Pagaron una caución de $150 millones y seguirán investigadas por la Justicia federal, que analiza su rol en la falta de controles sobre los laboratorios involucrados.
Las exfuncionarias recuperaron la libertad, pero siguen imputadas.
Las exfuncionarias de la ANMAT Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó recuperaron la libertad este viernes tras pagar una caución de $150 millones cada una, en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que ya dejó al menos 90 muertos en el país.
Según informa Clarín, ambas habían sido detenidas días atrás y quedaron excarceladas luego de cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Pese a la liberación, las dos exfuncionarias continúan imputadas en el expediente que investiga la producción y distribución de fentanilo en mal estado, administrado a pacientes internados en distintos centros de salud.
La causa apunta a determinar responsabilidades en un caso que, además de las muertes, dejó al menos 40 personas afectadas que lograron sobrevivir. Hasta el momento, ambas son las únicas exautoridades del Estado involucradas formalmente en el proceso judicial.
En paralelo, permanece detenido Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, señalado como fabricante del medicamento cuestionado.
La investigación también alcanza a directivos, técnicos y operarios vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, en un expediente que ya tenía alrededor de 15 personas procesadas o detenidas por su participación en la cadena de producción y comercialización.
Los imputados enfrentan cargos contemplados en los artículos 201 y 201 bis del Código Penal, que prevén penas de hasta 25 años de prisión en casos donde la comercialización de productos en mal estado provoque muertes.
La incorporación de las exfuncionarias al expediente se basa en la hipótesis de que existió una falla en los controles estatales que permitió que los lotes adulterados llegaran a las terapias intensivas.
De acuerdo con la investigación, tanto Bisio como Mantecón Fumadó tenían a su cargo la supervisión del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
Fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostienen que ambas conocían irregularidades previas en los laboratorios y, aun así, no adoptaron medidas para impedir la producción ni la circulación del fármaco.
Incluso, según consta en la causa, habrían recibido alertas sobre la peligrosidad del medicamento después de su elaboración, sin tomar acciones preventivas.
Entre las pruebas reunidas aparecen intercambios de mensajes entre las funcionarias y personal técnico, en los que se advertía sobre posibles riesgos sanitarios.
En uno de esos diálogos, se planteaba la necesidad de frenar la comercialización por incumplimientos en las normas de producción, mientras que también se mencionaba el impacto económico que implicaría retirar los productos del mercado.
Tras el pago de la caución, la Justicia impuso una serie de restricciones:
Ambas regresaron a sus domicilios —en Olivos y en la zona sur del conurbano bonaerense— mientras continúa la investigación.
Fuente: Clarín
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