La Libertad Avanza buscará este miércoles en el Senado darle dictamen al proyecto del Súper RIGI con dos cambios sustanciales, acordados con los bloques aliados, para destrabar la sanción de la iniciativa. La intención del Gobierno nacional es que llegue al recinto el 10 de septiembre.
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El Gobierno nacional deberá aceptar cambios en el Súper RIGI para lograr su aprobación en el Senado
El Gobierno nacional deberá modificar la letra del proyecto "Súper RIGI" en la Cámara de Senadores, tras los reclamos de bloques aliados.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, aceptó modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial, informó Noticias Argentinas.
Con esta decisión, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deberá regresar a ese cuerpo parlamentario, pese a que el Ejecutivo buscaba evitar este escenario e insistió hasta último momento en que la iniciativa fuera aprobada sin modificaciones.
El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de grandes compañías. El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud. El desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones.
Las reformas se debatirán, desde las 13, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente.
Cambios al proyecto del Gobierno nacional
Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales. El proyecto establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad. Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscripta a bienes producidos efectivamente en el país.
Durante la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se refiera exclusivamente a bienes producidos en la Argentina. “Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.
El otro punto que genera resistencia está vinculado con los denominados inversores “electrodependientes”. Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía —especialmente los centros de datos destinados a inteligencia artificial— desarrollen sus propios sistemas de generación para evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes.
Para las provincias, el interrogante es quién deberá financiar y sostener la infraestructura necesaria para abastecer a esas nuevas industrias. El Gobierno, en cambio, teme que imponer demasiadas condiciones termine restándole atractivo al régimen y desaliente precisamente las inversiones que busca captar.
Qué propone el Súper RIGI
El proyecto establece un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones. Entre sus principales beneficios contempla:
- Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, con amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
- Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
- Deducción de quebrantos sin límite temporal y una reducción progresiva de la carga sobre dividendos: 7%, con una baja al 3,5% después de cuatro años de adhesión.
- Exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.
- Disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.
De aprobarse con modificaciones en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán definir si aceptan los cambios introducidos.