Peritos de la Corte Suprema informaron el monto que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el resto de los condenados, tendrán que restituir.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina actualizó la cifra de dinero que deberá devolver Cristina Fernández de Kirchner y los otros ocho condenados en el causa Vialidad. El monto ascendió a los $684.990.350.139,86 y ahora los miembros del Tribunal deberán evaluarlo.
El Cuerpo de Peritos Contables de la Corte le enviaron al Tribunal Oral Federal 2 el número final que tendrán que restituir tras un informe realizado tras la publicación de la sentencia, donde se había fijado una devolución de $84.835.227.378, calculado en el año 2022.
La cifra actualizada corresponden a unos 537 millones de dólares al cambio de este viernes, y deberá ser restituida por desviar dinero en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular al empresario Lázaro Báez, en Santa Cruz.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de la defensa de la ex mandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, dejando sin efecto cualquier posibilidad de revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal.
El monto del decomiso se calculó en base a las obras públicas adjudicadas de manera irregular, las licitaciones direccionadas y los pagos anticipados a Austral Construcciones y otras empresas controladas por Báez, aún cuando estas presentaban irregularidades y, en muchos casos, abandonaron las obras sin finalizarlas.
Los peritos, con participación de profesionales del Ministerio Público Fiscal, utilizaron como base el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, de acuerdo con las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.
Según la condena, Cristina Fernández fue responsable de haber priorizado el interés particular por encima del resguardo de los bienes del Estado. Este decomiso había sido homologado previamente por la Cámara de Casación y representa el monto que la Justicia determinó como perjuicio directo contra la administración pública.
En el caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en Santa Cruz. El agravante es que el Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y la mitad de las rutas intervenidas quedaron abandonadas pese a que los contratos se pagaron.
Estos beneficios indebidos que recibió Báez, “cuya traducción en un monto dinerario determinado resultó imposible de medir”, expresaron los jueces, “no deben soslayarse, ya que su consideración resulta indispensable para comprender la extensión del daño causado”. Fuente: Infobae y Clarín.