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El Gobierno Nacional respondió a los demandantes por el pedido de suspensión de la ejecución del fallo
El Gobierno Nacional ratificó su postura ante la Justicia de Estados Unidos, luego de que Petersen/Elton y Bainbridge presentaran su oposición a la solicitud de la Argentina de que se deje sin efecto el pago de US$16.000 millones.
Luego de pedir a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo en el que la jueza Loretta Preska ordenó la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio, ahora el Gobierno Nacional respondió a los textos presentados por los demandantes que se oponían a la solicitud de la Argentina.
En los documentos, se destacan varios argumentos. Entre ellos, que el fallo forzaría a la Argentina a violar sus propias leyes y a perder el control que tiene sobre YPF. Además de esto, se indica que una entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como a las provincias y a los bonistas.
Los argumentos del Gobierno Nacional
Para el Gobierno, el caso “Petersen/Elton” no se trata de una “disputa comercial ordinaria”, sino que representa un asunto “sin precedentes con un fallo de USD 16.100 millones, aún apelado”. Una medida que deriva en un escenario complejo. Uno en el que la Argentina se vería obligada “a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible”.
La suspensión del fallo, desde el punto de vista del Estado nacional, no supone perjuicio alguno contra los demandantes, “ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa”. Por otro lado, la entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros no involucrados de forma directa en la disputa y activar “cláusulas contractuales adversas para YPF”. Con base en esto, el Gobierno destaca la importancia de mantener el statu quo a favor del interés público.
En relación con el caso “Bainbridge”, la Argentina argumentó que la transferencia de las acciones de YPF representaría una violación a la Ley N° 26.741. De acuerdo con el gobierno, “no existe jurisprudencia que avale” esta disputa legal, un aspecto que abre la chance de que un tribunal de apelación tenga un enfoque distinto.
Desde el punto de vista del gobierno, la demandante no alcanza a demostrar el perjuicio que supondría la suspensión del fallo. Por el contrario, este permitiría un litigio ordenado de distintas cuestiones legales; sobre todo, si se considera que hay otras vías para tratar el conflicto.
Antes de esto, el 1 de julio, el Gobierno presentó un documento ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de juicio hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.
El contexto del juicio por YPF
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.
El fallo benefició a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización. El reclamo se basa en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos. Pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
Desde el momento del fallo, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión. Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado.
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