La sesión especial de Diputados llevada adelante este martes cerró con la aprobación de otros proyectos que incomodan al oficialismo, como ya había ocurrido más temprano con aquellos vinculados al escándalo “Criptogate”.
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El Congreso también le exigió a Milei la reactivación de la obra pública: el reclamo de un mendocino
En una jornada adversa para el oficialismo en Diputados, se aprobó un pedido de informes para conocer las obras en ejecución y las frenadas. Julio Cobos fue muy crítico.
En primera instancia -con 141 votos a favor, 64 en contra y una abstención-, se avaló un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública en todo el país.
A través del texto, se solicita la nómina completa de las obras en ejecución financiadas por el Gobierno nacional y se busca conocer el detalle de cuántos proyectos y obras fueron paralizadas, neutralizadas y suspendidas desde diciembre de 2023 a la actualidad.
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Asimismo, consulta cuántas de esas obras corresponden a universidades, escuelas, hospitales, viviendas e integración sociourbana de barrios. También las fechas de paralización; los motivos; y los porcentajes de avance que tenían (financiero y físico).
El pedido de informes al PEN reclama el detalle sobre las obras financiadas por organismos internacionales (BID, CAF, Banco Mundial, entre otros); las financiadas por el Tesoro Nacional; el detalle de las obras paralizadas de naturaleza mixta, gestionadas por Nación y las provincias; y la cantidad de empleos que se vieron afectados. También se pregunta al Gobierno cuáles son las prioridades y planificación sobre obras públicas futuras.
Cobos: “Lo que se tiene que terminar es la corrupción, no la obra pública”
El único de los diez mendocinos que pidió la palabra en la sesión fue el exgobernador Julio Cobos, quien solicitó que el secretario de obras públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, concurra a la Cámara para que dé explicaciones sobre las políticas en esta materia.
“Si uno está convencido de lo que está haciendo, tienen que venir y poner la cara, poner el pecho a las balas y defender la idea. Sabemos que el presidente ha dicho que la obra pública no existe más, imaginen si los gobernadores o los intendentes dijeran lo mismo. ¿Qué pasaría con las viviendas, con las obras cloacales, con las obras viales? Sería verdaderamente un absurdo”, analizó el legislador de la UCR.
Además, apuntó al mantenimiento que requieren las obras, para que la inversión no pierda valor y evitar -en el caso de las vinculadas a vialidad- accidentes que terminen con saldos fatales.
“No pido que el presidente desarrolle una teoría keynesiana porque sé que no la comparte, pero que haga lo mínimo conforme a los impuestos que recauda, impuestos a los combustibles que tiene que ir a Vialidad Nacional, el FONAVI que tiene que ir a Vivienda, y hacer las obras que tiene que hacer por su responsabilidad, si no está eludiendo o incumpliendo la misma”, aseveró Cobos.
Además, el diputado radical agregó que “en obras viales, todo por peaje no se puede. Chile, que es quizás el país de América Latina que más obras público-privadas ha hecho, no llega al 20% y con una inversión del Estado del 4,1% del PBI. Nosotros no hemos llegado al 0,6%”.
“El presidente Milei dice que la obra pública no genera empleo porque es un gasto. Una obra no solo genera empleo, si hacemos una escuela genera educación, si hacemos un hospital genera salud, si hacemos una vivienda genera calidad de vida. Además, sabemos que ha existido mucha corrupción en la obra pública, pero lo que hay que terminar es con la corrupción, no con las instituciones”, destacó.
Reclaman la emergencia en discapacidad
Por otra parte, se aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que trate un proyecto de ley que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad. La votación resultó con 125 votos positivos, 77 negativos y nueve abstenciones.
Se trata de una iniciativa cuyo autor es el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, donde el texto recibió el primer despacho. Luego fue avalado también en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
El proyecto plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y propone diversas medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo.
A su vez, contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.
Entre otros puntos, introduce ciertas modificaciones en la legislación vigente para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.