enfrentarán un aumento en su carga tributaria ni estarán sujetas a la creación de nuevos impuestos provinciales que afecten sus inversiones.
Uno de los puntos clave de la normativa, es la creación del Fondo de Promoción de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, que se financiará con hasta el 1% de la recaudación total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo la administración del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Este fondo tendrá como objetivo incentivar las inversiones privadas que respeten el uso responsable de recursos hídricos y energéticos, así como la gestión adecuada de desechos.
Asimismo, el proyecto contempla la concesión de tierras fiscales por hasta 50 años, siempre que el plazo de la concesión sea proporcional al nivel de las inversiones requeridas y favorezca el desarrollo de proyectos turísticos en estas áreas. Esto permitirá, entre otras cosas, que los emprendimientos turísticos puedan llevarse a cabo en terrenos del Estado, garantizando un retorno adecuado de las inversiones realizadas.
Además, plantea la creación del Fondo para la Financiación de Obras Hídricas, que será administrado por el Departamento General de Irrigación. Este fondo se alimentará de los recursos provenientes de permisos precarios para el uso recreativo del agua en proyectos turísticos, y estará destinado a la mejora de la red hídrica, aumentando la oferta de recursos para satisfacer nuevas demandas.
Desde el gobierno provincial destacan que esta ley "permitirá no solo mejorar la infraestructura de las zonas turísticas, sino también generar empleo y promover el desarrollo de localidades que históricamente han estado postergadas". Con la colaboración del sector privado y los incentivos ofrecidos por el Estado, se busca transformar estas áreas en polos turísticos sostenibles, impulsando la economía local y fortaleciendo las comunidades aledañas.
En este sentido, el Gobierno invita a los municipios a adherir a la ley, para facilitar la coordinación de esfuerzos entre el ámbito provincial y local, y garantizar el éxito del régimen de promoción de inversiones.