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Alcohol al volante

El Gobierno sancionó la ley que endurece sanciones a conductores ebrios: cuáles serán las penas

Alfredo Cornejo promulgó la norma que modifica la Ley de Tránsito. Se penará con hasta 365 días de inhabilitación a conductores reincidentes.

Mientras aumentan en la provincia los casos de conductores borrachos al volante, el Gobernador Alfredo Cornejo promulgó la ley que endurece las sanciones a los automovilistas que conduzcan bajo la influencia del alcohol. Se trata de la legislación 9558, que establece modificaciones a la Ley de Tránsito.

A principios de julio, la cámara baja provincial dio sanción final al endurecimiento de penas a conductores que conduzcan con un nivel de alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre.

Según destaca la normativa, el individuo que incumpla con la reglamentación será sancionado con multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación como accesoria en todos los casos para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

Alcohol al volante en Mendoza: los detalles de la ley que endurece penas a conductores ebrios

Este lunes, a través del decreto 1328, el jefe del Ejecutivo provincial promulgó la Ley 9558 que establece modificaciones a la Ley 9024 de Seguridad Vial de la Provincia de Mendoza. Según explicita el documento, se dispondrán hasta trescientos sesenta y cinco (356) días las penas de inhabilitación para aquellos conductores en estado de ebriedad que son reincidentes.

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El Gobierno sancionó la ley que endurece penas para conductores ebrios: cuáles serán las sanciones

Asimismo, se detalla que el Juez podrá disponer la concurrencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable. En lo que respecta a los vehículos que sean retenidos, estos quedarán a disposición de los magistrados que corresponda en las playas de secuestro provinciales o municipales.

En los casos en que deba intervenir la Justicia Provincial, la resolución del Juez Contravencional para la devolución del vehículo bastará para que se levante la medida. Por otro lado, en caso que los vehículos no se encuentren a disposición de la justicia y no corresponda su entrega, estos pasarán a la órbita del Ejecutivo Municipal o de Resoluciones Viales.

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“Vencido el plazo establecido en este artículo (dos meses), se publicarán edictos y transcurridos dos meses sin novedad, podrán ser irrevocablemente cedidos a favor de los Municipios y/o del Ministerio de Seguridad y Justicia, procederse a la compactación y/o lo que disponga la autoridad”, detalla el documento.

La normativa también busca otorgar a la provincia el certificado de calibración de los alcoholímetros. Para ello se suscribe a convenios con universidades públicas y/o privadas, organismos estatales, y/o privados, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad de índole nacional y/o internacional.

El Gobierno estudia cómo le cobrará la asistencia médica a conductores borrachos

Luego de que la Legislatura convirtiera en ley el proyecto del Poder Ejecutivo para cobrarle la atención médica a personas que manejaban bajo los efectos del alcohol y sufrieron un accidente vial; se viene la etapa de la reglamentación, en la que habrá varios puntos sensibles por definir.

Es que esta nueva normativa establece el cobro para pacientes sin cobertura de obras sociales o prepagas (ya que en los otros casos son las empresas las que abonan), que son los que generalmente tienen menos recursos económicos, con lo cual concretar el pago de una asistencia millonaria será un imposible que se sabe de antemano. Por eso, se evalúan estrategias para que se salde la deuda.

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El Gobierno sancionó la ley que endurece penas para conductores ebrios: cuáles serán las sanciones

Cómo se cobrará la atención médica

Si se tiene en cuenta que la persona sin cobertura tendrá que pagarlo por sus propios medios, se percibe que este recupero que se plantea será difícil en términos de dinero en efectivo, por lo cual se barajan otras alternativas como el embargo de bienes, las trabas en trámites administrativos, o -incluso- la probabilidad de trabajos comunitarios.

Es que, como resalta el ministro de Salud, Rodolfo Montero, los fines de esta normativa no son recaudatorios, sino para "generar conciencia", aunque también apuestan a recuperar "algo" del tremendo gasto que implican los accidentados.

El ministro aclaró que "bajo ningún punto de vista se va a negar la prestación" del servicio médico a la persona accidentada. Este plan de recuperar el costo iniciará luego. "Después viene la cuestión de iniciar el cobro de la factura, como cualquier deuda", explicó.

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