4 de agosto de 2026
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Nuevo DNU

El Gobierno limitó el derecho a huelga a través de un decreto

El Ejecutivo amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales para limitar las protestas. Conocé qué rubros fueron incluidos.

Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", afirmó artículo 3 de la normativa publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Los detalles

La norma indica que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio del que se tratare".

Mientras que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".

El nuevo decreto del Gobierno amplió el listado de servicios considerados esenciales que, hasta ahora, sólo reconocía como tal a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

Actividades incluidas

A diferencia de lo que regía hasta ahora, la normativa incorporó actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones.

Se incluyeron como servicios esenciales:

  • Los sanitarios y hospitalarios,
  • El transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios,
  • Los servicios farmacéuticos,
  • La producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica.
  • Servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales,
  • Aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y demás servicios portuarios,
  • Servicios aduaneros y migratorios, y otros vinculados al comercio exterior,
  • El cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial,
  • El transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, junto a los servicios conexos y operaciones costa afuera.

La resolución, que forma parte de una serie de medidas de desregulación en el sector de la marina mercante, fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).

Uno de los primeros representantes del sector sindical que salió a repudiar la medida fue el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, quien lamentó que el Gobierno "intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral".

"Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir", agregó en su cuenta de X.

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