El Ministerio de Seguridad y Justicia presentó el proyecto de ley Antiaguantaderos, una iniciativa que busca intervenir inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas. La propuesta pretende recuperar esos espacios para los vecinos, reforzar la seguridad y establecer un procedimiento legal para actuar junto a los municipios.
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De qué trata el proyecto de ley de Seguridad para recuperar inmuebles tomados por el delito
La propuesta permitirá demoler o cerrar propiedades abandonadas utilizadas para actividades delictivas. Diputados busca dar media sanción.
La presentación estuvo encabezada por la ministra Mercedes Rus junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quienes destacaron que la propuesta busca convertir en política de Estado un mecanismo que ya comenzó a aplicarse mediante resoluciones administrativas y el trabajo conjunto con distintos municipios.
"La finalidad principal es proteger al vecino y recuperar los barrios para la comunidad, evitando que esos espacios sean utilizados por los delincuentes", afirmó Rus al explicar los alcances del proyecto.
Las intervenciones ya realizadas
Según detalló la ministra, durante el último año el Ministerio avanzó junto a distintos municipios en una serie de intervenciones preventivas sobre inmuebles abandonados que eran utilizados como escondites para delincuentes o para actividades ilegales, como la venta y el consumo de drogas.
Hasta el momento, el operativo permitió:
- 20 intervenciones administrativas preventivas;
- 13 demoliciones de inmuebles utilizados como "aguantaderos";
- Cerramientos y tapiados en otras propiedades abandonadas;
- Trabajos realizados en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú.
Rus sostuvo que estas acciones respondieron a reclamos históricos de los vecinos. "He estado en esos lugares y los vecinos nos decían que venían pidiendo estas soluciones desde hacía muchos años. Pudimos actuar rápidamente y coordinar con los municipios para recuperar esos espacios", expresó.
Además, explicó que luego de las intervenciones los municipios realizan tareas de limpieza y remediación para que esos terrenos dejen de representar un riesgo para la comunidad.
Cómo protege el proyecto la propiedad privada
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que, además de priorizar la seguridad pública, también contempla mecanismos para resguardar el derecho de los propietarios de los inmuebles intervenidos.
Rus explicó que antes de cualquier actuación administrativa se identifica al titular registral y se lo notifica formalmente. "Primero se verifica quién es el titular registral y luego se lo notifica. En todos los casos de demolición hemos logrado contactar a los propietarios, que terminan conformes porque evitamos usurpaciones y les devolvemos un inmueble remediado", indicó.
"También protegemos la propiedad del titular registral, porque evitamos que ese inmueble sea ocupado ilegalmente y luego deba afrontar largos procesos judiciales para recuperarlo", agregó. Respecto al costo de las intervenciones, Rus aclaró que la ley contempla la posibilidad de que los municipios trasladen esos gastos al propietario. Sin embargo, destacó que hasta ahora eso no ha ocurrido. "Hasta el momento han realizado las intervenciones sin trasladarle ese gasto", afirmó.
El tratamiento legislativo
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, confirmó que el proyecto comenzó su recorrido parlamentario y estimó que podría avanzar rápidamente. "Hoy le estaremos dando estado parlamentario y seguramente será enviado al trabajo en comisiones. Calculamos que en 15 a 20 días estaremos otorgándole media sanción para que luego pase al Senado", explicó.
Con este proyecto, el Ejecutivo provincial busca institucionalizar una herramienta que ya comenzó a utilizarse en distintos departamentos y que apunta a reducir focos de inseguridad mediante la recuperación de inmuebles abandonados, fortaleciendo la coordinación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y los municipios de la provincia.