En la sesión especial de la Cámara de Diputados del miércoles, se aprobó una serie de proyectos entre los que se encontró la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, popularmente conocido como “República Cromañón”.
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Expropiación de Cromañón y qué otros proyectos aprobó Diputados
La aprobación de la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche donde en 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas fue unánime, por 207 votos afirmativos. Más allá del consenso, el debate estuvo dotado de polémica.
La media sanción se corroboró en medio de los aplausos de víctimas y familiares de quienes sufrieron la tragedia registrada el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda de rock Callejeros. Pero ya en el recinto la concordia se había perdido. Fue a partir del discurso de la diputada autora del proyecto, Paula Penacca (Frente de Todos), que sobre el final le dio un toque político a su discurso al hablar de cuándo sucedió la tragedia: “En una Argentina que estábamos empezando a levantar, después de otra tragedia como la de diciembre de 2001”, dijo. Y trascartón se refirió a “un gobierno neoliberal que también expulsó a la juventud”, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.
Hasta entonces, la única alusión política la había hecho el diputado José Luis Espert, al disparar contra Néstor y Cristina Kirchner, a quienes acusó de haber apañado en su momento a Aníbal Ibarra tras la tragedia. Las expresiones de Penacca parecieron salir en su respuesta. Ahí estalló la reacción de la oposición, comenzaron los gritos y se perdió definitivamente la calma.
El incendio de Cromañón es considerado la peor tragedia mundial en la historia de la música rock y una de las mayores tragedias no naturales en la Argentina.
Reforma de ley de barrios populares
La cámara dio media sanción al proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, a la vez que incorpora una serie de modificaciones a la norma actual.
Se trata de una ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, y que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).
A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley.
Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.
Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.
También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.
Fomento a la innovación tecnológica
También se aprobó en la sesión el proyecto de ley que incorpora modificaciones a la Ley N°23.877 -o Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica-, orientadas a potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.
Este proyecto considerado a priori como uno de los pilares de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, recibió el aval de los diputados por 223 votos a favor y 3 negativos que corresponde a los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
Según establece la iniciativa, se vuelve a un crédito fiscal del 50 por ciento; a que la Autoridad de Aplicación sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a su vez hará un seguimiento y un informe anual. Asimismo, se vuelven un abanico los impuestos nacionales que pueden ser utilizados para este crédito fiscal (ya que en el 2017 eran solamente los impuestos a las ganancias), y se incorpora la segmentación por empresas; porque no es lo mismo las pymes que las grandes empresas, y esto permitirá aumentar los posibles beneficiarios, y potenciar los perfiles de utilización del crédito.
Otros proyectos
También se aprobó en la sesión un proyecto de resolución para expresar el apoyo de la cámara a la lucha de las mujeres en la República Islámica de Irán “contra la opresión, la violación de los derechos humanos y la grave represión implementada, sosteniendo los derechos universales como nuestra defensa indeclinable”.
Por iniciativa de las diputadas Karina Banfi (UCR) y Silvia Lospennato (PRO), y por un acuerdo alcanzado con la bancada del Frente de Todos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa.
Además, Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto por el cual se extiende a los familiares el beneficio de poder mandar un telegrama o carta documento gratuito para comunicar una situación del empleado a su trabajo o en su defecto a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo.
La iniciativa se aprobó junto a un paquete de iniciativas sin disidencias ni observaciones, es decir que se aprueba sin debate.
El dictamen está basado en los proyectos del exdiputado mendocino Luis Petri (UCR) y del diputado del FdT Carlos Ponce para reformar el artículo 2 de la ley 23.789 sobre sistemas gratuitos de los trabajadores para comunicar una decisión a sus empleadores.
El despacho fija que podrán utilizar los telegramas o cartas documentos los familiares o convivientes del trabajador dependiente, para "cualquier comunicación dirigida a su empleador y/o a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que deba efectuar vinculada con el contrato o relación de trabajo".
Además se aprobó y giró al Senado un proyecto impulsado por el diputado del PRO Héctor Baldassi que establece la obligatoriedad de cantar el Himno Nacional las competencias deportivas en los partidos de carácter internacional que se realicen en los estadios del país y donde jueguen equipos de primera división.
El plenario legislativo convirtió en ley los proyectos que declara de utilidad pública y expropiación a la "Casa Grande", ubicada en Chacras de Coria y otro que modifica la ley Nacional del Deporte sobre asociaciones civiles y deportivas superiores.
Otro proyecto que se aprobó fue un dictamen diseñado en base a las iniciativas de los diputados cordobeses del Pro Héctor Baldassi, y de la UCR Soledad Carrizo y del FDT Gabriela Estevez por el cual se modifica el nombre del Parque Nacional Traslasierra por el de Parque Nacional Pinas.
Fuente: con información de Parlamentario y Télam